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Escasez de agua

15 Diciembre 2017CORREO DEL SUR
ESCASEZ de agua

ESCASEZ de agua

EL DATO

La propuesta

El experto en auditoría ambiental e integral del agua, Augusto Prudencio, propone como alternativa de solución a la falta del líquido, revisar aspectos de la Ley del sector con observaciones puntuales sobre el consenso con las comunidades, para compartir y priorizar el uso del recurso en el consumo humano.

En la gestión 2017 la crisis del agua se ha hecho más evidente en varios municipios del país por diversas razones como la sequía, falta de previsión y problemas estructurales que han afectado a miles de familias.

La Paz, Sucre, Potosí, Cochabamba y Tupiza son algunas regiones que han sentido con más fuerza los problemas de desabastecimiento de agua, llegando inclusive a aplicarse medidas extremas de racionamiento y hasta cortes del servicio, pese a que el líquido es considerado un derecho humano en las leyes internacionales y en la propia Constitución Política del Estado.

El experto en auditoría ambiental e integral del agua, Augusto Prudencio, propone como alternativa de solución a la falta del líquido, revisar aspectos de la Ley del sector con observaciones puntuales sobre el consenso con las comunidades, para compartir y priorizar el uso del recurso en el consumo humano, y el reaprovechamiento del agua.

La Agenda del Bicentenario aplicada por el Gobierno establece que al año 2025 se debe llegar a una cobertura de agua potable del 100%; sin embargo, de acuerdo con el especialista, existe un desfase para cumplir con dicho objetivo, pese a que hay un compromiso ante instancias internacionales.

Prudencio apunta a problemas como la falta de ejecución de planes maestros y de estudios de preinversión, coherencia entre la demanda y la oferta del servicio, además de la falta de decisiones oportunas por parte de las instancias competentes. Menciona que son los municipios quienes en muchos casos no están suficientemente comprometidos con el tema.

“Debe haber una respuesta ante un crecimiento poblacional y el cambio climatológico, para no generar déficit del servicio de agua potable. Actuar oportunamente y destinar recursos suficientes para atender la demanda creciente”, manifiesta. Cita el caso de la represa Misicuni, en la que, pese a haberse ejecutado la obra, quedó pendiente la ampliación de la red para el suministro de agua por cañería.

Respecto a la revisión de la norma, menciona que hay municipios como Sucre, Tupiza, Potosí, y en su momento La Paz, que requirieron de hacer embalses de otras jurisdicciones.

La Paz durante la crisis de fines de 2016 e inicios de 2017 tuvo que hacer un embalse de la fuente proveniente de la comunidad de Hampaturi; Sucre, desde las comunidades de Ravelo en Potosí; pero, el caso más paradigmático se vivió en Potosí cuando la ciudad se quedó sin fuentes de agua debido a la actividad minera; en ese sentido Prudencio sostiene que la norma debe establecer el uso de las fuentes de agua priorizando el consumo humano.

“Es un derecho humano, cualquier embalse debe tener un porcentaje destinado al tema de consumo humano y el resto a otros fines como riego, minería y demás”, explica.

Además, plantea políticas de reutilización y de uso responsable del recurso, donde existe un vacío legal.

El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, asegura que el desabastecimiento en algunos municipios responde a razones diversas como la falta de lluvia, falta de coordinación con las comunidades, incluso hasta por la falta de previsiones, acciones oportunas y alertas tempranas por parte de personas responsables, como ocurrió en el caso de La Paz donde 100 barrios fueron afectados en noviembre de 2016.

Cochabamba, que reportaba problemas de desabastecimiento de agua potable desde hace varios años, se vio beneficiada en esta gestión con la entrega de la obra Misicuni; sin embargo, se presentaron problemas por la rotura de tuberías.

Otro caso es el de Tupiza, municipio de Potosí, donde además de problemas de abastecimiento, existe preocupación por la calidad del agua, debido a que la actividad minera contamina el líquido con metales pesados. Sus pobladores han protagonizado varias medidas de presión pero hasta el momento no asoma una solución.

La ciudad de Potosí también registró déficit de agua potable debido a que fuentes de agua dulce son destinadas al lavado de mineral en desmedro del consumo humano. Además, de no existir proyectos para el sector, según denuncia de las organizaciones de la ciudad.

La provisión de agua es un tema pendiente para el Gobierno nacional y los gobiernos subnacionales, porque aparentemente en algunas regiones pese a la necesidad humana se prioriza el líquido en actividades que generan valor agregado para particulares.

Según el portal web del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Bolivia desde el año 2012 ya ha sobrepasado la meta de acceso al agua potable.

De acuerdo con esa cartera de Estado, a partir de la gestión 2011 el Programa Mi Agua ha invertido en el país un total de Bs 2.814 millones, de los cuales Bs 782 millones, Bs 1.148 millones y Bs 885 millones, respectivamente, corresponden a Mi Agua I, Mi Agua II y Mi Agua III, desarrollados en 335 municipios con proyectos de agua potable y riego.

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