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TEMAS COMO FANCESA, EL CAMPO INCAHUASI O EL AEROPUERTO DE ALCANTARÍ EN CRITERIO DE LA POBLACIÓN

Encuesta: ¿A quién responsabiliza la gente de nuestros problemas?

25 Mayo 2017Sucre/CORREO DEL SUR
Encuesta: La gente aplaza manejo de sus instituciones

Encuesta: La gente aplaza manejo de sus instituciones

La Gobernación de Chuquisaca es la entidad que mayor responsabilidad tiene en la falta de solución de los principales problemas regionales, entre ellos el campo Incahuasi, la proyección de FANCESA o el estado del aeropuerto Alcantarí, según una encuesta elaborada por la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Pero no es la única, la población considera que tampoco la Alcaldía de Sucre, el Estado o el Comité Cívico colaboran en la resolución de nuestros principales anhelos y necesidades.

Consultada la población, sobre quiénes son los responsables de los principales problemas que aquejan en los últimos años al Departamento y a su capital, la Gobernación de Chuquisaca, como institución, encabeza esta apreciación ciudadana, seguida por la Alcaldía de Sucre, el Gobierno Central y el Comité Cívico.        

A fin de profundizar las repuestas de la población a la encuesta aplicada por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca en los cinco distritos urbanos de Sucre, se resumió la problemática citada en cinco temas específicos: el campo gasífero Incahuasi, el aeropuerto Alcantarí, la situación de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), la Terminal de Buses y la escasez de agua.

 

CAMPO INCAHUASI

El 9 de agosto del año 2016, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) presentó el informe oficial elaborado por la empresa canadiense GLJ Petroleum Consultants Ltd. que señala que el 100% del reservorio gasífero Incahuasi pertenece al departamento de Santa Cruz y que Chuquisaca no tiene ninguna participación.

La institucionalidad chuquisaqueña reaccionó indignada y la población apuntó sus dardos a las autoridades oficialistas por no haber hecho una defensa adecuada del tema, más aún cuando cinco días antes de la confirmación de YPFB, el gobernador cruceño Rubén Costas ya había hecho público este informe, el cual también era de conocimiento de la Gobernación de Chuquisaca.

Ante las críticas, el gobernador Esteban Urquizu, salió a aclarar que dicha institución había agotado recursos tras conocer sobre la problemática y anticipó que no se renunciaría a la propiedad del campo Incahuasi. Sin embargo, abanderó una tibia posición cuando el Comité Cívico llamó a movilizaciones y a un paro en el Departamento en contra del Gobierno. El asunto le costó el cargo al representante de Chuquisaca en el directorio de YPFB, Anatoly Flores, hombre de confianza de Urquizu,  a quien se responsabilizó de no alertar a la región.  

La Gobernación determinó la vía judicial e impulsar el trámite de delimitación territorial con Santa Cruz. El Gobierno rechazó la conciliación de límites en el sector en disputa. La administración de Urquizu anunció para este mes un recurso de inconstitucionalidad y como medida precautoria solicitará la suspensión del proceso de conciliación de límites con Santa Cruz que inició en 2016, porque no confía en la imparcialidad del Viceministerio de Autonomías a cargo del trámite.

El 43.07% de la población sucrense considera que la Gobernación es la principal responsable de los malos resultados obtenidos en cuanto al campo gasífero Incahuasi, le siguen en nivel de responsabilidad a las Alcaldías con el 19.31%, y el Gobierno Central con el 17.9%.

Es evidente que la población considera a sus autoridades políticas las principales responsables de los malos resultados en la lucha por los derechos del campo gasífero Incahuasi.

 

ALCANTARÍ

A decir de la encuesta, un 45.6% de la población sucrense considera que la Gobernación es la principal responsable de la calidad del aeropuerto de Alcantarí, seguida del Gobierno central con el 31.8%.

Los conflictos concernientes a Alcantarí son, para la población, de responsabilidad de los gobiernos central y departamental, así como del Comité Cívico chuquisaqueño.

Con una inversión de más de $us 50 millones, la noche del 23 de mayo de 2016 fue inaugurado oficialmente el aeropuerto de Alcantarí en medio de una gran fiesta. Las operaciones comerciales comenzaron ocho días antes con una serie de inconvenientes, un año después de la primera fiesta de apertura simbólica.

Tras los primeros seis meses de funcionamiento, la caída de las primeras lluvias desnudaron las serias deficiencias en su infraestructura. El 21 de septiembre del año pasado, un fuerte granizo en Yamparáez convirtió a la terminal aérea en una piscina, lo cual activó que la Gobernación insista a la empresa CONVISA, a través de su subcontratista HERESI, a realizar la impermeabilización de la cubierta.

