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La Ley de Ucrania

08 Febrero 2018Marco Antonio Barroso Mendizábal

El 18 de enero de 2018, por iniciativa del presidente Petro Poroshenko, el Parlamento de Ucrania aprobó la Ley sobre algunos aspectos de la política estatal para garantizar la soberanía de Ucrania sobre los territorios temporalmente ocupados en las regiones de Donetsk y Lugansk. Se trata de una ley complementaria a la de 2014 sobre Protección de los Derechos y Libertades de los Ciudadanos y Régimen Legal en el Territorio Temporalmente Ocupado, que se refiere a Crimea. Ambas leyes pretenden construir un marco jurídico para el principal objetivo político de Kiev –liberar dichos territorios y restablecer en ellos el orden constitucional–, aunque no específica cómo lograrlo.

La Ley de 2014 fue consecuencia de la anexión de Crimea por parte de Rusia; la de 2018, del fracaso de la comunidad internacional a la hora de terminar con la guerra de Donbas y su ulterior impotencia en las negociaciones con el gobierno ruso para lograr que cumpliera sus compromisos asumidos en el Acuerdo de Minsk II (2015), y, muy en particular, los de retirar sus tropas militares del territorio de Ucrania y respetar el alto el fuego. En esta empresa fracasaron tanto la canciller alemana Ángela Merkel y el presidente de Francia Emmanuel Macron, como el representante especial de los Estados Unidos para las negociaciones de Ucrania, Kurt Volker, en sus conversaciones con Vladislav Surkov, asesor de Vladimir Putin entre 2000 y 2013, y hoy su comisionado para la guerra de Ucrania.

Rusia no sólo no ha cumplido su parte de los Acuerdos de Minsk II, sino que ha aumentado su influencia en la región: ha expedido pasaportes rusos a ciudadanos ucranianos, ha expropiado empresas y ha introducido el rublo como moneda para las transacciones comerciales.

La Ley sobre los territorios temporalmente ocupados en Donbas no ofrece instrumentos jurídicos para acabar con la agresión rusa en Ucrania; tampoco puede influir en el cumplimiento de Acuerdo de Minsk II por parte de ninguno de los países implicados en el conflicto, pero sirve como marco legal para los cambios estratégicos que prepara el gobierno ucraniano para resistir a la agresión rusa. La Ley pretende ser el fundamento para el uso de las tropas ucranianas en la región, porque permite al presidente del país utilizar las Fuerzas Armadas durante tiempos de paz para detener la agresión rusa (hasta ahora, las unidades militares ucranianas en Donbas estaban amparadas solamente por la Ley de Lucha contra el Terrorismo).

La nueva Ley es un intento de las autoridades ucranianas para encontrar un modus vivendi con los territorios ocupados sobre los que Moscú tiene mayor control que Kiev, a la vez que una triple declaración de intenciones: refleja la esperanza y el propósito de recuperar la soberanía del Estado en todo el territorio ucraniano, definiendo el de la región de Donbas como “temporalmente ocupado por grupos armados controlados por Rusia”; describe con precisión el papel y la actuación de Rusia en el conflicto como el de un Estado agresor (lo que se enfrenta directamente a la versión del Kremlin, que considera dicho conflicto “una guerra civil interna”) y pretende que la guerra tenga un alto coste político para Rusia en el nivel internacional.

El impacto inminente de la Ley sobre los territorios temporalmente ocupados en Donbas es limitado. De momento, mejorará la imagen política de Petro Poroshenko, muy deteriorada por los fallos de su gobierno en la lucha contra la corrupción, con vistas a las elecciones presidenciales de marzo de 2019. Pero a largo plazo puede obtener mayores logros. Queda por ver si la Ley se aprobó con la idea de que el Ejército de Ucrania recupere los territorios ocupados, que este año cuentan con la decisión estadounidense de destinar 350 millones de dólares a ayuda militar a Ucrania, permitirá a sus empresas vender el armamento letal a Kiev.

Independientemente del impacto de la Ley sobre los territorios temporalmente ocupados, está claro que el conflicto de Donbas necesita nuevas soluciones. Hasta ahora, la guerra ha causado 10.303 muertes de los civiles y 24.778 heridos. La comunidad internacional no puede olvidar este conflicto no congelado, porque representa el paradigma del trato que Rusia presta a los países vecinos que aspiran acercarse a la UE y la OTAN.

 

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