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EDITORIAL

Los efectos del incremento

08 Junio 2018CORREO DEL SUR

El Gobierno central afronta, ahora, un conflicto aparentemente liderado por la Universidad Pública de El Alto (UPEA) pero que, en realidad, abarca al sistema universitario en general: la insuficiencia de recursos para afrontar su normal funcionamiento durante la presente gestión.

El conflicto se ha centrado en torno a la UPEA debido a la muerte del estudiante Jonathan Quispe y las movilizaciones que surgieron como consecuencia de esa tragedia. Como apuntamos en este mismo espacio, un muerto suele ser muy oportuno para cualquier conflicto ya que se convierte en bandera, una razón de peso para cualquier negociación.

Hasta antes del 24 de mayo, cuando se produjo el deceso, la negociación por el presupuesto universitario era liderada por el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y fue uno de los temas centrales de discusión en el Congreso Nacional de Universidades que se realizaba en Potosí. Tras conocerse la noticia de la muerte de Quispe, el congreso declaró duelo de 30 días y suspendió sus sesiones por ese tiempo.

Con Jonathan como bandera, la UPEA apareció como la punta de lanza de las universidades. Debido al centralismo con el que se maneja la información desde La Paz, cualquier que vea los telenoticiosos creerá que esa universidad es la que lidera la lucha por el presupuesto universitario y no es así.

En realidad, la Universidad Pública de El Alto representa una fuerte inversión económica para las arcas del Estado ya que, desde su creación, ha crecido aceleradamente y ahora es la que más docentes tiene. No obstante, hasta ahora no existen resultados visibles de ese crecimiento, particularmente en el aporte de sus profesionales al desarrollo nacional.

Una de las razones del conflicto entre el Gobierno y la UPEA es la Ley 195 que en su artículo único dispone que esa universidad recibirá 0.355 % del total de la recaudación en efectivo por coparticipación tributaria que, por razones de jurisdicción departamental y distribución poblacional, debe compartir con la Universidad Mayor de San Andrés. Los alteños saben que eso evita una mayor asignación de recursos a su universidad así que buscan independencia total a la hora de recibir dinero. No toman en cuenta que otras dos universidades que funcionan en el mismo departamento, Tomás Frías y Nacional de Siglo XX, comparten asignación de recursos desde la creación de la última.

En medio de esas movilizaciones, la opinión pública parece haber olvidado que el conflicto no es sólo de la UPEA ya que las 11 universidades estatales necesitan recursos adicionales para su funcionamiento. Si no los reciben, no podrán concluir la presente gestión académica.

En conjunto, las 11 universidades necesitan poco más de 1.200 millones de bolivianos adicionales para terminar sin contratiempos este año. Al escuchar esa cifra, la pregunta que cualquiera se hace es por qué no se previó semejante cantidad a la hora de elaborar el presupuesto 2018. La respuesta es sencilla: la previsión presupuestaria no tomó en cuenta el incremento salarial y mucho menos el doble aguinaldo aprobado por el Gobierno el 1 de mayo de este año; es decir, mucho después de que el presupuesto haya sido elaborado y aprobado.

El incremento es del 5.5 por ciento, irrenunciable para las masas asalariadas de las universidades, y está por encima de la tasa prevista de crecimiento anual pero lo peor no es eso sino el doble aguinaldo, un pago extra, un sueldo 14 que, traducido en números, representa un incremento salarial real superior al porcentaje referido.

Las 11 universidades estatales necesitan 1.200 millones de bolivianos para cubrir el incremento salarial y el doble aguinaldo. Ese es el fondo del conflicto capitalizado por la UPEA.

Las 11 universidades estatales necesitan 1.200 millones de bolivianos para cubrir el incremento salarial y el doble aguinaldo. Ese es el fondo del conflicto capitalizado por la UPEA. 

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