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La COB y el fin de un ciclo

22 Junio 2016Editorial

A la ya larga serie de hechos que desde hace algún tiempo dan cuenta de importantes cambios que están produciéndose en el escenario económico, político y social de nuestro país, se ha sumado la decisión de la Central Obrera Boliviana de iniciar una ofensiva de protestas antigubernamentales.

En efecto, el paro del pasado lunes y el anuncio de convocar a uno de 48 horas a partir de mañana si el Gobierno no atiende sus exigencias, da un giro muy significativo a lo que hasta hace poco fue uno de los principales rasgos característicos de los primeros diez años del gobierno de Evo Morales y el Movimiento al Socialismo. Nos referimos, claro está, a la alianza entre quienes tienen en sus manos la administración del Estado y los “movimientos sociales”, cuya máxima expresión histórica fue y sigue siendo la COB.

A juzgar por las movilizaciones de los últimos días y las que se anuncian para los próximos, por la dureza de las consignas y los estribillos coreados contra el Gobierno, y la notoria pérdida de autoridad de los dirigentes sindicales más afines, si no está ya rota esa alianza, ha quedado por lo menos muy resquebrajada y no hay motivos para suponer que pueda revertirse en el futuro inmediato la tendencia hacia el distanciamiento.

La principal razón que explica tal situación y permite prever mayores tensiones entre el Gobierno y la COB es el debilitamiento de la economía nacional, lo que obliga a las autoridades del área a actuar con máximo rigor para evitar que el país se encamine por un rumbo similar al de Venezuela. Para ello es imprescindible aplicar fórmulas de austeridad, como evitar que las empresas estatales deficitarias, como Enatex, entre muchas otras, terminen absorbiendo los cada vez más escasos recursos disponibles.

Hasta ahora, la administración de Evo Morales ha actuado en ese campo con relativa responsabilidad. Y si bien es cierto que en el pasado cometió gravísimos errores, como la creación de Enatex y muchas otras empresas estatales condenadas a correr la misma suerte, no es menos cierto que ha dado muestras de arrepentimiento y se ha propuesto enmendar sus desaciertos. La firmeza con que actúa en este caso, aún a pesar de lo alto que es el costo político que tendrá que pagar, así lo confirma.

Esa muestra de racionalidad económica, sin embargo, resulta contrarrestada, desacreditada y deslegitimada por su falta de correspondencia con otras medidas gubernamentales que quitan verosimilitud a los argumentos con los que se pretende justificar la austeridad y el manejo cauteloso de los recursos públicos. Un ejemplo de ello es la persistente inclinación al derroche, lo que se manifiesta en el gasto de millonarias sumas en la ejecución de obras de muy dudosa necesidad pública y en la manera flagrante con que se cometen y encubren actos de corrupción.

En ese contexto, todo parece indicar que tras la bonanza económica tiende a terminarse también la estabilidad política y social. Tendencia que sólo podrá ser afrontada con alguna posibilidad de éxito si el Gobierno asume con humildad sus propias limitaciones, reconoce las dificultades que se avecinan y toma las medidas necesarias para adecuarse a las nuevas circunstancias.

Todo parece indicar que tras la bonanza económica tiende a terminarse también la estabilidad política y social, lo que obliga al Gobierno a asumir sus propias limitaciones y a adecuarse a las nuevas circunstancias

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