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Hacer política con el Dakar

11 Enero 2018Carlos Armando Cardozo Lozada

Bolivia nuevamente acoge la competencia automovilística campo traviesa del Dakar, de una larga historia pasando por los paisajes más inhóspitos y remotos del planeta; por quinto año consecutivo seremos sede de este evento, que así como tiene muchos seguidores y adeptos tiene muchos detractores.

Más allá de las condiciones del paisaje y la factibilidad técnica que los organizadores toman en cuenta a la hora de determinar los países por los cuales se trazará el recorrido en extenso, existe un factor económico muy importante que se traduce en la disposición a pagar la franquicia o el derecho a la marca Dakar para poder ser sede oficial del evento.

En ese sentido el Estado Plurinacional de Bolivia desde el año 2014 ha destinado importantes sumas de recursos para garantizar la participación como sede del Dakar, en los pasados cuatro años se ha erogado 14 millones de dólares americanos (84 millones de bolivianos aproximadamente); ha sido justificado como una inversión de propia voz de autoridades nacionales como el presidente, siendo que no solo ha generado movimiento económico acumulado de 402 millones de dólares americanos (3 billones de bolivianos aproximadamente) en el país a raíz de la competencia sino también ha sido una palestra para promocionar la belleza natural y atractivos turísticos de Bolivia alrededor del mundo.

Si bien parecería un “negocio redondo” en términos netamente de inversión y rentabilidad de la misma para el Estado boliviano, lo cierto es que no se conoce a ciencia cierta si estas cifras exorbitantes responden a un relevamiento serio por parte del Ministerio de Turismo o el propio Instituto Nacional de Estadística. En ese sentido la duda es justificable en vista que no solamente se tienen más referencias a dichas cifras que en discursos políticos siendo estos meros materiales propagandísticos de la gestión del primer mandatario Evo Morales Ayma.

Es innegable el movimiento económico que el Dakar al ser un evento internacional de tal magnitud genera en nuestro país, sin embargo no se puede medir y mucho menos percibir resultados concretos en la economía boliviana. Si con el fin de promocionar Bolivia como destino turístico a nivel mundial se emplea una inversión de 4 millones de dólares americanos para atraer tan solo 200 mil turistas extranjeros (tan solo 20% del total de espectadores registrados el año 2016) estamos ante un simple gasto público.

Querer afirmar que el Dakar es una política pública del Estado Plurinacional de Bolivia es simplemente faltar a la verdad, el gasto “Dakar” es simplemente política, al carecer de objetivos medibles, metas planteadas y una verdadera planificación que oriente la disposición de recursos públicos, que han mermado en las arcas nacionales tras el fin de la “década de oro” de precios internacionales.

Más allá de los efectos negativos ambientales, culturales y sociales que trae consigo el Dakar, es necesario analizar el daño económico de hacer política cuando el verdadero potencial de la actividad turística requiere de inversiones y no solamente el auspicio de eventos que no hacen al fortalecimiento y promoción de Bolivia como destino turístico fuera de nuestras fronteras.

 

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