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La transición en la justicia frena la carrera judicial en Bolivia

28 Noviembre 2015William Zolá
MODELO DE GESTIÓN. La carrera judicial es un tema pendiente en el Órgano Judicial que inició un proceso de reformas

MODELO DE GESTIÓN. La carrera judicial es un tema pendiente en el Órgano Judicial que inició un proceso de reformas

830 JUECES

En Bolivia, hay al menos 830 jueces distribuidos en los nueves distritos judiciales y sumando a los vocales superan los 1.000. De ellos, el 80% pertenecen a la antigua carrera judicial, según el Consejo de la Magistratura.

Desde hace casi cuatro años, la carrera judicial en Bolivia está paralizada. La transición en la justicia se prorrogó más de lo debido, la Ley 025 establecía sólo dos años, lo cual perjudica en el proceso de reformas en la justicia, según advierten los entendidos en materia judicial: Si no hay carrera judicial está paralizada la selección de juzgadores por méritos, la capacitación continua, evaluación de desempeño, la estabilidad laboral, una buena remuneración y presupuesto.

La situación es similar en toda la región, las reformas judiciales en algunos países muestran resultados, en otros avanzan lentamente pero todavía no convencen sobre todos los usuarios que sufren un vía crucis al acudir a las instancias judiciales porque no hay garantías de un debido proceso.
En Bolivia, la disposición transitoria tercera de la Ley 025 del Órgano Judicial, establece un proceso de transición máximo de dos años para que los distintos códigos que rigen la administración de justicia sean modificados para adecuarse a esta Ley y sean aprobados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entre tanto, todos los cargos son considerados transitorios.

Además, esta ley, en su artículo 235, establece la carrera judicial para garantizar la continuidad y permanencia de juezas y jueces en el desempeño de la función judicial, en tanto demuestre idoneidad profesional y ética, además de ser evaluado positivamente.

El Consejo de la Magistratura concluyó con la elaboración de los reglamentos de la carrera judicial pero no la puede implementar.

El consejero Wilber Choque admite que hay temas pendientes en el Órgano Judicial boliviano como el inicio de la carrera judicial, la institucionalización de los cargos que no avanzaron debido a la falta de implementación de los nuevos códigos que responden a la nueva realidad del país y se sigue en una fase de transición.

“La carrera judicial es el fundamento de la independencia judicial”, asegura el presidente del Consejo de la Judicatura de Ecuador, Gustavo Jalkh, que fue expositor en el seminario internacional sobre modelos de gestión judicial en Latinoamérica recientemente realizado en Sucre.

Según el experto, si bien la carrera judicial no garantiza el 100% de éxito en el servicio judicial, reduce el riesgo de tener malos jueces a través de una evaluación de desempeño, el sistema de régimen disciplinario y en caso de su país, incluye el sistema de queja del usuario para corregir algunos males.

La experiencia ecuatoriana sobre modelos de gestión judicial, según Jalkh, fue pensada en función al usuario y al funcionario. En cuanto a infraestructura, se construyó ambientes pensando en el usuario no tanto en el funcionario, porque antes con los pocos recursos económicos se hacían grandes y cómodas oficinas para los funcionarios y espacios reducidos para los usuarios.

El funcionario dijo que el juez no requiere de mucho espacio, unos 15 metros cuadrados es suficiente, porque no recibe a los usuarios por prohibición legal.

La carrera judicial es esencial y, quizá, lo más importante sostiene Jalkh que también es miembro directivo de la Universidad Andina Simón Bolívar.
“En la formación inicial y formación continua se juega la independencia, porque la justicia real requiere tener jueces probos y capacitados que no le deban su cargo sino a sus méritos, que pasaron por un proceso de concurso con participación e impugnación ciudadana. Con sus méritos ingresó a la escuela, salió de la misma y está suficientemente capacitado”, recalca.

La carrera judicial si bien no asegura el 100% de éxito en el servicio judicial, pero sí reduce el riesgo de tener malos jueces.
La carrera judicial que no tiene ingreso meritocrático, estabilidad y buena remuneración, capacitación continua, evaluación de desempeño y régimen disciplinario, es incompleta, asegura Jalkh. “Si hay estabilidad y buena remuneración sólo es para el funcionario y no para el usuario; si sólo hay régimen disciplinario y evaluación de desempeño sin estabilidad laboral ni buenos sueldos, sólo se piensa en el usuario y no en el funcionario y esto afecta a la calidad del servicio”, explica.

En la experiencia ecuatoriana, dijo que con la puesta en vigencia de la carrera judicial, con la evaluación de desempeño cuantitativo y cualitativo, aumentó tres veces la productividad de los jueces en cuanto a sentencias.

Con el viejo sistema, ocho jueces producían 15 sentencias al mes y el promedio general del tiempo de tramitación era de 191 días en caso de delitos flagrantes. Pero después de las reformas judiciales que incluyen un nuevo modelo de gestión, los mismos ocho jueces producen 38 sentencias al mes y el promedio de trámite se redujo a 75 días.

También implementaron el juicio directo en delitos flagrantes en penas menores a cinco años, en los que el juez puede sentenciar en 25 días; el juicio directo no depende del imputado como en los juicios abreviados o simplificados en los que el acusado tiene que declararse culpable y allanar el juicio.

Otro de los resultados de una carrera judicial es que revirtieron las estadísticas sobre los detenidos preventivos y los que tienen sentencia. Antes de las reformas, sólo el 30% de los reclusos tenía sentencia frente a un 70%, ahora es al revés, el 70% tiene sentencia y el 30% espera juicio.
La autoridad destacó que esto permitió que Ecuador logre las tasas más bajas de América Latina en cuanto a población penitenciaria porque el sistema procesal penal aumentó en productividad.