Conforme pasaban los días, la lluvia castigó inclemente a dicha terminal. Murieron dos personas en las tareas de reparación y algunos pasajeros resultaron heridos por la saturación de agua en el edificio. La protesta generalizada de la población desató su ira contra la Gobernación, representante del Gobierno central en el Departamento.

Las autoridades de la Gobernación, que incluso después de la inauguración habían protagonizado la propaganda por la concreción de la obra, se lavaron las manos y dijeron que la obra era responsabilidad del Gobierno.  La presión social motivó una multa a la empresa Convisa y la determinación del cambio total de cubiertas por una de mayor espesor y un diseño antigranizo.

La falta de una adecuada supervisión por parte de la Gobernación, la falta de la gestión para completar el equipamiento de navegación y una serie de inconvenientes en el funcionamiento del nuevo aeropuerto le fueron atribuidas al Gobierno Departamental.

 

TERMINAL DE BUSES

La idea de dotar a Sucre de una nueva Terminal de Buses data de hace unos 11 años cuando la alcaldesa Aydée Nava planteó un estudio emplazado en la zona de Caza y Pesca (D-5). El exacerbado clima político que siguió a las posteriores gestiones ediles no profundizaron en la concreción de este proyecto, pero si terminaron enfrentando a los sectores urbanos 2, 3, 4 y 5, que reclamaban para sí la construcción de dicho proyecto en su jurisdicción.

Ese panorama no pudo ser sorteado por las gestiones de la interina Verónica Berrios (MAS) y de su sucesor Moisés Torres (ACH). Éste último quiso ir un poco más allá con su propuesta de construir varias terminales, una central y otras secundarias. Llegó incluso a inauguró obras en la ex laguna de Rumi Rumi, en medio de una tenaz oposición del gobernador Esteban Urquizu quien se inclinaba por la zona de Caza y Pesca (D-5). Urquizu presentó un estudio anterior actualizado para defender su posición.

El panorama electoral nuevamente entorpeció toda posibilidad de avance y la nueva gestión del alcalde Iván Arciénega (MAS) entró decidida a capitalizar la propuesta de Urquizu. Empero, nuevas protestas y un documento de compromiso electoral entre el MAS y el Distrito 3 para construir la infraestructura en esa zona ensombrecieron nuevamente este delicado tema. El tiempo sigue pasando y la Alcaldía no termina de completar el saneamiento y la transferencia de terreno a favor de la Gobernación, en Caza y Pesca, por este motivo la Gobernación decidió retirar el presupuesto destinado al estudio a diseño final y asignarlo a otros rubros. No hay certeza del inicio de este proyecto.   

Sobre la ubicación para la construcción de una nueva terminal de buses, que se adapte mejor a las necesidades de flujo de transporte interdepartamental y provincial, la población considera que la Alcaldía, con el 36.7%, es el principal responsable que a la fecha no se inicien las obras, seguida de la Gobernación y los distritos en pugna.

 

EL TEMA DEL AGUA

La constante falta de agua en las zonas altas de la ciudad y los cortes intempestivos del suministro son elementos importantes de la problemática urbana del municipio capitalino, los cuales, a decir de la encuesta, son atribuibles a la Empresa Local de Agua Potable y Alcantarillado (ELAPAS)

De acuerdo con la encuesta, el 35.33% de la población percibe que ELAPAS es la principal responsable, seguida de la Alcaldía con el 27.78% y la Gobernación como tercer responsable.

Se puede observar que la población considera que la escasez del líquido elemento se debe a la falta de eficacia de instituciones locales ELAPAS y la Alcaldía de Sucre y la Gobernación como institución departamental. También se menciona al Gobierno central entre las entidades responsables.

El problema de la escasez de agua tuvo su punto más crítico en septiembre del año pasado, cuando la población quedó alarmada debido, en principio, a un sifonamiento en el acueducto en el poblado de Ockoruro y, posteriormente, debido a la merma en el caudal del río Ravelo por la falta de lluvias. Fue una de las crisis más severas que generó duras críticas a las autoridades por la falta de previsión.

La caída de las lluvias en la cabecera del río Ravelo y otras precipitaciones restablecieron de a poco el suministro de agua por tubería a Sucre, sembrando un manto de dudas sobre las gestiones para la concreción de proyectos definitivos como el Sucre III, IV y el Cachimayu.

