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Incahuasi el asunto pendiente

15 Diciembre 2017CORREO DEL SUR
Incahuasi

Incahuasi

Tras el recurso de acción popular que en marzo pasado fue declarado procedente instruyendo a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) un nuevo estudio de delimitación del campo Incahuasi y la ratificación de esta decisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), la presente gestión cierra con una deuda pendiente con Chuquisaca que tendría que cumplirse la próxima gestión. Sin embargo, 2018 se presenta como un año preelectoral en el que los cálculos políticos primarán a la hora de tomar alguna decisión que pueda contrariar a Santa Cruz.

El primer cuatrimestre del año estuvo marcado por un profundo sentimiento de reivindicación regional, una vez conocido el veredicto de la justicia ordinaria que observó la delimitación avalada por YPFB al no existir una ley de límites entre ambos departamentos. Pero así como el tema aglutinó a los chuquisaqueños, de la misma manera terminó diluyéndose con el transcurso de los meses ante la débil actitud de las autoridades políticas de confrontar al Gobierno y reclamar la copropiedad del campo Incahuasi.

De poco sirvieron las movilizaciones, la crítica generalizada contra la Gobernación y el Comité Cívico tampoco hizo mella más aún cuando se desnudaron las decisiones políticas del Movimiento Al Socialismo de frenar el conflicto en ciernes ante una eventual capitalización de un discurso contrario al Gobierno.

La Gobernación anunció en todo momento la necesidad de iniciar acciones legales en defensa del campo Incahuasi, aunque sus decisiones se hicieron esperar. Una acción popular reconducida por el juez que atendió el caso, le dio finalmente la razón a Chuquisaca, en marzo, cuando observó el estudio de la consultora GLJ, el cual otorgaba a Santa Cruz el 100% de la propiedad de Incahuasi. El argumento chuquisaqueño de que no existe una ley de delimitación definitiva entre ambos departamentos fue el sólido argumento para tal determinación que abrió la posibilidad de que dicha posición avalada por YPFB pueda ser revisada.

Ante el consabido rechazo de las autoridades cruceñas, el fallo judicial también implicaba un nuevo estudio de delimitación que YPFB debía cumplir en un plazo de un mes, aspecto que hasta fines de gestión aún está en la nebulosa. En noviembre, la Gobernación informó que la estatal petrolera, a la cabeza de su nuevo presidente Oscar Barriga, está dispuesta a elaborar un nuevo estudio en la próxima gestión, aunque aquello está ligado a la revisión del fallo a cargo del Tribunal Constitucional.

Para la Comisión Jurídica de Defensa del Campo Incahuasi, el asunto pasa por una voluntad política puesto que la decisión judicial de marzo implicaba la orden de ejecutar un nuevo estudio en lo inmediato independientemente del proceso de revisión en el TCP, que finalmente se conoció el pasado 13 de diciembre. La Gobernación confía en que este fallo le dará certidumbre a la aspiración regional y desechará las críticas que se cernieron en contra de esta institución por un supuesto abandono del tema.

EL FALLO DEL TCP

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió suspender el pago de regalías a Santa Cruz por el megacampo gasífero Incahuasi y dejar en custodia dichos recursos hasta que se realice un nuevo estudio técnico que determine si los reservorios de gas son compartidos o no conforme a la normativa vigente sobre los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.

A través de una sentencia constitucional, el TCP concedió la tutela (en todo) al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, disponiendo “efectuar un procedimiento de delimitación interdepartamental de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley de Delimitación de Unidades territoriales y su Reglamento contenido en el Decreto Supremo 1560 de 17 de abril de 2013”.

