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EDITORIAL

El conflicto por el Código Penal y sus enseñanzas

09 Enero 2018CORREO DEL SUR

Más allá de cómo se resuelva (o no se resuelva) el largo conflicto suscitado por la Ley 1005, Código del Sistema Penal, sobre el que hemos comentado en nuestras últimas ediciones, éste nos va dando algunas constataciones que se deberían tomar muy en cuenta.

La primera es que la población boliviana nuevamente resiste intentos autoritarios provenientes de las autoridades del Estado de copar su vida cotidiana y, como muestra nuestra historia, defiende su autonomía social, resistencia que no se encuentra fácilmente en otras latitudes.

Otra, que ha ido creciendo el rechazo ciudadano al Gobierno, como muestran los resultados del referéndum constitucional del 21 se febrero de 2016 y de las elecciones judiciales de diciembre pasado, y el apoyo masivo a la movilización de los médicos en contra de la Ley 1005. Y es posible sostener que si el oficialismo no revisa su obsesión por reproducirse en el ejercicio del poder con la inconstitucional repostulación del Primer Mandatario, su deslegitimación será incluso más rápida.

Tercera, la inexistencia de partidos políticos que puedan reconocer, agregar y canalizar las demandas de la sociedad ante el Estado y viceversa, ausencia que se observa tanto en el oficialismo como en la oposición. En el primer caso, porque su estructura orgánica se ha convertido en aparato de burócratas incapaces de recibir y atender las demandas ciudadanas, porque están más preocupados en preservar su espacio de poder, y atender servilmente las iniciativas y deseos del Presidente, porque sólo él les garantiza su presencia y reproducción en el poder.

Esto se ha visto en el conflicto que comentamos. Al parecer, sólo luego de una reunión con dirigentes sociales el Presidente se dio cuenta de la real magnitud del problema y decidió, al margen de sus ministros (con una sola excepción) y parlamentarios, modificar la Ley 1005, atendiendo una demanda que desde hace más de un mes plantearon los médicos del país. Es decir, ni el MAS ni el Gobierno están capacitados para garantizar la buena gobernanza.

Y si en el MAS encontramos esa deficiencia, en la oposición la realidad es mucho peor. Con contadas excepciones no ha habido organización política que cumpla las funciones básicas señaladas para canalizar las demandas de los diversos sectores sociales, con propuestas integrales, dejando un vacío que ha sido mal llenado por grupos corporativos (por sí mismos o mediante figuras de cierto prestigio social) que defienden sus propios intereses, bajo el disfraz de servicio al bien común, y sobre los cuales corresponde comentar.

En fin, la movilización contra el autoritario Código Penal constata la ausencia de un sistema político partidario sólido, por lo que comenzar a construirlo es una tarea fundamental. (R)

La movilización contra el autoritario Código Penal constata la ausencia de un sistema político partidario sólido, por lo que comenzar a construirlo es una tarea fundamental

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