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Venezuela, en un momento decisivo

03 Septiembre 2016Editorial

Las principales avenidas de Caracas volvieron a ser, el pasado jueves, el escenario principal de una de las batallas políticas e ideológicas más importantes de la historia contemporánea de Venezuela.

Como se sabe, el motivo principal de la movilización fue la demanda de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reconozca la voluntad popular expresada mediante una exitosa recolección de firmas y cumpla su obligación de convocar a un referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Es decir, nada que en circunstancias normales no pudiera resolverse mediante procedimientos legales e institucionales.

Sin embargo, y más allá de las formalidades legales y de las maniobras que hacen las fuerzas gubernamentales, incluido el CNE, para eludirlas, lo cierto es que la movilización opositora del pasado jueves tiene causas mucho más profundas y son expresión de un malestar que independientemente de los plazos que señala el calendario se acerca a un límite muy peligroso.

En efecto, el colapso en que está sumida la economía venezolana, que ha superado incluso a las más pesimistas previsiones, ha socavado las bases de legitimidad sobre las que durante más de 15 años se sostuvo la “revolución bolivariana” y ha dejado a las fuerzas gubernamentales sin ninguna posibilidad de hacer frente con alguna posibilidad de éxito una crisis económica, política y social que se agrava con cada día que pasa.

Hasta ahora, y en gran medida como resultado de una asimilación de errores cometidos en épocas pasadas, el descontento popular venezolano ha sido canalizado por las vías legales y pacíficas. Y a pesar de que nunca faltaron, como es natural, quienes desde las filas opositoras propusieron recurrir a fórmulas más radicales y violentas, lo que finalmente se ha impuesto hasta ahora es la mesura y el respeto a los límites establecidos por la legalidad e institucionalidad democrática, muchos de cuyos principios fundamentales están contenidos en la Constitución Política actualmente vigente en ese país.

La perseverancia con que las principales fuerzas opositoras han recurrido a las urnas en cuanto acto electoral fue convocado –luego de una primera gran equivocación abstencionista– pesar de las muchas dudas sobre su transparencia es un ejemplo de lo dicho.

Desgraciadamente, no puede decirse lo mismo, ni mucho menos, de la manera como las fuerzas oficialistas han defendido su causa. Lo han hecho, durante los últimos 18 años, recurriendo con preferencia a métodos de acción incompatibles con la convivencia democrática. Sistemáticamente han intentado desconocer la voluntad popular cuando no se correspondía con sus propios intereses y así han ido cerrando los cauces a través de los que las discrepancias y descontentos podrían fluir pacíficamente, como corresponde a un país civilizado.

Se ha llegado así a un punto muy peligroso, pues si los herederos del chavismo se niegan a reconocer la legitimidad y vigor de quienes se oponen a su forma de actuar, dejan la vía de la violencia como la única opción alternativa. Sería una tragedia tan grande que sólo cabe esperar que la sensatez termine imponiéndose.

La crisis económica, política y social en que está sumida Venezuela ya no da margen a mayores dilaciones. Si la administración de Maduro insiste en negar la realidad dejará la vía de la violencia como la única opción alternativa

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