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Ley Penal, tema de estado

11 Enero 2018Waldo Ronald Torres Armas

Toda ley penal supone una transformación jurídica trascendente porque regula el uso de la fuerza en una sociedad civilizada. Es una especie de "Constitución negativa” porque su aplicación configura la pena criminal como la forma suprema que puede revestir el poder coactivo del Estado. Pero una ley penal debe adoptar con mesura el recurso al instrumento punitivo para proteger a su vez los derechos fundamentales de las personas.

Era responsabilidad de la ALP presentar el proyecto de ley penal al sentir de los ciudadanos y no redactar la ley en la nocturnidad, sin deliberación, sin debate ni consenso, lo ha que generado repudio, anulando la eficacia delos castigos contemplados en el resto de la Ley y que podrían estar más que justificados.

Pero los caminos del populismo punitivo son implacables. Estos “representantes” no son de fiar. Fue una absoluta y total deslealtad con el ciudadano. Está bien que una ley penal dé respuesta al clamor punitivo contra la delincuencia, pero ninguna ley puede ser antagónica de los derechos y garantías constitucionales. La experiencia histórica recomienda que las leyes, al afectar por igual a todos, directa o indirectamente y porque se enfrentan sensibilidades distintas, deben ser elaboradas en amplio consenso para que tengan sostenibilidad en el tiempo. Un Gobierno, al elaborar una ley, no tiene la última palabra, sino solamente la primera. Debe limitarse, pues, a promoverla, invitando a la sociedad a colaborar en la tarea de su estudio y perfeccionamiento. En el ámbito jurídico penal es imprescindible el conocimiento que permita la toma de decisiones ilustradas. Es necesario que quienes deben elaborar leyes sepan “algo” acerca de lo que tienen que hacer o, al menos, que reconozcan que no saben y se atrevan a consultar a quien sí lo sabe.

En política, tener la capacidad de equivocarse hasta el final también es una cualidad. Se trata de un caso de ignorancia, fundado en la soberbia que asume que las cosas son así, porque así deben ser. Lo que diga la ley partirá de una pobre concepción de la realidad y, por lo mismo, tendrá una pobre solución para ella. Morales atraviesa varias crisis, pero la más grave es no saber interpretar la realidad y lo que más repudia el ciudadano no es su incompetencia, sino lo poco que le importa y lo mucho que se preocupa de exhibirlo. Vale la oportunidad para develar que Morales no es el único culpable, los parlamentarios de la oposición no están libres de culpa. Ellos deberían haber alertado a la sociedad de lo que se “cosía”.

Necesitamos construcciones racionales de lo público. Sólo así podremos generar modos comunes y posibles de convivencia, que rompan con las formas oligárquicas de dominación que cada día padecemos más.

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