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EDITORIAL

¿Y la lealtad cruceña?

16 Abril 2018CORREO DEL SUR

Hace casi 11 años, en 2007, cuando Sucre se organizó a través de sus instituciones para llevar a la Asamblea Constituyente su exigencia de que sus derechos históricos como Capital de Bolivia le fueran reconocidos –como finalmente sucedió– en el texto constitucional en actual vigencia, la movilización departamental, sustentada en legítimos derechos, fue penetrada y distorsionada por la acción de intereses políticos y regionales ajenos a la causa sucrense.

La dirigencia cívica y empresarial del departamento de Santa Cruz, en ese entonces bastión opositor del gobierno del presidente Evo Morales, trasladó toda su fuerza movilizadora y de resistencia contra el denominado “proceso de cambio” aquí, a la ciudad de Sucre, sede de la Asamblea Constituyente de 2007.

Y para hacerlo, infiltró las organizaciones cívicas sucrenses y a sus líderes –o, al menos, a muchos de ellos–, los financió con recursos económicos y logísticos y convirtió a la ciudad de Sucre en su campo de guerra. Pero no una guerra para hacer valer y respetar la demanda chuquisaqueña sino para encubrir, detrás de ella, el velado propósito de la oposición política del momento de conducir la Asamblea Constituyente al fracaso.

Instrumentalizaron, en los hechos, la movilización sucrense, fundada en un tema altamente sensible, y la distorsionaron no con otro objetivo más que el de desestabilizar el proceso constituyente. Así pues, mientras la población se movilizaba en las calles con ferocidad y convicción sin precedentes, segura de que lo hacía en defensa de la condición de Capital que ostenta Sucre desde la fundación de la República, la dirigencia cívico-empresarial cruceña y sus aliados políticos y regionales del momento le echaban, de manera encubierta, más gasolina al fuego para convertir el reclamo capitalino en la bandera del asedio a la Asamblea Constituyente.

En esas circunstancias, Santa Cruz, como cabeza de los departamentos agrupados en torno a la denominada “Media Luna” (contestatarios al proceso político del Movimiento al Socialismo), veía a Chuquisaca como un aliado; seducía y elogiaba a sus autoridades y dirigentes. El romance político llegaba a tal extremo que la accidental prefecta (gobernadora) de Chuquisaca recibía del gobernador y dirigentes cívicos de Santa Cruz el apelativo de “Presidenta”.

No está de más recordar que aquella movilización le costó a Sucre un prolongado ensañamiento político de parte del Gobierno que se tradujo en el marginamiento y bloqueo a cuantas oportunidades y aspiraciones de asistencia económica para proyectos de desarrollo pudo haber tenido del nivel central.

Y sólo como anécdota. Más de un siglo antes, en otro episodio negro de nuestra historia, Chuquisaca cedía extensas zonas de territorio a favor de Santa Cruz a cambio –según lo señalan varios historiadores– del respaldo de ese departamento para que la Sede de Gobierno no fuera trasladada, como finalmente ocurrió, a la ciudad de La Paz.

Resulta oportuno recordar esos hechos ahora, precisamente cuando Santa Cruz, en una circunstancial connivencia de intereses económicos y políticos con determinadas esferas del Gobierno y pese a que la justicia así lo obliga, se niega a ni siquiera poner sobre la mesa de discusión los derechos reclamados por Chuquisaca en torno a la propiedad compartida de las regalías provenientes del campo gasífero Incahuasi.

Como seguramente Chuquisaca no resulta significativa en términos económicos, y mucho menos en cuanto a su gravitación político-electoral, la posición gubernamental en el tema Incahuasi se ha inclinado en muchos momentos a favor de Santa Cruz. Y por su parte, las autoridades cruceñas, motivadas, como era de esperar, por los ingentes recursos que resultarán de su explotación, demuestran cuánto les puede importar un departamento del que se sirvieron y al que utilizaron en numerosas ocasiones para su propio beneficio. ¿Dónde quedaron la alianza natural entre ambas regiones, o las sucesivas declaraciones de deuda histórica, de lealtad y gratitud hacia Chuquisaca? (R)

Cabe recordar esos hechos ahora, cuando la dirigencia cruceña, en una circunstancial connivencia de intereses económicos y políticos con determinadas esferas del Gobierno y pese a que la justicia así lo obliga, se niega a ni siquiera poner sobre la mesa de discusión los derechos reclamados por Chuquisaca en torno al campo Incahuasi

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