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EDITORIAL

El Gobierno, tras otro estudio de Incahuasi

12 Mayo 2018Editorial

Cuando surgen o son descubiertos recursos naturales ubicados entre poblaciones estallan los problemas. Es cuando se habla de avasallamientos y acusaciones de una y otra parte y cuando se espera la intervención ecuánime de la autoridad sobre la base de las leyes. Nada de eso ha ocurrido en el conflicto del megacampo gasífero Incahuasi.

Ayer el segundo estudio de campos compartidos encargado por YPFB reavivó la indignación departamental al ratificar que el reservorio pertenece en su totalidad a Santa Cruz, otra vez sobre la base de límites referenciales e ignorando los reclamos chuquisaqueños, y lo que es peor dejando sin explicar informes suyos pasados que sostenían lo contrario.

Se ha llegado a este punto precisamente porque el Gobierno central no intervino cuando pudo hacerlo; es decir, en un momento en el que las regiones todavía no estaban actuando de manera directa a través de sus representaciones cívicas. Eso se debe, en gran medida, al disimulado interés de favorecer a Santa Cruz donde, al final de cuentas, se encuentra el mayor bolsón votante del país.

Es claro también que el Órgano Ejecutivo no tiene interés en favorecer a Chuquisaca en este caso. Quizá los hechos de La Calancha, que deslegitimaron la Constitución que después aprobó de manera ilegal en Oruro, y los de la víspera de la efeméride de 2008, con los campesinos a quienes se obligó a pedir perdón al Departamento, marcaron a tal punto la relación con el Movimiento Al Socialismo (MAS) que incluso llegó a aprobarse una ley que declara al 24 de mayo de cada año como “Día Nacional Contra el Racismo y toda forma de Discriminación”.

Si hubiese actuado de manera racional y justiciera, el Gobierno habría decidido la distribución de las regalías por Incahuasi a poco de haberse confirmado las reservas del megacampo. Si escuchaba los planteamientos chuquisaqueños, que apuntaban a la propiedad de los yacimientos desde el inicio, hubiera evitado los problemas que se afrontan ahora. Aún sin el auxilio de un informe técnico, hubiese sido suficiente que aplique su propia constitución que señala, en su artículo 313, que “para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica (y) para el logro del vivir bien en sus múltiples dimensiones” se debe proceder a “la reducción de las desigualdades regionales”.

En lugar de eso, le dio la espalda a Chuquisaca y, mirando hacia Santa Cruz, permitió que ocurran hechos, hasta ahora no aclarados, como el supuesto movimiento de hitos y mojones. Lo último en ese sentido es que, según establece el análisis de la Jefatura de Límites de la Gobernación chuquisaqueña, la Ley 1054, que intenta resolver el diferendo limítrofe, traspasa toda una comunidad, Yunguillas, al Departamento de Santa Cruz, en el apresuramiento de aprobar una norma que pusiera punto final al asunto.

El Gobierno ha reiterado una y otra vez que el conflicto se cerraba con el nuevo estudio. Chuquisaca y el país ya lo conocen, pero aún tiene mucho que explicar.

Si hubiese actuado de manera racional y justiciera, el Gobierno habría decidido la distribución de las regalías por Incahuasi a poco de haberse confirmado las reservas del megacampo. Si escuchaba los planteamientos chuquisaqueños, que apuntaban a la propiedad de los yacimientos desde el inicio, hubiera evitado los problemas que se afrontan ahora.

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