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Conflictos limítrofes, asignatura siempre pendiente

07 Abril 2016Editorial

Una vez más, tal como viene ocurriendo recurrentemente durante los últimos años en diferentes puntos de nuestro departamento, pero también en todo el país, la falta de precisión en los límites entre municipios en unos casos, entre departamentos en otros, e incluso entre barrios, ha desencadenado violentos enfrentamientos entre personas dispuestas a morir y matar en defensa de “su territorio”.

Los conflictos, incluso, en algunas poblaciones del área rural, suelen ser acicateados por autoridades y llegan a peligrosos extremos de violencia, mientras que otros que parecen entrar a una pausa, se reactivan con alarmante regularidad y desactivan cíclicamente desde hace varios años, las más de las veces por los más nimios conflictos de intereses particulares.

Los factores que actúan como detonantes del conflicto suelen ser de lo más variados y a primera vista puede parecer inconcebible que deriven en enfrentamientos cuyos costos en más de una ocasión han llegado a medirse en términos de vidas humanas. Sin embargo, si se indaga más allá de las apariencias, se podrá constatar que lo que hay tras esos diferendos limítrofes es un problema cuya complejidad es mucho mayor. Es un asunto pendiente que afecta de un modo u otro a más de 300 municipios que en diferentes puntos del país mantienen latentes conflictos derivados de la indefinición de límites entre municipios, provincias y departamentos.

Hace algo más de tres años, cuando en enero de 2013 se promulgó la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales, fue mucha la esperanza que se puso en la posibilidad de que ese instrumento legal haría posible la solución de los conflictos limítrofes de todo el país, o por lo menos de los más urgentes. Lamentablemente, como los hechos lo confirman, los resultados no son tan buenos como se esperaba. Y aunque ha habido algunas experiencias exitosas de solución pacífica, no es menos cierto que son demasiados los casos, como el que ahora comentamos, en los que la Ley 339 no ha sido de mucha utilidad.

Uno de los mayores obstáculos que no ha podido ser superado a pesar de la claridad con que la Ley de Delimitación distribuye deberes, derechos y responsabilidades, es la injerencia de instituciones como los comités cívicos, organizaciones sociales, asambleístas y autoridades municipales y departamentales que se empecinan en hacer del tema una palestra para ganar popularidad entre sus coterráneos. Así, la exacerbación de sentimientos y resentimientos localistas se constituye en el principal obstáculo para la serena, sensata y racional búsqueda de acuerdos entre las poblaciones directamente involucradas.

Antes de que los conflictos empiecen a multiplicarse, sólo cabe esperar que las autoridades responsables del asunto reconozcan la real magnitud del problema y no se conformen, como hasta ahora, con fórmulas dilatorias.

Tres años ya han pasado desde la promulgación de la Ley 339 de Delimitación de Unidades Territoriales y todavía la autoridad estatal no ha logrado imponerse sobre intereses particulares que acicatean los conflictos

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