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EDITORIAL

El Tipnis, nueve años de tenaz batalla

16 Agosto 2017CORREO DEL SUR

La promulgación, el pasado domingo, de la “Ley 266 de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del Tipnis”, mediante la que quita la intangibilidad a esa área protegida y levanta la prohibición de construcción de carreteras consignadas en la Ley 180, promulgada en 2012, ha vuelto a poner el tema en el primer plano de la agenda nacional.

Con la nueva norma, el Gobierno nacional da un nuevo paso en un proceso cuyo origen se remonta a principios de 2008, cuando sorpresivamente la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) lanzó una licitación pública internacional convocando a empresas interesadas a presentar sus propuestas para la construcción de una carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.

Las manifestaciones de rechazo a tal iniciativa gubernamental, hasta entonces poco notorias, se hicieron públicas y alcanzaron dimensión nacional los primeros días de agosto de 2009, cuando el Gobierno anunció su decisión de adjudicar el proyecto a la brasileña OAS bajo modalidad “llave en mano”.

A partir de entonces, se aceleraron todos los trámites para consolidar un financiamiento ofrecido por el presidente brasileño, Lula da Silva. A principios de 2011 se firmó un contrato entre Estado boliviano, el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES), la ABC y OAS.

Durante todos esos años, los pueblos indígenas que viven en el Tipnis hicieron oír sus voces de protesta porque tan importantes decisiones fueron tomadas a sus espaldas, en un flagrante desacato a los mandatos de los artículos 30, 352 y 403 de la Constitución Política del Estado; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Nada importaron esas protestas y reclamos al Gobierno central que, impertérrito, anunció su decisión de seguir adelante con su proyecto pasando por encima de al menos una decena de leyes, además de la CPE y los convenios internacionales ya señalados.

“Quieran o no quieran, se hará la carretera”, fue la respuesta del presidente Evo Morales cuando las comunidades del Tipnis decidieron marchar hacia La Paz en una marcha en defensa de sus derechos.

Fueron tan vigorosas esas marchas y tan masivo el apoyo que la causa indígena concitó en las ciudades, que las fuerzas gubernamentales se vieron obligadas, muy a su pesar, a aprobar la recientemente derogada Ley 180, con tan mala intención, que el Gobierno se amparó en ella para imponer durísimas restricciones a las actividades de los habitantes del Tipnis.

Ahora, a la luz de las recientes noticias, se puede afirmar que en lo fundamental nada ha cambiado durante los últimos nueve años. En lo legal, porque no se ha subsanado ninguno de los atropellos cometidos contra las leyes y convenios internacionales vigentes. En lo técnico, porque hoy son tantas como hace casi una década las dudas que pesan sobre los estudios supuestamente hechos. Y en lo financiero, porque no hay ningún dato que respalde las cifras oficiales.

En medio de tantos motivos para la duda hay, sin embargo, un aspecto del proyecto ante el que son cada vez más sólidas las certezas. Es el referido al costo ambiental que no sólo los indígenas del Tipnis, sino todos los bolivianos, y principalmente las próximas generaciones, tendremos que pagar.

Nada ha cambiado durante nueve años. En lo legal, porque no se ha subsanado ninguno de los atropellos cometidos contra las leyes y convenios internacionales. En lo técnico, porque hoy son tantas como hace casi una década las dudas que pesan sobre los estudios supuestamente hechos. Y en lo financiero, porque no hay ningún dato que respalde las cifras oficiales. 

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