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Bolivia y el maíz transgénico

03 Agosto 2016Editorial

La finalización del mes de julio sin que se haya atenuado la peor sequía de las últimas décadas, ha elevado a su nivel máximo las señales de alerta y ha obligado a los principales representantes del sector público y del privado a adoptar medidas de emergencia, la más inmediata de las cuales sería la masiva importación de alimentos.

Sin embargo, y más allá de las obvias urgencias impuestas por las circunstancias, entre empresarios del sector agrícola, como entre personas especializadas en el estudio del tema, es unánime la convicción de que la actual sequía y la consiguiente crisis no es más que la manifestación más externa e inmediata de un problema mucho mayor, por lo que es necesario evitar que la atención y los esfuerzos se limiten a la adopción de medidas de emergencia, perdiendo de vista los factores estructurales que son en última instancia los que provocan la fragilidad del sector agropecuario nacional.

Los empresarios del sector ya han identificado los factores más contraproducentes de la política agrícola adoptada por el actual Gobierno. Destacan entre ellos los controles de precios, las prohibiciones o restricciones para la exportación, la falta de infraestructura para riego, la inseguridad jurídica, entre otros. Y ponen especial énfasis en las barreras que les impiden recurrir a semillas genéticamente modificadas, las que les permitirían competir en igualdad de condiciones con los países vecinos y afrontar con mayores posibilidades de éxito las adversidades ocasionadas por la sequía y sus efectos colaterales, como la proliferación de plagas.

Las polémicas a las que se presta el tema no son nuevas ni exclusivas de Bolivia, pero tienen en nuestro país algunos rasgos muy peculiares. El principal de ellos es que la legislación vigente sobre la materia es tan confusa y contradictoria que las autoridades encargadas de tomar decisiones están sumidas en un limbo legal y conceptual que dificulta su labor mucho más de lo que de por sí es.

Un elocuente ejemplo de lo dicho la ha dado durante los últimos días el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico, la máxima autoridad del sector, quien ha reconocido lo difícil que es para el gobierno afrontar tan controversial asunto. “En el tema maíz estamos complicados porque la Constitución Política del Estado establece que si somos país productor originario no podemos propiciar”, ha dicho, dando a entender que se refiere sólo a la producción pero no a la importación. Esta frase con lo concisa que es resume la confusión y la parálisis a la que conduce la falta de una política oficial sobre el asunto.

Cocarico no es el único que tiene esas dificultades pues el texto constitucional sobre el tema parece haber sido redactado con el expreso propósito de provocar confusión, lo que lleva a extremos, como el actual, cuando se da luz verde para la producción de soya, trigo, sorgo y otros cultivos transgénicos, menos maíz, mientras se abren nuestras fronteras para la importación de grandes volúmenes de maíz transgénico.

Es obvio que tan absurda situación resulta insostenible y sólo sirve para elevar estas contradicciones a la categoría de política de Estado. Lo que corresponde pues es dejar de eludir el tema y ponerlo en el lugar privilegiado de la agenda pública nacional que le corresponde.

El texto constitucional sobre el tema parece haber sido redactado con el expreso propósito de provocar confusión, lo que lleva a extremos, como el actual, cuando se prohíbe producir pero se permite importar maíz transgénico

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