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Venezuela, Estado policiaco

30 Julio 2017Jessica Querales
REPRESIÓN. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehenden a un manifestante durante los recientes...

REPRESIÓN. Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aprehenden a un manifestante durante los recientes...

EXIGENCIA

Los venezolanos exigen a los policías que "se comporten" como funcionarios de seguridad y que no actúen de manera "vil y brutal" contra ciudadanos indefensos.

Efectivos de las fuerzas del orden de Venezuela arremetieron en los últimos días contra complejos residenciales en varias zonas de Caracas, derribando portones y postes de luz para agredir luego a algunos vecinos, que denuncian "terror" por abusos y disparos contra los inmuebles.

Durante la huelga general de 48 horas convocada por el antichavismo esta semana, se constató destrozos en varias zonas de Caracas donde según los vecinos no hubo choques con los cuerpos policiales, que sin embargo arremetieron con camiones blindados contra varias propiedades.

En la urbanización Las Antiguas de Palo Verde, una zona del este capitalino rodeada por la favela más grande de Latinoamérica –Petare–, dos tanquetas del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro golpearon durante la noche del miércoles repetidas veces el portón de entrada hasta derribarlo.

Una vez adentro, y mientras niños rodaban bicicletas y algunos vecinos conversaban en las afueras de sus residencias, los policías dispararon contra vehículos estacionados cuando avanzaban hasta la casa de quien aseguraban era un médico que supuestamente atiende heridos durante los enfrentamientos con las fuerzas policiales.

Sin embargo, esta información fue desmentida por los habitantes de las casas afectadas, que aseguraron que ni en esa casa ni en el resto del conjunto residencial vive algún médico que haya tratado a manifestantes heridos.

"Eso es totalmente falso, (...) aquí no hay ningún galeno que esté prestando servicio médico a la resistencia", aseguró un joven vecino al referirse a los manifestantes que se enfrentan a los funcionarios de seguridad que también sufrió agresiones y prefirió el anonimato por temor a "represalias" contra él o sus vecinos.

"Fue simplemente un ataque desmedido", dijo.

Este vecino aseguró que los agentes lo golpearon a él y a su padre, y que querían llevarse a personas detenidas, pero no lo lograron.

"Fue sumamente brutal, nos golpearon. A mi papá le dieron una patada, lo tumbaron al piso (...). Uno de ellos se bajó y disparó contra la puerta" de una vivienda, dijo el joven que resaltó que estos agentes portaban armas de fuego cortas y largas, y además lanzaron gases lacrimógenos contra ellos.

A lo largo del sector Palo Verde, se constató varios destrozos semejantes. Al menos dos portones de dos edificios distintos fueron tumbados por estas tanquetas, y varias estructuras del lugar mostraban en sus paredes los orificios producto de los disparos.

Los vecinos señalaron que no hubo víctimas mortales ni heridos, solo pérdidas materiales, pero resaltan que pasaron una noche de "terror".

Algo parecido sucedió en el centro de Caracas, en La Candelaria, una zona en la que los choques entre manifestantes y fuerzas del orden se sirven casi a diario, sobre todo en horarios nocturnos.

Una habitante del lugar dijo que un camión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), conocido como "ballena" por los chorros de agua que arroja, golpeó repetidas veces el portón de un edificio hasta tumbarlo.

La señora Arleti Ramírez rechazó lo que calificó de "amedrentamiento" y criticó la actuación de los policías.

"Causan terror (...). Esta es una zona donde viven ancianos, niños, tú no puedes agredir a toda una población cuando aquí hay cualquier cantidad de pacientes enfermos, aquí está la Cruz Roja, aquí está la clínica", dijo.

La Fiscalía venezolana ha denunciado en repetidas oportunidades los excesos que cometen los funcionarios policiales durante las protestas opositoras que comenzaron el pasado 1 de abril y que han dejado a su paso al menos 105 fallecidos, entre ellas el mal uso de los mecanismos de contención como perdigones y gases lacrimógenos.

El pasado 24 de mayo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, confirmó que la muerte de uno de ellos, el joven Juan Pernalete, se debió al impacto de un cartucho de gas lacrimógeno disparado directo a su pecho el pasado 26 de abril.

Sin embargo, y a pesar de que el Gobierno ha asegurado que los agentes responsables de daños y muertes serán puestos a disposición de la ley, los abusos se siguen conociendo.

Entretanto los venezolanos exigen a los policías que "se comporten" como funcionarios de seguridad y que no actúen de manera "vil y brutal" contra ciudadanos indefensos. 

El Gobierno detiene a un promedio de 40 personas cada día

Una media de 40 personas, en su mayoría estudiantes, son detenidas cada día en Venezuela por delitos como "terrorismo" o "insurrección" desde que empezara el 1 de abril la presente ola de protestas para exigir la renuncia del presidente Nicolás Maduro, en las que han muerto más de 100 personas.

Según datos de la ONG Foro Penal Venezolano (FPV), más de 4.500 personas han sido detenidas desde entonces por la Policía, la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), de las que unas 1.200 siguen entre rejas.

"Hay arrestos en protestas en barricadas, como ahora se están llevando a cabo arrestos dentro de los domicilios", dice Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, cuyos abogados han llevado más de tres cuartos de los casos de unas detenciones que califican de abusivas e ilegales.

Romero se refiere a las barricadas con que algunos manifestantes cortan calles y se enfrentan con piedras y a veces cócteles molotov y artefactos pirotécnicos a las fuerzas del orden que dispersan las concentraciones ciudadanas con perdigones de goma y bombas lacrimógenas.

"Los denuncian vecinos que están con el Gobierno y van y les señalan", explica Romero sobre el origen de unas listas confeccionadas también con la identificación de quienes responden con violencia a las arremetidas de la Guardia.

"Pero también hay casos donde se llevan a personas que no tienen nada que ver", aclara.

Loymar Ramos, de 36 años, fue detenida el 13 de junio por una treintena hombres del SEBIN armados, con pasamontañas y vestidos de negro cuando regresaba del trabajo.Permaneció 37 días en una cárcel común.

DEPRIMIDA. Vista de una calle en uno de los barrios pobres de la capital venezolana.
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