OTROS temas pendientes

DELIMITACIÓN. Ante la incertidumbre por los límites entre Santa Cruz y Chuquisaca, el año pasado la Gobernación planteó un proceso de delimitación con ese departamento, el cual fue aceptado por el Ministerio de Autonomías, ahora Viceministerio, sólo en un trayecto de 59 kilómetros y no en su totalidad, es decir, sin tocar la zona del campo Incahuasi ni del bloque Azero, actualmente en disputa. La Gobernación de Chuquisaca exigió que la conciliación incluya todo el límite entre ambos departamentos, que es de aproximadamente 530 kilómetros. Chuquisaca considera que el tema está estancado por voluntad del viceministro cruceño de Autonomías, Hugo Siles, por un supuesto favoritismo a su región.

AZERO. El conflicto por el bloque Azero comenzó a partir de una carpeta informativa de la petrolera Total, que ubicó el proyecto en el municipio cruceño de Lagunillas de Santa Cruz. La empresa planea perforar un pozo exploratorio en un área que Total consideró como cruceña, siendo ésta chuquisaqueña. El área pertenece a la Comunidad Intercultural Overa Ñancahuazú, que se encuentra en el municipio de Muyupampa, pero fue saneada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como cruceña. La empresa Total se basó en esa información del INRA para llevar adelante trabajos de exploración. El hecho desató la reacción de los cívicos del Chaco que encabezaron protestas y activaron sendas reuniones en Overa Ñancahuazú, hasta donde asitió la institucionalidad departamental y recibió las críticas de los lugareños.

AZERO. El conflicto por el bloque Azero comenzó a partir de una carpeta informativa de la petrolera Total, que ubicó el proyecto en el municipio cruceño de Lagunillas de Santa Cruz. La empresa planea perforar un pozo exploratorio en un área que Total consideró como cruceña, siendo ésta chuquisaqueña. El área pertenece a la Comunidad Intercultural Overa Ñancahuazú, que se encuentra en el municipio de Muyupampa, pero fue saneada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) como cruceña. La empresa Total se basó en esa información del INRA para llevar adelante trabajos de exploración. El hecho desató la reacción de los cívicos del Chaco que encabezaron protestas y activaron sendas reuniones en Overa Ñancahuazú, hasta donde asitió la institucionalidad departamental y recibió las críticas de los lugareños.

EL FONDO DEL ASUNTO

Un informe de la consultora GLJ Petroleum determinó que el 100% del campo gasífero Incahuasi se encuentra en Santa Cruz, estudio que fue validado por YPFB en agosto del año pasado. Chuquisaca observa dicho estudio argumentando que el artículo 4 del Reglamento de Campos Compartidos, establece que todo estudio de delimitación se debe realizar con datos oficiales y legales, sin embargo, la empresa canadiense realizó su informe con datos referenciales (no definitivos) que fueron proporcionados por YPFB.  

Germán Gutiérrez

“Nos fue mal”

Para el presidente de la Comisión Jurídica de Defensa del Campo Incahuasi, Germán Gutiérrez, la gestión 2018 no fue efectiva por factores externos e internos. Externos porque se evidenció una clara respuesta negativa del Gobierno al cumplimiento de las normas y las decisiones judiciales, en referencia al aval que recibió el estudio de Incahuasi pese a la inexistencia de una norma de delimitación territorial entre Chuquisaca y Santa Cruz y, por otra parte, no haber dado curso al fallo judicial que instruía un nuevo estudio.

En cuanto al flanco interno, Gutiérrez insiste en que la Gobernación no se identificó plenamente con la demanda chuquisaqueña. “La Gobernación ha sido negligente y prácticamente ha abandonado las pretensiones chuquisaqueñas, primero porque no hay un estudio (de delimitación), no se ha exigido el cumplimiento de una acción constitucional que planteó la misma Gobernación. Hemos dejado que Santa Cruz avance en la relación política con el Gobierno”, asegura al criticar que la Gobernación en manos del MAS no haya podido capitalizar su nexo político por encima de las acciones que emprendió la Gobernación cruceña en manos de la oposición.