En diciembre de 2012 se firmó un acuerdo por el que Alemania se comprometió a otorgar un crédito a de 20 millones de euros a Bolivia. Desde entonces una serie de indecisiones y desencuentros políticos no permitieron avanzar en el estudio a diseño final, el cual se concretó recién el 6 de diciembre del año pasado. La firma GITEC Consult GMGH tiene a su cargo, desde enero de este año, el estudio Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) el proyecto de abastecimiento de agua potable Sucre III. El plazo de ejecución es de seis meses y el costo es de $us 4 millones. Se prevé que el estudio se concluya en agosto y la primera fase se licite inmediatamente esperando se inicien obras en 2018 y se concluya en 2022.

Esta fase costará 26,84 millones de euros, de los cuales la cooperación alemana otorgará 20 millones a  crédito que serán asumidos por el Gobierno, en un 50%, y el otro 50% por la Gobernación de Chuquisaca.

La segunda fase del proyecto, que aún no tiene financiamiento, consiste en la construcción de una presa en el río Ravelo, en el poblado de Tumpeka. La cooperación japonesa dejó de lado su intención de financiar con $us 10 millones esta fase; pero Alemania ofreció otorgar un nuevo crédito de $us 6,5 millones. Las gestiones siguen su curso.

En tanto, el proyecto Cachimayu cuyo costo está estimado en unos $us 60 millones continúa siendo actualizado en el Ministerio de Agua y no se descarta que el Gobierno informe sobre su avance en estos días de fiesta.

 

FANCESA

La Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA) se encuentra en medio de una guerra comercial por la cual en los últimos meses ha ido cediendo participación en su principal mercado, el de Santa Cruz, dada la irrupción de su competidor el cemento Camba, que este año inauguró operaciones en su nueva planta de Yacuses. Una serie de intereses sectoriales y un escenario político adverso generaron una cortina de humo que por muchos años impidió a FANCESA tomar la decisión técnica más oportuna para su expansión en su principal mercado. En un momento crucial de definiciones en la industria cementera, la competencia si tomó decisiones y ahora tiene la capacidad para librar una guerra de precios en Santa Cruz.

La inquietud por la construcción de una nueva línea de producción de FANCESA se conoció hace casi una década, en tanto que el proyecto para implementar el 30% de esa ampliación en el departamento de Santa Cruz data de hace más de tres años. La iniciativa que apostaba por llegar primero al mercado cruceño con el cemento de Sucre no tardó en ser rechazado por el Transporte Pesado que rechazó rotundamente el montaje de las dos últimas etapas del proceso productivo de cemento en su principal plaza.

A este sector se sumó militantemente el Movimiento Al Socialismo (MAS), a través de sus portavoces y sus representantes en el Directorio, este hecho terminó supeditando la materialización del proyecto a un acuerdo político con el Transporte Pesado en un año electoral, en 2014.

Sin una contrapropuesta técnica, el oficialismo y el Transporte Pesado argumentaron que se ponía en riesgo la economía regional por la generación de empleos y el efecto dinamizador que significaría instalar en Sucre la totalidad de la nueva planta productiva. Ese aspecto generó confusión en la población que asumió que se pretendía trasladar la fábrica a Santa Cruz en su integridad, cuando la propuesta de los técnicos de FANCESA explotaba las ventajas comparativas de tener una molienda y embolsadora en Santa Cruz, asumiendo una estrategia competitiva ante las inversiones que había anunciado la competencia.

El gobernador Esteban Urquizu, jefe de campaña departamental del presidente Evo Morales, abanderó el rechazo al visionario proyecto empresarial, secundado por el entonces presidente cívico, Milton Barón, y el dirigente del Transporte Pesado, Omar Aguilar. La Gobernación se opuso enfáticamente a dicho proyecto y Urquizu selló el acuerdo preelectoral con el Transporte. Tras las elecciones del 12 de octubre de 2014, Barón y Aguilar fueron elegidos senadores por el MAS.

Finalmente la licitación de la nueva planta de Fancesa se concretó a mediados del año pasado íntegramente en Sucre, Fl Smidth resultó la adjudicada. El adelantó del 10% ($us 6.8 millones) fue desembolsado recién a fines de 2016 con lo que inició oficialmente el plazo para su ejecución, se prevé concluya en 2019.

Tarde. Hace un par de meses, Itacamba inauguró su nueva planta en el departamento de Santa Cruz y comenzó a atiborrar el mercado cruceño, generando un abrupto descenso en las ventas de FANCESA en esa plaza y obligando a bajar el precio en Bs 2.

Ante el primer golpe lanzado por la competencia, FANCESA tuvo que retomar la propuesta inicial y ahora apuesta a la implementación de un molino modular y una embolsadora en Santa Cruz. La licitación se declaró desierta y se apura una puja abierta.

Un 25.4% de la población sucrense considera que la Gobernación es la principal responsable de la situación actual en FANCESA, seguida por el Transporte Pesado con el 22.4% y la Alcaldía de Sucre con el 16.3%.

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