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MIENTRAS SIGUE EN PIE LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO ESPAÑOL

Cataluña insistirá en su declaración de soberanía

24 Octubre 2017Barcelona/Madrid/dpa
INDEPENDENTISTAS. Carles Puigdemont (d); junto al vicepresidente Oriol Junqueras (i).

INDEPENDENTISTAS. Carles Puigdemont (d); junto al vicepresidente Oriol Junqueras (i).

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El Gobierno catalán abrió una crisis sin precedentes organizando un referéndum soberanista el 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español.

La crisis institucional más grave de las últimas décadas en España entró ayer en una semana decisiva que podría acabar con la declaración unilateral de independencia el jueves en Cataluña y la intervención de la autonomía de la región por parte del Estado central un día después.

Son los dos pasos extremos que Madrid y Barcelona intentaban evitar con la esperanza de encontrar una salida negociada a la crisis. Con todas las vías de diálogo cerradas, ambas partes avanzan ahora hacia el "choque de trenes" temido desde hace meses: un escenario de conflicto frontal con consecuencias imprevisibles.

La situación siguió su escalada cuando el "Parlament" catalán convocó un pleno extraordinario en el que podría declarar la independencia el jueves. La cita llegó un día antes de que el Senado español apruebe la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el que Madrid quiere relevar al Ejecutivo catalán, entre otras medidas, y frenar así su plan secesionista.

El presidente del "Govern" en Barcelona, Carles Puigdemont, había pedido convocar ese pleno horas después de que el Gobierno de Mariano Rajoy anunciara el sábado la intervención de la región, un paso inédito en 40 años de democracia.

"Las instituciones catalanas y el pueblo de Cataluña no podemos aceptar este ataque", criticó Puigdemont en un mensaje televisado. Aunque no aludió a una declaración de independencia unilateral (no aceptada por España) en el pleno, todas las fuerzas que lo apoyan piden dar ese paso como respuesta a la aplicación del artículo 155.

"Hay que plantear todas las iniciativas y acciones jurídicas necesarias para defenderse", coincidió el jefe parlamentario de la coalición gobernante Junts pel Sí, Lluís Corominas, sin dar más detalles: un secretismo habitual en el proceso soberanista para evitar que la Justicia frene de antemano medidas unilaterales.

El efecto concreto de la declaración de independencia sería limitado. No se espera que ningún país reconozca una "república catalana independiente". En cambio, podría costar caro a Puigdemont: el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, adelantó el fin de semana que prepara para ese caso una denuncia contra el "president" por rebelión, un delito penado con hasta 30 años de cárcel.

En otro hito de la semana, Puigdemont quiere al parecer ejercer su derecho de presentar alegaciones ante el Senado antes de que se apruebe el artículo 155, aunque por el momento no se fijó fecha para esa comparecencia. El Senado aclaró que debería ser el mismo jueves.

El Gobierno catalán abrió una crisis sin precedentes organizando un referéndum soberanista el 1 de octubre pese a que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español, que luego lo declaró nulo e ilegal.

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  • Cataluña, declaración, soberanía

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