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EDITORIAL

Las barbas de Lula

07 Abril 2018Editorial

La decisión de un juez brasileño de enviar a la cárcel al ex presidente de su país Luis Inácio da Silva, mejor conocido por su apelativo de Lula, se ha convertido en la noticia más impactante de los últimos días, por encima, incluso, del efecto que tuvo la sentencia condenatoria contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.

A nivel internacional, o en general, el impacto está vinculado a la imagen pública que se labró Lula da Silva, quien pasó de dirigente obrero a Presidente del país más poderoso de Sudamérica con una carrera política que era intachable hasta antes del escándalo por el caso Lava Jato.

Pero el efecto que la noticia tiene en Bolivia está vinculado al mensaje que, una vez más por la red social Twitter, difundió el presidente Evo Morales.

“Repudiamos la decisión indignante de la justicia de Brasil, amenazada por oligarquías corruptas, negó el derecho constitucional del Hno. Lula da Silva a defenderse en libertad —publicó—. Esa sentencia ilegítima es un golpe institucional contra la democracia del pueblo de Brasil”.

El mensaje, emitido antes de la decisión de encarcelar al ex Presidente, reflejaba, como casi siempre en el caso de Morales, una visión política antes que jurídica.

Acostumbrado a que las decisiones sean siempre por motivaciones políticas, el Jefe de Estado de Bolivia no termina de entender que hay países en los que la justicia es, o intenta ser, independiente. La sentencia contra Sánchez de Lozada es un ejemplo y, en el caso de Da Silva, los antecedentes del juez Sergio Moro mueven a pensar que su resolución judicial fue emitida en función al Derecho y no por una cuestión política.

Las reacciones de Evo Morales, y consiguientemente del MAS, son siempre en el sentido de la conveniencia. Cuando ocurre algo que le perjudica, como la admisión de la demanda por el caso del hotel Las Américas, echa pestes contra los responsables y sólo considera justicieras a aquellas decisiones y actuaciones que le favorecen.

Pero hay más que eso en su reacción por la sentencia contra Lula.

Habrá que recordar que Da Silva es condenado a prisión por un escandaloso caso de corrupción que tiene que ver, por una parte, con lavado de dinero y, por otra, con los sobornos que habría pagado la empresa constructora OAS para adjudicarse obras con recursos públicos del Brasil.

El gran detalle es que OAS, al igual que Queiroz Galvao, es una empresa que también ejecutó obras en Bolivia y en casos que, en su momento, fueron denunciados como contratos con sobreprecio.

El caso más conocido es el del camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que tuvo un costo de 415 millones de dólares pese a no ser pavimentada, debido a que, en su momento, fue denunciado por el ex presidente del Servicio Nacional de Caminos, ahora ABC, José María Bakovic. Pese a la gravedad de las denuncias, el gobierno del MAS no actuó contra OAS sino que le siguió procesos a Bakovic al extremo de empujarlo a la tumba.

A ello hay que sumar los casos más próximos a nuestra región como el de los caminos Potosí-Tarija, que costó más de 200 millones de dólares y reportó varias irregularidades, y el del asfaltado Potosí-Uyuni que fue adjudicado prácticamente de manera directa a la ahora tristemente célebre OAS.

Como se sabe, el gobierno boliviano decidió investigar las implicaciones del caso Lava Jato en Bolivia pero sin tocar las obras de OAS.

Por eso es que Evo Morales reacciona ante la desgracia en la que ahora cae su compañero ideológico. Por doble motivo, este caso recuerda aquel refrán popular que dice que “si ves las barbas de tu vecino cortar, debes poner las tuyas a remojar”.

Acostumbrado a que las decisiones sean siempre por motivaciones políticas, el Jefe de Estado de Bolivia no termina de entender que hay países en los que la justicia es, o intenta ser, independiente

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