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Justicia boliviana otra vez en la mira por la violación a derechos

16 Julio 2017Javier Aliaga/EFE
CUESTIONADOS. Cuatro jueces fueron destituidos por los casos del inocente sentenciado y la niña expuesta ante su...

CUESTIONADOS. Cuatro jueces fueron destituidos por los casos del inocente sentenciado y la niña expuesta ante su...

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La población boliviana acudirá en diciembre a elegir a los nuevos magistrados para sustituir a los que salieron ganadores en 2011 también con el voto popular y cuya actuación ha sido objeto de críticas y acusaciones durante su gestión.

La condena de un inocente a 30 años de prisión sin derecho a indulto y el caso de una niña de ocho años obligada a confrontar en una audiencia al hombre que la violó mostró que la crisis de la justicia del país parece no tener límites.

Los graves problemas de la administración de la justicia en el país, que afectan los derechos humanos, no son nuevos pero se han agravado al no haber funcionado las reformas aplicadas por el Gobierno de Evo Morales, como reconocen las propias autoridades.

Aunque los cuatros jueces implicados en esas decisiones han sido destituidos la anterior semana y serán sometidos a procesos penales planteados por el mismo Estado, los casos exponen una debilidad estructural preocupante porque abarca a varios actores.

El caso de la niña que compareció a una audiencia frente a quien la violó hace tres años ha estremecido a la sociedad, que conoció del caso por la grabación de un canal en la que se escucha a la menor relatar con llanto la agresión ante dos jueces y el acusado.

La abogada y activista feminista Julieta Montaño, reconocida por haber dado asistencia jurídica a centenares de mujeres en el país dijo que el caso de la niña prueba que nadie en la audiencia estaba convencido sobre cómo se deben proteger sus derechos.

El fiscal del caso, la representante de la Defensoría de la Niñez y el abogado de la menor podían haber rechazado su comparecencia ante el agresor en la audiencia, pero no lo hicieron.

Aunque luego la Defensoría denunció a los jueces, entre ellos una mujer, nunca debió producirse esa audiencia como se hizo.

"A mí me preocupa la ignorancia, la incapacidad, la falta de compromiso de quienes supuestamente representan a las víctimas", dijo Montaño, directora de la privada Oficina Jurídica de la Mujer.

Para el ministro de Justicia, Héctor Arce, es incomprensible que los jueces actúen al margen de las leyes y causen "vergüenza" al desconocer toda la normativa aprobada para defender a la niñez.

"Se han desconocido todos los valores, principios y mecanismos legales que con tanto sacrificio se han trabajado", dijo Arce.

Las normas que aprobó Bolivia sobre protección de derechos civiles y sociales, en particular de las mujeres, constituyen un avance reconocido internacionalmente, pero son varios los casos en los que hay mucha distancia entre lo que dice la ley y su cumplimiento.

"Estamos viviendo con un doble mensaje, el mensaje que dan las leyes y el mensaje que dan los hechos", agregó Montaño, que no ve "voluntad política" para aumentar los presupuestos y contratar gente con competencias para hacer respetar los derechos de las víctimas.

El otro caso que ha provocado una reacción generalizada de rechazo es el de Reynaldo Ramírez, detenido en 2015 y condenado a 30 años de prisión sin derecho a indulto acusado del asesinato en 2014 de una mujer de 22 años, a quien ni siquiera conocía.

Ramírez vivía en una ciudad distinta a aquella donde se cometió el crimen y el día en que ocurrió sufrió un accidente de tránsito.

El hombre, de 30 años, dijo que unos policías lo torturaron para tratar de que confiese el crimen, que fue expuesto ante los medios como criminal, que el fiscal del caso ni siquiera le tomó declaraciones, que los jueces nunca valoraron sus descargos que probaban que el día del crimen estaba ingresado en un centro médico.

El fiscal también ha sido destituido y será procesado penalmente.

El caso pudo ser aclarado porque los hermanos de Ramírez hicieron su propia investigación hasta hallar estos días al concubino de la víctima, que fue el autor del crimen, con la ayuda de un agente de Policía que siempre tuvo dudas sobre la culpabilidad del acusado.

El agente que ayudó a aclarar el caso, Cristian Sánchez, dijo que investiga otras tres condenas a presuntos inocentes, pero varios abogados hablan de muchos más.

Según el ministro Arce, es posible que este sea uno de "los casos de injusticia más graves que ha debido ocurrir en la historia de la humanidad".

Los casos han despertado una mayor sensibilidad en la sociedad sobre el tema ahora que el Legislativo debate un proceso de selección de candidatos a máximos magistrados, que ha provocado graves enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.

La población acudirá en diciembre a elegir a los nuevos magistrados para sustituir a los ganadores en 2011 también con el voto popular y cuya actuación ha sido objeto de críticas.

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