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MADRID EXTIENDE PLAZO A CARLES PUIGDEMONT

Ultimátum final para el Presidente de Cataluña

17 Octubre 2017Madrid/dpa
DESAFÍO. El presidente catalán, Carles Puigdemont, durante un reciente acto público.

DESAFÍO. El presidente catalán, Carles Puigdemont, durante un reciente acto público.

CRISIS

Carles Puigdemont desató la peor crisis institucional de las últimas décadas en España al organizar el polémico referéndum soberanista del 1 de octubre. 

El Gobierno español fijó ayer un último plazo hasta el jueves al jefe del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, para que dé marcha atrás en su desafío independentista, vuelva a la legalidad y evite así que el Estado intervenga la autonomía de la región.

Puigdemont debía responder hasta ayer un requerimiento del Gobierno central para explicar si declaró o no la independencia de Cataluña la semana pasada. En su respuesta, sin embargo, eludió esa aclaración y se limitó a pedir a Mariano Rajoy dos meses de diálogo, lo que fue recibido en Madrid como un incumplimiento del primer ultimátum.

"El Gobierno lamenta que el presidente de la 'Generalitat' haya decidido no contestar al requerimiento", dijo la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría. "No era muy difícil decir sí o no. Era la pregunta que se le hacía".

El propio Rajoy respondió a Puigdemont en términos similares con una carta que apunta ya al jueves. "Espero que en las horas que quedan hasta que se cumpla el segundo plazo del requerimiento responda con la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", señaló el mandatario conservador del Partido Popular (PP).

Puigdemont anunció la independencia unilateral de Cataluña el martes pasado en el "Parlament" regional, pero la suspendió de inmediato para pedir diálogo con el Gobierno español, creando así una confusa situación tanto en Madrid como en Barcelona.

Al día siguiente, Rajoy fijó los dos plazos para aclarar lo ocurrido y advirtió que, si Puigdemont no lo hacía, el Gobierno activaría el artículo 155 de la Constitución, que permite "adoptar las medidas necesarias" para que el Estado fuerce a una región a cumplir sus obligaciones.

La medida, que Rajoy intenta evitar hasta último momento por su impacto político, sería inédita en 40 años de democracia española. En el caso de Cataluña, implicaría, por ejemplo, la intervención de autoridades puntuales con el objetivo de convocar elecciones anticipadas en la región.

Llegado el primer plazo, Puigdemont respondió con una carta que pide diálogo. "No dejemos que se deteriore más la situación", propone en tono conciliador. "Con buena voluntad, reconociendo el problema y mirándolo a la cara, estoy seguro de que podemos encontrar el camino a la solución".

La oferta fue desestimada por Sáenz de Santamaría, que instó a Puigdemont a debatir el tema en el Congreso de los Diputados. "Nadie le niega el diálogo, pero tiene que hacerse dentro de la ley, con máxima claridad y en el Congreso, donde está representada la mayoría de la ciudadanía", sostuvo. "El diálogo no se exige, se hace".

Ordenan prisión provisional para dos líderes secesionistas

La jornada estuvo marcada también por el envío a prisión provisional y sin fianza de los líderes de las entidades secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, por un presunto delito de sedición en relación con manifestaciones celebradas el 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

La jueza de la Audiencia Nacional que investiga los hechos llegó a esta decisión, que levantó fuertes críticas en el independentismo, tras tomar declaración por segunda vez a los responsables de las organizaciones que están detrás de las grandes marchas separatistas de los últimos años en Cataluña.

La Fiscalía había pedido para ambos prisión incondicional, la misma medida que solicitó por los mismos hechos para el jefe de la Policía regional de Cataluña, Josep Lluís Trapero, y para la intendente Teresa Laplana. Sin embargo, la magistrada dejó a estos últimos en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte.

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