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EDITORIAL

¿Quién pondrá el cascabel?

20 Mayo 2017CORREO DEL SUR

Esta vez en La Paz, los diferentes gremios del transporte público han dado muestra de prepotencia, impunidad y poder frente al Estado, que, cruzado por intereses sectarios, ha dejado al nivel municipal en situación de orfandad, mientras autoridades del Gobierno central expresaban su admiración por el paro movilizado protagonizado por los conductores, y la Policía, probablemente con aval gubernamental, abdicaba de su función de garantizar la seguridad ciudadana y la libre circulación.

Para peor, y con la impunidad otorgada por falta de autoridad que los obligue a respetar la ley, han vuelto a abundar los castigos corporales a los afiliados que osaban salir con sus vehículos e incluso a gente particular, sin respetar a menores, enfermos o ancianos. Dueños de las vías públicas, los transportistas paralizaron la Sede de Gobierno. Además, como el Alcalde de esta ciudad ha asegurado que mantendrá su política de modernizar y racionalizar al sector, han amenazado con volver a someter a la gente a un nuevo paro movilizado.

Trascendiendo el paro concreto de La Paz, lo cierto es que los diferentes sindicatos de este sector tienen mucha fuerza en todo el país, lo que les permite doblegar a las autoridades y conseguir la atención a sus demandas, las que generalmente contienen un alto grado de prebenda para los dirigentes. Y su fuerza radica, por un lado, en el hecho de que los paros que realizan afectan radicalmente la vida cotidiana de la gente y, por el otro, como base de apoyo político y electoral (no parece ser superficial recordar que en el caso de La Paz, uno de los principales líderes es adherente del MAS).

Pero, así como tienen fuerza, también es cierto que la actitud de “dejar hacer, dejar pasar” que adoptan las autoridades abona a su propia deslegitimación, porque la ciudadanía percibe que ocupa un lugar secundario en sus prioridades. Adicionalmente, también está claro que dado el incremento del parque automotriz en el país y particularmente el destinado al transporte de pasajeros atenta contra la buena convivencia ciudadana: se contamina el medio ambiente, aumenta la inseguridad personal, así como las tendencias a la violencia entre los propios conductores de estos vehículos por apropiarse de espacios de circulación, y ésta se convierte en un caos rutinario, entre otras consecuencias.

De ahí que es inevitable regular este sector, y hacerlo con inteligencia, autoridad, profesionalismo y transparencia, cualidades que salvo en experiencias puntuales, aunque lamentablemente desarticuladas (como el servicio de buses municipal en La Paz y El Alto y las líneas del Teleférico), no parecen predominar en el aparato estatal, como se comprueba en el hecho de que por intereses sectarios algunas autoridades del Gobierno central hayan avalado, por acción y omisión, el paro que se comenta. Así, bien harían las autoridades de los tres niveles del Estado en coordinar esfuerzos para impulsar la modernización del transporte urbano y promover acuerdos con los sindicatos del sector, teniendo con prioridad el respeto al bien común y la construcción de una cultura urbana, antes de que el hastío de la ciudadanía se trasforme en protesta generalizada e incontrolable.

Bien harían las autoridades de los tres niveles del Estado en coordinar esfuerzos para impulsar la modernización del transporte urbano y promover acuerdos con los sindicatos del sector, teniendo como prioridad el respeto al bien común

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