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EDITORIAL

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25 Enero 2018CORREO DEL SUR

El Órgano Judicial es, ni duda cabe, el más técnico de los poderes del Estado debido a que su función específica se basa en el ejercicio de las Ciencias Jurídicas. Esa es una de las razones por las que su conformación no debería estar sujeta a las contingencias naturales de una elección popular.

Los cargos electivos son aquellos provistos mediante el voto ciudadano. Para acceder a ellos, los candidatos deben convencer a la cantidad de votantes que sea necesaria. Para ello no es suficiente presentar una propuesta e imágenes sonrientes; hay que armar todo un aparato que, inevitablemente, debe ser publicitario.

No importa que la legislación establezca límites a la publicidad. El aparato que trabaje para lograr el objetivo principal del candidato, su elección en el cargo, estará constituido de personas, gente que, al apoyarlo, busca un beneficio inmediato –que puede ser un estipendio– o ulterior. Por eso es que en las elecciones de los restantes poderes surge un fenómeno que se ha venido en denominar “clientelismo político”.

Definido como “sistema de protección y amparo con que los poderosos patrocinan a quienes se acogen a ellos a cambio de su sumisión y de sus servicios”, el clientelismo político consiste, básicamente, en premiar con un cargo a quienes trabajaron en la campaña del candidato ganador. Si el pago no se da a través de un puesto en la institución que era el objetivo del proselitismo, u otra afín, entonces los servicios se pagan mediante otras modalidades como la adjudicación de contratos, generalmente con ventajas adicionales.

Ese clientelismo propio de los partidos políticos es el que ahora se ve en el Órgano Judicial. Tras la posesión de sus nuevas autoridades, aquellas elegidas mediante el voto ciudadano, se ha desatado una ola de despidos que no tiene otro propósito que el de hacer lugar para aquellos que trabajaron en las campañas de los ganadores.

Desde luego, el fenómeno no es nuevo. Ya se notó hace seis años, cuando asumieron sus funciones las autoridades judiciales que fueron elegidas por voto por vez primera en la historia del país. Como se recordará, los auspicios en el momento de su posesión fueron de los mejores: se dijo que se cambiaría la cara de la justicia porque el Órgano encargado de su administración había sido conformado merced a la voluntad popular.

El simple hecho de retirar a funcionarios para colocar a otros, aquellos que trabajaron en sus campañas, fue la primera señal de que, contrariamente a lo que propagaba el Gobierno central, el Órgano Judicial se había politizado. En aquella primera ocasión, la ola de despidos afectó a funcionarios de planta, incluso de carrera, que habían ingresado al escalafón judicial con el anterior sistema, uno que, con influencia política y todo, por lo menos respetaba la meritocracia, necesaria para un poder estatal tan técnico como el que nos ocupa.

En esta ocasión se está echando a aquellos que ingresaron con las autoridades judiciales que fueron fruto de las elecciones de 2011 con el obvio propósito de contratar a las personas que trabajaron en la campaña de las elecciones de 2017. En el camino también se afecta a personal de planta u otro con más antigüedad.

El clientelismo se repite con una diferencia: quienes se dedican ahora a despedir gente para después repartir esos cargos, como si de papas se tratara, son abogados, aquellos que, en el momento de prestar juramento promisorio a su profesión, se comprometieron a respetar la ley y esta, en general, abarca desde la Constitución Política del Estado, en la que se habla de trabajo digno, hasta la legislación laboral que garantiza los derechos de los servidores públicos.

En la primera ocasión, la ola de despidos afectó a funcionarios de planta, incluso de carrera, que habían ingresado al escalafón judicial con el anterior sistema, uno que, con influencia política y todo, por lo menos respetaba la meritocracia, necesaria para un poder estatal tan técnico como el que nos ocupa

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