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LA OBRA GRUESA SE ENCARECE UN 20%, PERO AUMENTA LA POSIBILIDAD DE SOBREVIVIR

¿Cuánto cuesta una edificación antisísmica? Sucre elabora ley

02 Septiembre 2018Raykha Flores Cossío
PREPARADOS. Personal municipal se capacitó en gestión de riesgos el viernes.

PREPARADOS. Personal municipal se capacitó en gestión de riesgos el viernes.

PRESUPUESTO

3 millones de bolivianos es el presupuesto con el que contará la Dirección de Gestión de Riesgos en 2019, Bs 1 millón más que este año, además de los recursos inscritos por cada subalcaldía y el apoyo de organizaciones no gubernamentales.

Sucre, ubicada en una falla geológica, tiene en su memoria lo que dejó el terremoto de 1948. Aunque nadie sabe cuándo, volverá a vivirlo porque los antecedentes dan cuenta de su repetición cada 50 años y ya han transcurrido 70. Sólo resta estar preparados. Ciudadanos compartirán esa responsabilidad con el aparato público si una ley antisísmica prospera: la obra gruesa se encarecerá en un 20% para garantizar una construcción resistente, pero multiplicará las posibilidades de sobrevivir.

Han estado trabajando en ello la Alcaldía en Sucre, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB) y la Universidad San Francisco Xavier.

El movimiento telúrico en Santa Cruz, de principio de semana, dejó preocupación al tratarse de una región impensada en el país para este tipo de eventos naturales, según admite el secretario de Infraestructura Pública de la Alcaldía, Jaime Daza. La Dirección de Riesgos ha avanzado durante todo este tiempo en capacitación, simulacros y alianzas que están camino a materializarse en convenios, pero no es suficiente.

El objetivo del Ejecutivo municipal y sus aliados es elaborar la norma en 90 días para su presentación ante el Concejo. De lograrlo, Sucre se constituiría en el primer municipio en contar con una norma antisísmica. Para Daza, se trata de una obligación porque en el país, Aiquile, Sucre, Totora y Mizque son los lugares más vulnerables a un sismo; por ello, a la Capital le toca ir a la vanguardia, a la espera de que el resto emule sus acciones, en el marco de la Ley de Autonomías, que permite a cada municipio trabajar por su cuenta estas normas.

La norma obligaría a las nuevas construcciones a respetar un diseño sismo-resistente y también serviría para evaluar las edificaciones actuales.

Una edificación antisísmica demanda columnas más robustas que consumen mayor cantidad de hormigón, cemento y fierro, lo que encarecería los costos de la obra gruesa en un 20%, de acuerdo con los datos del ingeniero Reynaldo Zambrana, que apoya como profesional independiente a la Secretaría de Obras Públicas. Sin embargo, recuerda que la obra gruesa representa solamente un 40% del total.

El presidente de la SIB, Gustavo Pereira, precisa que el incremento podría variar entre un 15, 20, 25 y 30 por ciento, según la zona, pero el propietario dormiría tranquilo.

En algunas zonas donde hay arena y terrenos sueltos, un eventual movimiento sísmico será más fuerte respecto a terrenos sólidos, con roca, acota.

Debido a las construcciones de adobe y embovedados antiguos, sin capacidad de resistencia, el centro histórico demanda un tratamiento especial. Según la SIB, la alternativa para los propietarios es contratar a un ingeniero estructural para realizar un reforzamiento.

El Secretario Municipal de Infraestructura Pública afirma que es necesario hacer una prospección sísmica, considerando la vulnerabilidad del Distrito 1, por supuesto, ello requiere recursos.

ACELERÓMETROS

A la aprobación de las normas, seguirá su aplicación. En esa línea, otra meta es instalar acelerómetros –junto con estaciones meteorológicas– en distintos puntos del municipio, con el respaldo de la ley recientemente aprobada en el Concejo que prioriza la implementación del Sistema Municipal de Alerta Temprana y el funcionamiento del Observatorio Municipal de Desastres.

Se trata de equipos que miden la intensidad del movimiento telúrico en distintas zonas y que arrojan los coeficientes para normar las construcciones.

La Dirección Municipal de Riesgos ha avanzado en la coordinación con el Observatorio San Calixto, que asesoró para la elaboración del Plan de Contingencia de Amenaza Sísmica; ahora el objetivo es consolidar un convenio y a partir de ello trabajar en los acelerómetros y estaciones meteorológicas.

También se necesita financiamiento. La SIB propone copiar a Perú. Su presidente, Gustavo Pereira, destaca que en un reciente viaje a Lima se informaron que los acelerómetros fueron adquiridos a partir de un convenio con la cooperación japonesa. Informaciones de ese país dan cuenta que los 43 distritos de Lima Metropolitana ya cuenta con esos equipos.

Los ingenieros proponen comprarlos para Sucre y colocarlos en diferentes zonas de la ciudad, escogidas de acuerdo con el tipo de suelo; calculan que entre unos 20 y 30 serían suficientes. Con esos datos, los profesionales podrán realizar cálculos estructurales para diseños antisísmicos, rigiéndose a la futura base normativa; por ello su importancia.

La SIB pide desde ahora conciencia en la población. La norma incrementará los costos de la obra gruesa, pero garantizará vidas, y para ello se necesita que todas las futuras construcciones la cumplan y las antiguas se adecúen.

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