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Otra oportunidad perdida

14 Junio 2016Editorial

La forma en que se ha desarrollado la Cumbre de Justicia ha provocado una generalizada frustración, pues, pese a algunas advertencias, se consideraba que la profunda crisis del sistema judicial sensibilizaría a las autoridades del gobierno y los líderes del MAS, que darían vía libre a su reforma en función del bien común.

Vana esperanza. Como concuerdan muchos sectores, particularmente el Colegio de Abogados de Bolivia y los colegios departamentales y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), el principal interés de las autoridades gubernamentales habría sido aprovechar esta cumbre para impulsar una reforma de la Constitución Política del Estado (CPE) no tanto para modificar los artículos relacionados con la administración de justicia, sino para viabilizar una repostulación de los actuales mandatarios, propuesta rechazada en el referéndum de febrero pasado.

Estas denuncias, a las que se suma el amplio abanico opositor, se sustentan en que las resoluciones aprobadas en la Cumbre no tienen trascendencia alguna –así sea que varias son importantes–, expresan una mentalidad autoritaria de la justicia, una visión retrógrada centrada en satisfacer sentimientos atávicos de venganza más que de justicia y no abordan dos aspectos fundamentales como son la independencia del Órgano Judicial y la dotación de un presupuesto suficiente. Más bien, muchas de las resoluciones abren más espacio al control político bajo la máscara de erradicar la corrupción.

Asimismo, pareciera que entre los participantes (que fueron fundamentalmente militantes o adherentes del MAS) que aprobaron las resoluciones que el Órgano Ejecutivo se encargó de sistematizar y, posteriormente, difundir, hubo un desconocimiento preocupante de la CPE, pues muchas violan varios de sus preceptos, prima en ellos una visión autoritaria de la sociedad y una obsoleta concepción ideológica de la administración de justicia, subordinándola a los dictámenes del Órgano Ejecutivo.

Obviamente, quienes están detrás de esas posiciones no quieren comprender –o aceptar– que un requisito básico para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos es el buen funcionamiento de la administración de justicia, inferencia que, a su vez, sería consecuencia de que nuevamente se han impuesto dentro del gobierno y el MAS las corrientes radicales autoritarias, para las cuales el sistema judicial no es más que un instrumento a su servicio tanto con fines de interés económico como de represión política como ahora está sucediendo.

Lo señalado también da cuenta de que en esta larga gestión gubernamental una vez más se desaprovecha una oportunidad para reformar la administración de justicia y ponerla al servicio del bien común. La primera fue en el debate en la Asamblea Constituyente sobre el tema, en el que también primaron intereses sectarios del MAS y sus aliados; la segunda, en la elección de las nuevas autoridades del Órgano Judicial cuando el voto popular rechazó a los postulantes y a la forma en que fueron seleccionados por el Gobierno y el MAS.

Pero, se lo hace a un costo muy elevado que, al parecer, sus autores intelectuales y materiales no perciben: la pérdida sistemática de la confianza ciudadana en el Gobierno, requisito básico para la buena gobernanza y el desarrollo.

Quienes están detrás de esas posiciones no quieren comprender –o aceptar– que un requisito básico para la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos es el buen funcionamiento de la administración de justicia

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