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Gobierno anuncia reversión de más de 3.700 viviendas y beneficiarios señalan abusos

10 Abril 2018ANF
Gobierno anuncia reversión de más de 3.700 viviendas y beneficiarios señalan abusos

Gobierno anuncia reversión de más de 3.700 viviendas y beneficiarios señalan abusos

El Gobierno anunció la reversión de más de 3.700 viviendas sociales, supuestamente abandonadas o porque no cumplen la función para la cual fueron otorgadas. En contrapartida, beneficiarios presentaron denuncias en contra de la Agencia Estatal de Vivienda (Aevivienda) por presuntos abusos de poder y vulneración de derechos propietarios.

“Estamos aplicando la Ley 850 de reversión del beneficio de vivienda social, hemos relevado a más de 3.700 soluciones habitacionales en todo el país, verificando la condición de uso de las familias beneficiadas con proyectos del programa de vivienda social y solidaria. Estamos en buen tramo avanzado, tendremos unos datos más concretos para informarles en un par de semanas”, dijo el viceministro Javier Delgadillo.

Sin embargo, dijo que lo que falta es que el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y de Apoyo al Sector Productivo (Fondesif), que está a cargo del fideicomiso, es decir, el administrador de los fondos, reporte la cancelación de los contratos.

“En todo caso es para que esas viviendas que han sido identificadas como abandonadas o como mal usadas pasen a propiedad de la Agencia Estatal de Vivienda. Están en todo el país distribuidas”, dijo.

Por otra parte, los beneficiarios del Distrito 9 de Achocalla, del departamento de La Paz, denunciaron que el 25 de octubre de 2017 fueron notificados con una resolución de contrato en la que se añade una carta con el cite 0127/2017 del 5 de octubre emitida por la Aevivienda, sin dar la posibilidad a los vecinos de la Urbanización Amachuma de demostrar el uso social de las viviendas.

En una carta a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, los representantes de los afectados señalan que después de una evaluación exhaustiva fueron aprobados y admitidos para ser beneficiarios del Programa de Vivienda Social Solidaria del Viceministerio de Vivienda y urbanismo. Sin embargo, denuncian que el proyecto derivó en un proceso penal en contra de los representantes de la empresa ejecutora Jorge Antonio I. y Claudio L.Q. por cobros irregulares, mala calidad de la obra e incumplimiento en la entrega del proyecto habitacional. Los firmantes dicen que terminaron de construir con sus recursos. 

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