El vocero de la comisión se muestra escéptico con el cumplimiento del fallo judicial aun si el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificara dicha sentencia. “El fallo de la acción popular era de cumplimiento inmediato y obligatorio, no debía esperar el fallo del TCP, sino tener un nuevo estudio sobre la delimitación. No ha sucedido y los plazos han sobrepasado, estamos a fin de año y no ha pasado nada”, enfatiza Gutiérrez.

Para 2018, la situación se torna tanto más difícil considerando que es un año preelectoral. “La pena es que entramos en proceso electoral, es posible que para ganar votos pueda darse una satisfacción a Chuquisaca por ejemplo con (la decisión del traslado de) la Gerencia de Ductos de YFFB que no afecta a Santa Cruz, pero con Incahuasi la lucha será grande y no sólo es eso sino el bloque Azero y las nuevas exploraciones”, añade al lamentar que la Gobernación continúe sin contar con una oficina de hidrocarburos con profesionales altamente especializados.

PASO A PASO

9 de marzo

El juez Público 4° de Familia, Wilfredo Núñez, constituido en Tribunal de Garantías, determinó que YPFB vulneró el derecho al debido proceso al proporcionar límites referenciales para el estudio que otorgó a Santa Cruz el 100% de la propiedad del campo Incahuasi, por lo que ordenó un nuevo estudio sobre la base de documentación oficial y actualizada, pero no suspendió el pago de regalías al departamento cruceño, que era otro pedido de Chuquisaca.

13 de marzo

En la línea cruceña de rechazo al fallo, el presidente Evo Morales lamentó que en Chuquisaca no quieran reconocer el informe técnico.

14 de marzo

Chuquisaca cumplió un paro cívico que fue acatado parcialmente en Sucre, al cual se sumaron Monteagudo, Muyupampa y Huacareta. Las autoridades oficialistas no respaldaron la movilización.

16 de marzo

Se reveló una entrevista en la que el diputado Basilio Velásquez (MAS) admitía que el tema Incahuasi debía ser congelado por instrucciones políticas superiores.

17 de marzo

El Gobernador Esteban Urquizu invitó a su homólogo cruceño, Rubén Costas, a discutir el tema limítrofe entre ambos departamentos.

18 de marzo

La Gobernación de Santa Cruz aceptó la invitación al diálogo pero no para debatir toda la línea divisoria (510 kilómetros), sino sólo las áreas que no comprometen al campo Incahuasi y al bloque Azero.

28 de marzo

Ante la posición tibia por parte de las autoridades políticas de la región, el portavoz de la Comisión Jurídica de Defensa del Campo Incahuasi, Germán Gutiérrez, por primera vez, instó a la Gobernación a exigir a YPFB el cumplimiento del fallo judicial; mientras legisladores opositores plantearon peticiones de informe a YPFB. La molestia también incluía el incumplimiento del traslado de la gerencia de redes y ductos de YPFB a Sucre.

29 de marzo

La Gobernación presentó como su nuevo asesor técnico y vocero de la Gobernación en el área de hidrocarburos al reconocido profesional Jorge Márquez, quien aplacó, por un tiempo las críticas en contra de esta institución. Márquez anunció que en tres meses entregaría un análisis de situación de cada uno de los prospectos y proyectos, desde Vuelta Grande hasta Incahuasi y Azero. Dicho informe nunca fue público, así como tampoco el rol de vocería.

4 de abril

Los cívicos del Chaco chuquisaqueño se desmarcaron de CODEINCA, acusándola de pasiva, y fueron por su cuenta a La Paz a buscar respuestas en torno a la problemática del campo Incahuasi, el bloque Azero y los límites.

5 de abril

Un paro parcial con el evidente desmarque de CODEINCA fue asumido por la COD en defensa del campo gasífero Incahuasi, el bloque Azero, la adquisición de la clínica Los Ángeles, la problemática del agua, el pedido de revocatorio del gobernador Esteban Urquizu y del alcalde Iván Arciénega, la renovación del directorio de CODEINCA, además de las demandas del magisterio urbano. Marchas y bloqueos se dejaron sentir en las dos jornadas de movilizaciones, las cuales fueron políticas para el Gobernador.

