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CONSTITUCIONALISTAS CALIFICAN COMO "ATENTADO" LA DECISIÓN DEL GOBIERNO

Advierten consecuencias por liberación de regalías

20 Mayo 2018Sucre/CORREO DEL SUR
TALLER. El abogado constitucionalista Edward Gareca conversa con los asistentes al taller.

TALLER. El abogado constitucionalista Edward Gareca conversa con los asistentes al taller.

DESEMBOLSO

El viernes, el Gobierno nacional depositó en las cuentas de la Gobernación de Santa Cruz Bs 162 millones correspondientes al pago de regalías del campo Incahuasi de diciembre de 2017 a abril de 2018.

El descongelamiento de las regalías del megacampo gasífero Incahuasi a favor de Santa Cruz sin una orden judicial, fue calificada por juristas en Sucre como "un atentado", "desobediencia" e "incumplimiento" a la resolución 1160/2017 emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que en noviembre pasado dispuso la custodia de los recursos provenientes de la explotación de dicho yacimiento hasta que YPFB elabore un nuevo estudio para determinar si el reservorio es compartido o no, pero a partir de límites oficiales.

"Desde la perspectiva jurídica mía no se ha hecho ese estudio, no existió el nuevo estudio que manda y establece la sentencia constitucional que ratifica una decisión del tribunal de garantías constitucionales, entonces no se habría cumplido con el supuesto principal para establecer el porcentaje de regalías que corresponde a cada departamento y en ese sentido no podrían haber tocado los fondos en custodia", observó el abogado constitucionalista Marco Baldivieso.

Indicó que la única forma para liberar esos fondos en custodia era aplicando la “resolución ilegal e inconstitucional” del Tribunal de Garantías de Santa Cruz que ni el Gobierno reconoció como válida.

En mayo, el juez de garantías, José Alberto Guzmán, ordenó el pago de las regalías por Incahuasi a favor de Santa Cruz, lo que motivó al Ministerio de Justicia a solicitar al Consejo de la Magistratura su destitución por la comisión de “faltas gravísimas”.

Sin embargo, el pasado viernes, YFPB desembolsó en la cuenta de la Gobernación de Santa Cruz Bs 162 millones correspondiente a las regalías del campo gasífero Incahuasi, que estuvieron congeladas desde noviembre de 2017.

Para Baldivieso, este hecho se constituye en "un claro atentado" a resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional y se encuadra en el delito de desobediencia e incumplimiento de resoluciones en acciones de defensa como la Acción de Amparo Constitucional presentada por Chuquisaca.

"Entonces desde mi perspectiva se han vulnerado no sólo sentencias constitucionales sino la ley y la propia Constitución Política del Estado al haber descongelado y entregado ya los fondos en custodia al departamento de Santa Cruz", resumió.

UN CONFLICTO IRRESUELTO

Edward Gareca, también jurista en materia constitucional, por su parte, afirmó que el conflicto por Incahuasi no está cerrado tal como asegura el Gobierno nacional.

“No es ninguna problemática que ya se hubiera cerrado tal como lo han manifestado en diferentes medios de prensa; en ese sentido se estuvieron dando ilegalidades y para mí una de ellas es el descongelamiento de las cuentas que no tiene una legalidad absoluta, no se aprobó ninguno de los dos puntos de la sentencia constitucional 1160, tenemos varios elementos para poder estudiar, analizar y presentar lo antes posible”, señaló.

Agregó que tras la Acción de Amparo Constitucional presentada por la Gobernación para anular la resolución ministerial 90/2018, en la que se basó la ley de delimitación interdepartamental, debe proseguir un recurso contra la cuestionada norma que da por concluido el proceso de conciliación de límites.

“Hay que pensar en atacar la ley misma que es la que tiene ya vigencia en nuestro sistema de derecho positivo y, para ello, está la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta”, subrayó.

También sugirió analizar otros elementos como el derecho colectivo. “El territorio es un derecho que todos tenemos la posibilidad de reclamarlo, es un derecho colectivo y ese derecho estaría también afectando con esta ley (de delimitación)”, dijo.

En ese sentido, añadió, sería pertinente considerar la Acción Popular para defender derechos subjetivos y derechos colectivos en cuanto al territorio que hubiese perdido Chuquisaca con la Ley 1054 de delimitación interdepartamental.

Taller aborda tema de Incahuasi desde lo histórico y legal

Con la exposición del investigador Juan José Bonifaz y el abogado constitucionalista Edward Gareca, ayer, se llevó a cabo un taller interinstitucional sobre el diferendo limítrofe y el campo Incahuasi.

El concejal de Sucre, Santiago Ticona, sostuvo que con esta iniciativa se pretende que el tema Incahuasi "sea más de carácter técnico" y evitar que el reclamo regional "se vaya durmiendo" como si hubiese terminado cuando la lucha recién está empezando.

"En esa línea se organizó este taller con diferentes instituciones, están los concejos distritales, parte del Comité Cívico, los universitarios y hemos invitado a dos expositores", sostuvo.

Juan José Bonifaz explicó la parte histórica del conflicto y el constitucionalista Edward Gareca expuso un criterio más técnico y legal del asunto.

"La lucha por Incahuasi no se tiene que apagar, viene la batalla legal donde tenemos bastantes profesionales entendidos en la materia y uno de los especialistas es el doctor Gareca", resaltó.

El evento se llevó a cabo en el salón de la Federación de Trabajadores Fabriles de Chuquisaca.

 

TALLER. El abogado constitucionalista Edward Gareca conversa con los asistentes al taller.TALLER. El abogado constitucionalista Edward Gareca conversa con los asistentes al taller.
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