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DEBE COMPARECER EN MADRID ANTE LOS TRIBUNALES

Puigdemont seguirá en Bélgica y pide garantías

01 Noviembre 2017Madrid/EFE
INFORME. El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont junto a sus principales colaboradores, ayer en Bruselas.

INFORME. El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont junto a sus principales colaboradores, ayer en Bruselas.

SUSPENSIÓN

El Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los "evidentes efectos jurídicos y vinculantes" de esa declaración.

La Justicia española citó ayer al ex presidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont, a 13 ex consejeros y a los miembros de la Mesa del Parlamento regional (su órgano de Gobierno) a declarar por los delitos de rebelión, sedición y malversación los días 2 y 3 de noviembre.

La jueza de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, dictó un auto en el que llama a apersonarse mañana, jueves, en Madrid a Puigdemont, quien está en Bruselas junto a cinco de sus ex consejeros, donde permanecerá hasta que tenga "garantías" de un "juicio justo".

Además de la citación para este jueves y viernes, la magistrada les dio un plazo de tres días para depositar una fianza de 6.207.450 euros, correspondientes con la cantidad que suman las tres partidas presupuestarias aprobadas para la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre y, posteriormente, suspendidas por el Tribunal Constitucional.

En su auto, Lamela explica que conforme al relato expuesto por el fiscal en su querella, los hechos investigados iban dirigidos a proclamar una república catalana independiente de España en una conducta encaminada o dirigida a romper la organización territorial del Estado.

La citación de la Audiencia Nacional llega el mismo día en el que el Tribunal Supremo llamó a declarar, a instancias de la Fiscalía, también el 1 y el 2 de noviembre, a los miembros de la Mesa del Parlamento regional catalán acusados igualmente de rebelión, sedición y malversación.

La Mesa permitió que el Parlamento regional debatiese y votase el viernes pasado sendas resoluciones para declarar un "Estado independiente en forma de república" e iniciar un proceso constituyente en Cataluña.

Todos los acusados pertenecen a la coalición gubernamental Junts pel Sí (JxSí) -formada por independentistas de centroderecha y por republicanos de izquierda- y un miembro del grupo CSQP (izquierda).

El Ministerio Público considera que dieron una "falsa apariencia de legalidad" al proceso independentista y tramitaron leyes como la ya anulada del referéndum, que "sólo podía celebrarse por la fuerza de la muchedumbre movilizada".

Además, el Tribunal Constitucional español suspendió cautelarmente la declaración de independencia de Cataluña al aceptar tramitar un recurso de impugnación presentado por el Ejecutivo español, que advierte de los "evidentes efectos jurídicos y vinculantes" de esa declaración secesionista.

Todo esto en una jornada en la que el foco de atención estuvo en Bruselas, donde el ex presidente regional catalán compareció en una rueda de prensa, en la que no aclaró cuál será su futuro inmediato, aunque sí subrayó que no va a pedir auxilio en Bélgica y que sólo volverá a España cuando tenga "garantías" de un "juicio justo".

"Nos quieren meter en prisión 30 años (...) Esto va a acabar con la idea de Europa y es un error enorme que todos vamos a pagar muy caro", alegó Puigdemont, quien auguró que "al pueblo de Cataluña le queda un largo viaje por recorrer por delante".

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