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Error de forma y fondo

27 Julio 2016Editorial

Uno de los sectores identificados como adversario por las autoridades de Gobierno son las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones sin fines de lucro que desde la década de los 70 actúan en el país y lo hacen, en general, a través de proyectos de desarrollo económico, asistencia en áreas de educación y salud, promoción cultural y de derechos y obligaciones ciudadanos, capacitación de líderes de base, promoción de la mujeres y sus derechos, comunicaciones y una serie de áreas de las que el Estado ha estado literalmente ausente.

De hecho, un importante porcentaje de la actual élite gobernante proviene de ese mundo, en el que han trabajado o se han formado, en directa relación con la población económicamente más vulnerable y excluida de la vida nacional. Particularmente en el mundo campesino e indígena, su creciente participación en la vida del país tiene en las ONG uno de sus pilares principales.

De ahí que estas entidades han sido cuestionadas por los sucesivos gobiernos que dirigieron los destinos del país. Además, por su propia experiencia con el Estado, en ese mundo se generó una conciencia “a estatal” muy profunda, que probablemente sólo a partir de la Ley de Participación Popular comenzó a cambiar y que, con el advenimiento del actual gobierno, en 2006, pudo haberse consolidado.

Sin embargo, la idea de sentirse fiel expresión “del pueblo”, ha hecho que las autoridades no permitan disidencia ni crítica alguna, provocando el alejamiento de estas instituciones del Gobierno y del MAS.

Ese distanciamiento fue respondido, desde el Ejecutivo, con un par de normas dirigidas a obstaculizar y limitar las actividades de las ONG. No sólo que éstas han permitido que la burocracia establezca contradictorios procesos de reconocimiento y obtención de reconocimiento de personerías jurídicas al punto que, en muchos casos, sus responsables han desistido de continuarlos, sino que han incluido artículos, tanto en la Ley No. 351 de 19 de marzo de 2013, de Otorgación de Personalidades Jurídicas y el DS No. 1597 que lo reglamenta, que otorgan al Estado atribuciones para ejercer un control censor.

Por esa razón, la Defensoría del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una demanda de inconstitucionalidad de aquéllos, la misma que fue declarada improcedente sin que se haya compulsado los argumentos de las partes ni notificando a la entidad demandante, forma de actuar severamente criticada por su ex titular. Sin embargo, y para peor, su sucesor ha rechazado esas críticas (criticando a su vez una presunta falta de seguimiento de la anterior gestión) y justificando la sentencia constitucional. Así, las normas mencionadas se mantienen como una espada de Damocles sobre estas entidades.

Obviamente, los más perjudicados serán los grupos sociales a los que las ONG apoyan ante, hay que insistir, la ausencia del Estado.

Se trata, sin duda, de un tema en el que, desde el enfoque que se le dé –salvo el de la visión ideológico-sectaria– contiene errores de fondo y de forma, pues, en definitiva, responde a una visión autoritaria del ejercicio del poder en el país.

Se trata, sin duda, de un tema en el que, desde el enfoque que se le dé –salvo el de la visión ideológico-sectaria– contiene errores de fondo y de forma, pues, en definitiva, responde a una visión autoritaria del ejercicio del poder en el país

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