8 de mayo

Pasó un mes de la orden del juez y YPFB hizo caso omiso al nuevo estudio. La Gobernación anunció una querella pero no se concretó.

25 de mayo

En la efeméride departamental, el tema de Incahuasi reflotó pero sin ninguna respuesta concreta por parte del Gobierno ni de la Gobernación.

7 de junio

La Gobernación anunció que tenía listo el recurso abstracto de inconstitucionalidad contra la resolución suprema del 20 de noviembre de 1914, aplicada por el Viceministerio de Autonomías como marco normativo en el tema de límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.

21 de junio

El gobernador Esteban Urquizu ordenó dejar en suspenso las medidas legales anunciadas contra YPFB hasta que su nuevo presidente Óscar Barriga (posesionado el 15 de junio) se pronuncie sobre la problemática del campo Incahuasi.

26 de junio

La Comisión Jurídica del Comité de Defensa del Campo Gasífero Incahuasi denunció nuevamente que la Gobernación imprimía “ritmos muy lentos” en las acciones legales.

27 de junio

Buscando una nueva señal, la Gobernación designó como nuevo director de Chuquisaca ante YPFB, a Miguel Ángel Colque Pacheco, con el mandato de hacer un seguimiento a los temas pendientes de Incahuasi, Azero y la actualización del factor de distribución del campo Margarita-Huacaya. Colque asumió casi tres meses después de la renuncia del cuestionado Anatoly Flores, de quien la institucionalidad local demandó su destitución junto al director de Hidrocarburos de la Gobernación, Felipe Molina.

13 de septiembre

Seis meses después del dictamen judicial YPFB seguíA incumpliendo. Ante las nuevas críticas contra la Gobernación, la Asamblea Departamental solicitó al Ejecutivo departamental denunciar el incumplimiento del fallo judicial, al reiterar su declaratoria de emergencia.

27 de septiembre

Rompiendo un silencio de varios meses, el Gobernador dijo que aún se estudiaban las acciones legales para hacer cumplir el fallo y evitó dar mayores detalles de su gestión.

2 de octubre

El nuevo estudio de delimitación del campo Incahuasi iniciaría recién en 2018 para lo cual YPFB habría incluido este asunto en su Programa Anual de Contrataciones y Compras (PACC), anunció el secretario de Hidrocarburos, Felipe Molina, al asegurar que contaba con una nota formal de YPFB al respecto.

21 de noviembre

A menos de dos meses para el cierre del mandato de las autoridades del Tribunal Constitucional, la Gobernación pidió celeridad a los tribunos.

27 de noviembre

La Comisión Jurídica de Defensa del Campo Incahuasi denunció nuevamente que el asunto fue abandonado por la Gobernación y el Comité Cívico. Siete meses después de su planteamiento, YPFB respondió a la petición de informe solicitada por el diputado Oscar Urquizu. La documentación pasó a tutela de la Comisión para su análisis respectivo. La Gobernación contraacusó a la oposición por abandonar el tema, mientras el Comité Cívico no terminaba de organizarse tras haber sido desconocido por el Gobernador.

7 de diciembre

El Comité Cívico Provincial (CIDEPRO) acusó nuevamente al Gobernador de resistirse a informar sobre los avances en cuanto a gestiones limítrofes de Chuquisaca y la explotación del Campo Incahuasi.

13 de diciembre

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) decidió suspender el pago de regalías a Santa Cruz por el megacampo gasífero Incahuasi y dejar en custodia dichos recursos hasta que se realice un nuevo estudio técnico que determine si los reservorios de gas son compartidos o no conforme a la normativa vigente sobre los límites entre Chuquisaca y Santa Cruz.

 

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