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Federalismo judicial en Bolivia

03 Enero 2018Iván Carlos Arandia Ledezma

Del texto constitucional se colige que el primer precepto que entra en tensión real y sostenida con la idea de descentralizar o desconcentrar la administración de justicia se encuentra en el régimen de gobierno previsto en los arts. 272, 277, 280 y 283 de la CPE y 12.II de la LMAD, al reconocer a nivel subnacional solo una división dual del poder público (legislativo y ejecutivo, no así judicial) excluyendo en los hechos “lo judicial” de la distribución funcional primaria de matriz republicana, anulando además cualquier posibilidad de movilización vertical de la competencia exclusiva del nivel central del Estado prevista en el art. 298.II.24 de la CPE (Administración de Justicia) mediante los mecanismos de transferencia o delegación competencial por ausencia de un órgano judicial receptor apto a nivel autonómico.

Cabe observar, sin embargo, que queda expresamente excluida de esta previsión la Autonomía Indígena Originario Campesina (AIOC), a la que los arts. 289 y 290 de la Constitución reconocen una suerte de “autogobierno ampliado” a ser ejercido de acuerdo a sus normas, instituciones, autoridades y procedimientos propios, apartando automáticamente a este nivel de la división dual de poderes públicos que sí afecta a los gobiernos subnacionales de régimen occidental republicano, posibilitando que este tipo de autonomía instituya mediante sus normas básicas institucionales (estatutos) verdaderos órganos o mecanismos judiciales estructurados bajo sus propios arreglos organizativos, constituyéndose en receptores perfectamente habilitados para asumir las competencias que en materia de justicia les pudieran ser traspasadas desde el nivel central mediante los mecanismos de movilización competencial constitucionalmente previstos, como ocurre, P.E., con la Ley de Deslinde Jurisdiccional que en los hechos llega a constituirse en una verdadera norma de transferencia competencial en materia de justicia.

Se configura así un esquema de relación entre la Justicia Indígena Originario campesina (JIOC) y la Justicia Ordinaria (JO) muy próximo al denominado “federalismo judicial”, definido, con matices, por la concurrencia de dos presupuestos y tres requisitos identificados por Gerpe, citado por Simón (2013), consignando entre los primeros: a) La convivencia del ordenamiento central del Estado y de los ordenamientos territoriales que tienen autonomía política legislativa en el marco de una distribución pactada del poder o división competencial, esto es, que se trate de un Estado compuesto, plural y con distribución de poderes; y b) Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional esté organizado en diferentes niveles, fundamentalmente, el nacional y el de las entidades subnacionales. Y entre los segundos: i) Un modelo de distribución de competencias bajo el paraguas constitucional que posibilite un doble espacio de autonomía institucional –nacional y subnacional– en todo lo relativo al poder judicial; ii) La convivencia entre los diferentes sistemas judiciales –el estatal y los regionales– que gocen de autonomía jurisdiccional; y, finalmente, iii) La determinación desde la Constitución y la ley de las formas de articulación entre el sistema judicial central y los subsistemas territoriales, estableciendo un sistema coherente que permita resolver las eventuales lagunas o contradicciones que se puedan dar en la práctica, con la determinación de las cláusulas de prevalencia o primacía, supletoriedad y residualidad, pasando, en casos conflictivos, a ser resueltos en sede jurisdiccional constitucional.

Concluyendo, el arreglo judicial boliviano se asimila, específicamente en lo referente a las relaciones entre la JIOC y la JO, a un esquema muy cercano al “federalismo judicial”, siendo ésta una de las innovaciones de fondo más relevantes de nuestro texto constitucional, la que bien entendida y mejor aplicada, puede servir de un interesante marco teórico para abrir nuevos y prometedores escenarios para el análisis de la problemática judicial.

 

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