Permitió también reducir la estadística de homicidios; antes se daban 25 homicidios por cada 100 mil, ahora sólo ocho.
En Bolivia se mantiene la cifra de un 70% de detenidos preventivos y sólo un 30% con sentencia.

En cuanto a presupuesto, por la conformación del Consejo de la Judicatura con representación de los órganos del Estado, se logró un presupuesto superior al 8% con el que se construyeron infraestructuras y actualmente tienen asignado un 4%; hasta hace algunos años, el presupuesto era menos del 1%.

A diferencia de Ecuador, las limitaciones presupuestarias en la región son similares, Bolivia tiene menos del 1% del Presupuesto General de la Nación.

En Bolivia, el abogado consultor internacional en asuntos de gobernabilidad y democracia en América Latina, Eddie Cóndor, le recordó al presidente Evo Morales, que la crisis judicial es el talón de Aquiles de su proceso. En diez años de Gobierno, iniciado en 2006, el presupuesto del Órgano Judicial se redujo de casi 2% a menos del 1% y en propaganda estatal Bolivia gasta más del 3% del Presupuesto General del Estado.

República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y 700 jueces, por problemas presupuestarios no se ponen en marcha otros tribunales judiciales. Si bien hay una ley que establece un presupuesto de 2.66% (unos $us 250 millones) de los ingresos netos, no se cumple y se asigna sólo $us 120 millones, señala el magistrado Francisco Alberto Arias, juez de primera instancia del Poder Judicial dominicano.

En Guatemala, para 15 millones de habitantes hay 800 jueces y tienen más de 10.000 funcionarios de apoyo, la mayor parte del presupuesto se destina a funcionarios de apoyo y administrativos, asegura el Gerente de Recursos Humanos del Órgano Judicial, Luis Adolfo López.

Para el representante del Poder Judicial de Paraguay, Juan Ramón Bueno Jara, en cuanto a modelos de gestión judicial en la región hay países más avanzados y otros atrasados, pero ninguno se liberó de la corrupción de algunos malos jueces.

“Si hay malos jueces es porque los consejos de la judicatura o los consejos de la magistratura no estamos haciendo bien nuestro papel”, sostiene.
El Consejo de la Magistratura recibió cuestionamientos por el proceso de selección de jueces y de conciliadores en medio de sindicaciones de corrupción que aún siguen en investigación en la Fiscalía.

La consejera de la Magistratura Willma Mamani asegura que la Sala Plena designó al 20% de los más de 830 jueces a nivel nacional, el resto es parte del anterior sistema y asegura respetaron los mejores puntajes de los postulantes. Agregó que la carrera judicial no entra en vigencia precisamente por la resistencia de los propios jueces.

Ante los últimos cuestionamientos al proceso de selección de jueces, el consejero Wilber Choque propone nuevas reglas que complementen al actual sistema por concurso de méritos, examen de competencia y designación, incluir una entrevista pública por autoridades de la universidad y el foro de abogados. Todas las reformas se definirán en la Cumbre Judicial.

Supremo pide revisar ley del Órgano Judicial
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, propone revisar la ley 025 de Organización Judicial, porque con la antigua ley la elección de jueces comenzaba en el extinto Consejo de la Judicatura que evaluaba y calificaba, pero la designación estaba en manos de los tribunales departamentales de cada distrito. “Era una selección más democrática y equilibrada, hoy, en cambio, el Consejo de la Magistratura, evalúa, califica y designa; es juez y parte”, remarcó

Por su parte, el presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Chuquisaca (ICACH), Armando Cardozo, asegura que en nueve años de transición aún no se ha logrado regular adecuadamente el funcionamiento del Órgano Judicial. “En la administración pública se daban 100 días de transición entre Gobierno y Gobierno, pero en el judicial llevamos varios años de transición y no hay certidumbre en la designación de jueces”, puntualiza.

Bueno plantea mejorar la selección
Dos expertos judiciales plantean mejorar el sistema de selección de jueces y enfatizar en las políticas públicas.

El representante del Poder Judicial de Paraguay, Juan Ramón Bueno Jara, plantea mejorar el sistema de selección, sanciones y alejamiento de los magistrados que no cumplen bien sus funciones para lograr una mayor eficiencia en la justicia.

Bueno Jara sostiene que para lograr la independencia judicial, mediante una carrera judicial se debe limpiar a todos los malos jueces y mantener a los buenos, procurar que aquellos que se entreguen en el servicio, cumplan con su papel y el magistrado se sienta libre de presión y el sistema le otorgue legitimidad.

“Yo fui juez, me sacaron de mi juzgado porque un Presidente de la República me pidió un Amparo que no le dí, le saqué en contra”, manifestó.  
Su colega Elías Santini, del Poder Judicial de República Dominicana, asegura que los países de la región coinciden en la falta de políticas públicas para que la sociedad perciba cuál es el trabajo de los consejos de la magistratura o del Poder Judicial.

“La mayoría de los países tienen buenas normas y bases legales enmarcadas en la Constitución Política del Estado sólo que faltan políticas públicas”, enfatizó.

Agilidad

"El siglo XXI tiene que ser del poder judicial para consolidar la democracia donde se respeten los derechos, agilidad y servicio público, basados en la legitimidad y su independencia. Soy legítimo cuando respondo a las necesidades ciudadanas y soy independiente cuando tengo mayor legitimidad".
Gustavo Jalkh
presidente CONSEJO DE LA JUDICATURA

CARGA PROCESAL. Los juzgados siguen repletos de expedientes en trámite. SEMINARIO. Los representantes de los consejos de la Judicatura y Magistratura reflexionaron sobre modelos de gestión
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  • Panorama
  • transición, justicia, carrera, judicial, Bolivia

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