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¿Empresas públicas o Pacto Fiscal?

24 Agosto 2016Editorial

Entre los muchos argumentos a los que el Gobierno central y sus voceros –tanto los oficiales como los oficiosos– han recurrido durante los últimos días en su afán de deslegitimar los reclamos de muchos gobiernos municipales y departamentales con motivo de la manera arbitraria como se distribuyen los recursos económicos de nuestro país en desmedro de los gobiernos subnacionales y en beneficio del central, hay uno que merece especial atención. Nos referimos al que reprocha a los gobiernos departamentales y municipales por no haber invertido en la creación de empresas públicas.

Según ese razonamiento, el estado de insolvencia al que están condenados los gobiernos subnacionales se debe a que no han sido capaces de generar sus propios recursos económicos algo que podían haber hecho mediante la creación de nuevos impuestos y la creación de empresas públicas departamentales y municipales. En contraste, la abundancia de dinero con que cuenta el Gobierno central se debería a los excedentes generados por empresas públicas nacionales.

No es difícil constatar que ese argumento es insostenible. Basta hacer una evaluación del estado actual de las empresas públicas para constatar que lejos de ser una fuente de abundancia y prosperidad son, en la mayor parte de los casos, una carga pesada para el erario nacional. Y si hay alguna excepción es debido a circunstancias muy ajenas a la buena planificación y gestión.

Los ejemplos que confirman lo dicho son muchos, pero entre ellos se destacan los casos de la Empresa Pública Nacional Textil (ENATEX) –cuya quiebra tanto tardó en reconocer y asumir el Gobierno– y la Empresa Minera Huanuni, dos de las principales empresas creadas y administradas por el Gobierno central.

Las dudas sobre las supuestas virtudes económicas de las empresas estatales son mayores aún si se considera que los casos de ENATEX y EMH no son excepcionales, ni mucho menos, pues son muchas otras las que atraviesan dificultades similares aunque todavía no de igual magnitud. Y aunque las autoridades del sector se resisten a dar la información correspondiente, hay motivos para suponer que el futuro de esas empresas ya ocupa un lugar muy importante entre sus preocupaciones.

Una muestra de ello es que a pesar de que hace ya más de un año, en mayo de 2015 se anunció la decisión de que el Consejo Estratégico de las Empresas Públicas someta a una severa evaluación a las 63 empresas estatales que ya existen, entre nacionalizadas y creadas desde 2006, para decidir cuáles serán cerradas debido a que no rinden utilidades y cuáles podrán seguir existiendo sin constituirse en una pesada carga para las finanzas estatales, los resultados de tal evaluación no han sido dados a conocer.

En ese contexto, y siendo tantas las dudas que existen sobre la real situación de las empresas estatales, resulta por lo menos sorprendente la ligereza con que se echa en cara a los gobiernos departamentales y municipales que no adopten esa fórmula. (Reedición)

Siendo tantas las dudas que existen sobre la real situación de las empresas estatales, resulta por lo menos sorprendente la ligereza con que se echa en cara a los gobiernos departamentales y municipales que no adopten esa fórmula

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