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La ONU, los discapacitados y el Gobierno

06 Septiembre 2016Editorial

La presentación, hace pocos días, de un documento titulado “Observaciones finales sobre el informe inicial del Estado Plurinacional de Bolivia”, entregado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha vuelto a dar plena actualidad a uno de los conflictos sociales que más hondamente caló en la consciencia colectiva durante los últimos meses.

A través del documento, el comité de la ONU lamenta la violencia ejercida contra las personas con discapacidad durante su movilización en La Paz, que se efectuó entre abril y julio, y pide al Estado boliviano hacer una “investigación imparcial e independiente” para identificar a los responsables de la represión con miras a enjuiciarlos, y sugiere una reparación física y psicosocial de las víctimas. Finalmente, da un plazo de 12 meses a Bolivia para que informe a esta instancia internacional sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones dirigidas al país.

Tan contundente informe debe haber sido recibido con tanto malestar en las filas gubernamentales como beneplácito entre las personas discapacitadas. No podría ser de otro modo pues, a pesar de que no tiene ningún efecto práctico inmediato, tiene un impacto simbólico tan grande que, a través de sus 12 páginas y sus efectos multiplicadores, puede trastocar en triunfo lo que parecía una derrota y viceversa.

En efecto, si bien después de más de tres meses de sacrificadas movilizaciones los representantes de las personas con discapacidad tuvieron que irse de La Paz con las manos vacías, sin haber recibido ni un gesto de comprensión de parte de las principales autoridades gubernamentales y con el peso de la derrota a cuestas, ahora su causa cuenta con un respaldo que no podrá ser fácilmente soslayado.

Como contrapartida, y en una proporción inversa, lo que tenía el aspecto de una victoria gubernamental simbolizada en la impenetrabilidad de la plaza Murillo y sus alrededores, ahora se presenta como una prueba de lo insuficiente que es la fuerza cuando no va acompañada de legitimidad y la autoridad moral que la respalde.

En el fondo, más allá de las demandas específicas que dieron lugar a ese conflicto y de los argumentos con los que el Gobierno se negó a hacer concesiones, lo que se puso en juego durante esos tres meses fue la autoridad presidencial. La fórmula a la que el Ejecutivo se aferró consistió en mantener una inflexibilidad a toda prueba, evitar cualquier señal de debilidad y así sentar un precedente capaz de desalentar a otros sectores ante la eventual posibilidad de que siguieran el ejemplo de los discapacitados para imponer sus respectivas exigencias.

En ese contexto, las relativamente pocas líneas dedicadas por el informe de la ONU a reconocer algún mérito a disposiciones legales que favorecen a las personas discapacitadas no resultan suficientes para atenuar los aspectos medulares del mensaje. Lo que queda claro es que tanto los actos gubernamentales, como los de la sociedad en general, están bajo la atenta mirada vigilante de organismos internacionales, por lo que actualmente ya no es tan fácil, como lo era en otros tiempos, incurrir impunemente en el abuso del poder.

El informe confirma que tanto los actos gubernamentales, como los de la sociedad en general, están bajo la atenta mirada vigilante de organismos internacionales, por lo que ya no es fácil incurrir en abusos

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