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EDITORIAL

La voz ciudadana

06 Enero 2018CORREO DEL SUR

La aprobación de leyes requiere de un proceso de creciente concertación entre quienes las diseñan, los actores políticos que las tramitan, particularmente las autoridades de los Órganos Ejecutivo –que generalmente es quien tiene la iniciativa– y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), así como los sectores a los que afectan.

En el país, la iniciativa legislativa –de donde ésta proceda— comienza a ser tratada en una de las comisiones de una de las cámaras de la ALP (llamada “de origen”) hasta su aprobación, momento en que se la remite a la otra cámara (“de revisión”). Si no hay cambios de fondo, la norma es sancionada y remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación o veto. Pero si hay cambios de fondo, la cámara revisora devuelve el proyecto a la de origen. Si ésta los acepta es sancionada; si no, debe reunirse el pleno de la ALP para su consideración.

Se trata de un procedimiento que permite realizar consultas con la sociedad de manera que la norma que finalmente sea promulgada haya sido debidamente debatida y no genere controversias de fondo. El desafío que se tiene, en consecuencia, es tener capacidad de diálogo, respeto y amplitud para poder procesar las diversas posiciones.

Lamentablemente eso no ha sucedido en el proceso de aprobación de la Ley 1005, hoy impugnada por varios sectores sociales y que ha tenido en los médicos del país a sus principales impugnadores.

Desde un principio hubo voces que alertaron sobre el carácter regresivo y autoritario del proyecto de ley, pues, de acuerdo con muchos entendidos, responde a la concepción de que el Estado debe intervenir en la vida de la ciudadanía. Estas alertas pasaron, lamentablemente, desapercibidas y se fue confeccionando un Código de parches, en función a intereses particulares.

A esa actitud se debe agregar la soberbia de varias autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo, situación que explica que sólo una vez que el Primer Mandatario pudo romper el círculo de áulicos, haya escuchado a dirigentes que tienen directa relación con la sociedad y a uno de sus colaboradores más político, y que no haya tenido inconveniente en atender, por ahora, la demanda de los médicos.

Así, y más allá del curso que siga el conflicto, hay un aditamento que explica la incapacidad de muchas autoridades para dialogar con la sociedad: su pérdida de todo vestigio de dignidad personal y profesional, como se desprende de su aceptación de los cambios instruidos por el Presidente, cuando incluso sólo horas antes de esa decisión declaraban que no se cambiaría ni una coma del mencionado Código.

Hay un aditamento que explica la incapacidad de muchas autoridades para dialogar con la sociedad: su pérdida de todo vestigio de dignidad personal y profesional, como se desprende de su aceptación de los cambios instruidos por el Presidente, cuando incluso horas antes declaraban que no se cambiaría ni una coma del mencionado Código

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