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No sólo es el art. 205, ni el art….

08 Enero 2018Arturo Yáñez Cortes

Hacer un Código Penal es algo muy serio, puesto que nada más ni nada menos, debiera delimitar describiéndolas previa y claramente, qué acciones u omisiones serán castigadas, frecuentemente con cárcel, etc; la pena que en ese caso le esperaría al ciudadano; qué condiciones debe reunir para ser responsable o no de sus acciones; que bienes jurídicos se protegen y cuales no, y así sucesivamente, un conjunto de decisiones político criminales extremadamente delicadas para los derechos de todas las personas y que, por ello, son de altísima relevancia para la democracia y el estado de derecho. ROXIN, dice que lo penal es el sismógrafo de la Constitución.

La tarea se pone aún más jodida, si además, en el mismo cuerpo legal sumas lo procesal, es decir la forma en la que se tramitarán los procesos para efectivizar lo anteriormente descrito y encima, como ocurre con el aún Código del Sistema Penal (vigente aunque con vacación legal, en este momento), contemplas también la manera y circunstancias en que se ejecutarán esas consecuencias. Tres Códigos en uno.

Así las cosas entonces, queda claro que tal emprendimiento legislativo requiere de aptitudes y competencias, que no siempre están presentes en todos los gobiernos y momentos: pregúntenle al régimen, hoy preso de su flamante nuevo Código del Sistema Penal, en medio de intereses y reclamos de varios “movimientos sociales” (siguiendo su nomenclatura) que recurriendo a sus propias tácticas (bloqueos, marchas, etc) y en vísperas de su adorado Dakar, le han puesto en jaque.

No pongo en duda las buenas intenciones y especialmente capacidades de los colegas que han participado desde lo técnico en la nueva norma (a quienes en su mayoría conozco y aprecio), lo que me lleva a lamentar que ocurra lo que ocurra en el inmediato futuro (abrogación, derogatoria o lo que finalmente suceda), siento que el sistema de justicia penal boliviano está perdiendo, una importantísima oportunidad (traducida en recursos, trabajo y especialmente, valioso tiempo) para encarar una, nueva, reforma de la justicia penal, así sea empezando en lo normativo.

Nadie en su sano juicio, duda que ese sistema requiere y con urgencia, de urgentes reformas para mejorar (a diferencia de lo que ha venido ocurriendo con las leyes 04, 07, 586 y muchas otras sancionadas por el régimen, que lo han significativamente empeorado), aunque como ya opiné en anteriores entregas, estoy convencido más allá del contenido de la nueva norma, que fracasará estrepitosamente, si la estructura del sistema de justicia se mantiene como hoy está: sin división de poderes; con Tribunales rehenes del poder partidario, con una Fiscalía operada para servir y encubrir al régimen, al igual que la Policía. Mientras ese base no cambié, ningún Código, sea bueno, malo o pésimo, producirá resultados benignos para el ciudadano.

El sonadísimo fracaso ya acaecido, lamentablemente, con el Código del Sistema Penal (me reservo mi opinión sobre sus institutos por el momento), más allá de su contenido (en muchos temas, altamente discutibles) sostengo que obedece fundamentalmente, a que el régimen ha perdido frente al ciudadano, legitimidad y confianza, para intervenir en la regulación de sus bienes, derechos y garantías.

Legitimidad, puesto que habiendo comenzado –hace más de 10 años- seguramente con la que ningún otro gobierno la disfrutó en la medida que la tuvo, la ha rifado sistemáticamente con sus delirios totalitarios, al extremo que su actual gestión es, pese al genuflexo TCP, manifiestamente inconstitucional, lo que ha quedado significativamente agravado por el último fallo sobre su “derecho humano” a ser dictador y, confianza, ya que hoy en Bolivia y el mundo, nadie sensato, cree en las buenas intenciones del régimen en proteger bienes jurídicos de relevancia para el ciudadano, sino sabe que lo único que le interesa es mantenerse sine die en el poder, entre otras, para intentar asegurarse impunidad por la “doctrina Morales” de meterle no más. En ese contexto, la cuestión penal es el “mejor” instrumento para esos fines y, ese es el pecado original del CSP y, lo que hoy ocurre con su implementación, refleja ese estado del arte. A propósito, ZAFARONNI decía: “El verdadero enemigo del derecho penal es el estado de policía, que por su esencia no puede negar dejar de procurar el absolutismo”.

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