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¿Gobierno judicial?

17 Julio 2017Arturo Yáñez Cortes

Cuando a finales del siglo pasado, la reforma constitucional creo el Consejo de la Judicatura, se inspiró en la idea –que a mi juicio, mantiene su acierto- de separar las funciones jurisdiccionales –administrar justicia- de las administrativas, entre las que resaltan las disciplinarias. Una suerte de gobierno judicial, que permita a los jueces cumplir su función esencial, encargando las tareas propias de la administración del Poder Judicial, al flamante organismo.

Más allá del desempeño que les ha tocado realizar a quienes han pasado por esas tareas desde ese entonces, mantengo mi postura en sentido que aquella medida, en abstracto, fue acertada. Supongo que el constituyente del 2006 ha debido pensar algo parecido, pues cambiándole el nombre, el organismo ha sobrevivido al proceso constituyente, pese a sus complejos de Adán y Eva. Es más, en 2010 se ha sancionado una nueva ley del Órgano Judicial y luego, se han “elegido” nuevos Consejeros de la Magistratura, parte de los cuales han sido defenestrados por sus mismos reales electores (la Asamblea Legislativa).

Una de sus funciones principales, además del manejo administrativo financiero del Órgano, radica en ejercer el régimen disciplinario de las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y especializadas. Conforme he sostenido en varias recientes opiniones, en supuesto ejercicio de sus funciones, el actual Consejo de la Magistratura le metió no más una discutida masacre judicial en contra de 88 jueces del país, que más allá del desempeño que algunos o varios hayan tenido, vulnera de manera grosera la CPE, los IIII y hasta varias de las normas legales aplicables. Esto, por mucho que se recurra el cómico eufemismo del agradecimiento de servicios para encubrir el despido (relocalización dirían “los neoliberales”) y a una figura que denota el triste estado del arte plurinacional como es la “transitoriedad” de los jueces, pues es imposible ocultar el tufillo de su arbitrariedad, incluyendo el impúdico sometimiento de sus ejecutores, a una alta autoridad del ejecutivo, que así las cosas, parece el Zar de la justicia (en el peor sentido, por si acaso).

Empero, si aunque sea ingenuamente aceptamos que los actuales Consejeros son los responsables del gobierno judicial, incluyendo el ejercicio de la nada simple función de juzgar disciplinariamente a sus pares, MONTESQUIEU decía: “El poder de juzgar, tan terrible para los hombres”, lo menos que podría pedírsele es que realice esa función, de manera acorde con tan altas responsabilidades, huyendo de posturas que rayan no sólo en la arbitrariedad y la manifiesta ignorancia del derecho, sino en la desobediencia a acciones de defensa constitucional, castigadas con hasta 6 años de privación de libertad.

Prueba de ello, es lo recién acaecido con un juez de Santa Cruz que como efecto de su despido, les ganó una acción de amparo constitucional por tener dos hijos gemelos de 3 meses que le aseguran la inamovilidad de su fuente laboral y la torpe reacción (http://correodelsur.com/seguridad/20170708_el-consejo-no-restituira-al-juez-que-gano-un-amparo.html) en sentido que antes de acatar la disposición de restitución a su fuente laboral, el Consejo esperará el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, cuando como cualquier abogado sabe perfectamente, las resoluciones de acciones de defensa son ejecución inmediata y sin observación alguna, como ordena el art. 129.V de la CPE) y lo que es peor, que en vez de cumplir el fallo judicial, analizará qué acciones se tomarán… en contra del juez que dio la tutela. Se sitúan por tanto, encima de la CPE y las leyes, aunque luego tienen el tupé de juzgar a sus jueces por no cumplirla o errar al hacerlo. Dislates como esos proviniendo de altos cargos del gobierno judicial, constituyen la peor prueba del gravísimo error en que ha caído el régimen (que ahora porfía en repetirlo, reloaded) de entregar altas responsabilidades a ciudadanos que si bien –como todos- tienen todo el derecho de ejercerlos, revelan no estar preparados para ejercerlos. Que el gobierno del judicial, con fútiles argumentos y hasta con amenazas de por medio, se niegue a cumplir resoluciones judiciales de acciones de defensa, deslegitima su esencia y muestra hasta donde pueden caer tan bajo quienes gozan del poder (efímero debieran considerar), al hacer escarnio de su propia función. “Equivocarse es humano, perseverar voluntariamente en el error es diabólico”. Decía San Agustín

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