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Reflexiones sobre el tamaño del sector público boliviano

14 Noviembre 2017Miguel Ángel Amonzabel Gonzales
MIGUEL ÁNGEL Amonzabel Gonzales

MIGUEL ÁNGEL Amonzabel Gonzales

La política y la economía son ciencias que han moldeado a las sociedades y han determinado el rol del Estado estableciendo cuáles son las atribuciones que debe tener el sector público. La doctrina liberal busca darle la mayor libertad económica al individuo, en tal sentido se necesita un Estado que cumpla las labores básicas y, por ende, un Estado más reducido. En el lado opuesto, el dogma socialista pretende la igualdad en la sociedad, para lo cual se necesita un Estado más grande, que preste más servicios y hasta participe en la producción de bienes.

Si se analiza la participación del sector público en diferentes países y su respectiva participación en la economía, se advierte que en los países escandinavos un enorme sector público ha tenido éxito. Por el otro lado existen naciones donde la participación del sector público es mínima y donde también sus modelos han funcionado; es el caso de los países asiáticos y otros como Alemania o Inglaterra. Las políticas económicas, el contexto del país, su idiosincrasia y cultura brindan las pautas del tamaño del sector público. El establecer un rol y un tamaño no debería estar supeditado a doctrinas políticas de grupos de poder político y económico; los gobiernos muchas veces no crecen para dar mejores servicios, sino más bien para poder acumular más poder.

La política económica boliviana, desde su nacimiento como Estado, se ha caracterizado por ser errática, es decir, no existió una política nacional concreta, que sea de largo plazo, aceptada y conocida por todos. El tamaño del Estado debería estar en función a políticas públicas de largo aliento y no fundamentarse en objetivos a corto plazo del gobierno de turno. A lo largo de la historia económica del país se han dado cambios abruptos, pasando del Estado-empresario (1952-1985) a un Estado más reducido (1989-2005) y volviendo a un Estado con una burocracia elevada (2006-hasta hoy), que es también partícipe de la producción de bienes y servicios.

Tener un gobierno tan activo, donde el sector público sea excesivamente ampuloso en cuanto a su tamaño, es un riesgo por dos motivos: para su funcionamiento necesita mayor erogación de recursos y, por otro lado, puede afectar al empresariado con restricciones innecesarias que justifiquen su existencia y/o participando en sectores productivos que perjudiquen el libre mercado. Como efectos colaterales, el crecimiento del Estado trae consigo algo negativo como la corrupción; el tener un menor control genera incentivos para aprovecharse del Estado; el poder económico del Estado hace que las empresas públicas que producen bienes y servicios generen monopolios; el sistema público no mide la idoneidad del trabajador contratado, le paga igual, mientras que el sector privado paga por lo que vale el empleado.

Por otro lado, tener un sector público insignificante incide en la poca generación de empleo, en el no cumplimiento de necesidades de la sociedad que nunca podrá cubrir el sector privado porque no le generan rendimiento económico, por ello que es necesario legislar las fallas de la economía de mercado. La coyuntura actual de quiebras por corrupción de empresas públicas, los proyectos costosos, demuestran lamentablemente la hipótesis de que el Estado es un mal administrador; las ideas de dar un mayor dinamismo económico son loables, pero el problema se dio en la ejecución de los proyectos y la administración de las empresas públicas.

Se pone en entredicho la ética del empleado público por las circunstancias en las que trabaja debido a que el periodo de desempeño de sus funciones está ligado a la permanencia en el poder del partido político de turno, lo que hace que, por un lado, intente obtener los mayores réditos económicos cediendo a la corrupción, se valga de relaciones para acceder a puestos a los que no está calificado, desempeñe sus funciones en el límite de la mediocridad.

En síntesis, no importa el tamaño del sector público sino medir cuán eficiente es, y se deben colocar claramente límites a sus actividades. Dice la máxima: “él que mucho abarca, poco aprieta”. El Estado solo debe enfocarse en aquello que el privado no puede o no tiene posibilidades de hacer bien, y donde puede generar igualdad.

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