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El “delito” de ser militante

16 Abril 2016Editorial

Las deudas que el Movimiento al Socialismo (MAS) tiene con la sociedad aumentan a medida en que su discurso político se va agotando en el ejercicio ininterrumpido, frívolo y hegemónico del poder, y es suplido casi exclusivamente por su interés de seguir reproduciéndose en él.

En las últimas semanas nos hemos referido en algunas oportunidades a este tema a propósito, por un lado, de la falta de compromiso moral y político con la democracia, al no aceptar de manera clara su derrota en el referéndum del pasado 21 de febrero y la manipulación de las organizaciones afines a ese partido para desconocer la resolución de la mayoría absoluta de la ciudadanía. Por otro, a la forma en que desde el oficialismo se procesa el caso de las denuncias de presunto tráfico de influencias para la adjudicación de obras por un monto de alrededor de 550 millones de dólares a una empresa china, en la que trabajaba, como ejecutiva, una ex enamorada del Primer Mandatario con la que, además, tuvo un hijo.

En ese contexto se ha encarado la tarea de elaborar las convocatorias para Defensor del Pueblo y Contralor General del Estado. Uno de los disensos importantes entre las bancadas del oficialismo y las de la oposición en esta labor ha sido la de habilitar o no la postulación de ciudadanos que son militantes políticos (lo que viola disposiciones constitucionales). El oficialismo logró mantener abierta esa posibilidad en el primer caso, pero no en el segundo, porque, sin duda, hay un generalizado rechazo de la población a confiar dichas responsabilidades, dada la experiencia, a gente con militancia.

Se trata de una comprensible actitud que nace de la frustración porque el MAS no ha logrado –pese a sus ofertas programáticas– revertir esa visión negativa del militante partidario, cuando esa cualidad, más bien, debería ser un acicate al mejor servicio al bien común. Los militantes convertidos en administradores del Estado han dado muestras de intolerables sectarismo, secretismo en la toma de decisiones, incapacidad y una indigna sumisión a los dictámenes de sus jefes políticos, a lo que se debe agregar la creciente corrupción, haciendo que lo del servicio al bien común sólo sea retórica.

Por ello es que se mantiene la percepción generalizada de que la cualidad de “militante” es un obstáculo para optar por algún puesto de importancia en la administración estatal, pues se presume que en el cumplimiento de sus labores primará, por sobre todo, la militancia sectaria y no su compromiso de servicio a la sociedad, compromiso que, por lo demás, tiene remuneración salarial, garantías constitucionales para ejercer sin presiones sus responsabilidades y la oportunidad de que procediendo de esa manera no sólo cumple las normas sino que resguarda su honra y prestigio profesional.

Por esa generalizada carencia (siempre hay excepciones) es que ser militante es aún un impedimento para el ejercicio de funciones importantes en la administración del Estado.

Hay un generalizado rechazo de la población a confiar ciertas responsabilidades a gente con militancia. Se trata de una comprensible actitud, porque el MAS no ha logrado revertir esa visión negativa del militante partidario

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