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Bolivia va a su segunda elección judicial por voto popular

03 Diciembre 2017CORREO DEL SUR, Agencias y El Deber
ELECCIONES. Los ciudadanos votarán ahora en dos papeletas, una de circunscripción nacional para magistrados del...

ELECCIONES. Los ciudadanos votarán ahora en dos papeletas, una de circunscripción nacional para magistrados del...

ELECCIÓN POR VOTO

La primera elección por voto popular se desarrolló el 16 de octubre de 2011 y las primeras autoridades del nuevo Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional fueron posesionadas en enero de 2012.

El proceso de preselección estuvo signado por cuestionamientos, a los que siguieron las denuncias de campaña de los aspirantes a magistrados. Sus predecesores se van culpabilizados de la crisis en el Órgano, incluso desde el mismo Gobierno.

Hoy, domingo 3 de diciembre, los bolivianos acuden a las urnas para elegir a 52 autoridades judiciales y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), 26 titulares y 26 suplentes: tres para el Consejo de la Magistratura, cinco para el Tribunal Agroambiental, nueve para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y nueve para el TCP, que serán electas de 96 postulantes que pasaron los procesos de preselección y selección en una comisión de la Asamblea Legislativa el 1 de septiembre.

Según la información del Órgano Electoral, están en las papeletas de sufragio 14 postulantes para el Tribunal Agroambiental, diez para el Consejo de la Magistratura, 36 para el TSJ y 36 para el TCP, de los cuales se tiene que elegir a los 26 magistrados y consejeros y el mismo número de suplentes.

Bolivia experimenta el segundo proceso de estas características. En octubre de 2011 se desarrolló la primera elección judicial mediante el voto popular, que arrojó las autoridades cuya gestión de seis años termina en medio de cuestionamientos porque no garantizaron un cambio en la justicia, según admitió el mismo Gobierno, impulsor de la elección.

Estas observaciones llevaron a pensar inicialmente que la Cumbre Judicial, realizada en junio de 2016, determinaría anular la elección de los magistrados por voto popular, pero ello no ocurrió. En la recta final de la gestión de los magistrados, continuaron las denuncias de presunta corrupción, que salpicaron sobre todo al Consejo de la Magistratura; las acusaciones de supuesta sumisión al poder político, que apuntaron al Tribunal Constitucional Plurinacional más que a otros órganos; y las pugnas internas en todas las instituciones.

Con este clima, la Asamblea Legislativa inicialmente fijó estos segundos comicios para el 22 de octubre, pero fueron postergados debido a que en el proceso de preselección de candidatos no se llenaron los cupos que exige la ley para ocupar cargos en el TSJ y el TCP.

DOS PAPELETAS

Hoy, 3 de diciembre, el elector recibirá dos papeletas de sufragio: una de circunscripción nacional y otra de circunscripción departamental; la primera papeleta para elegir a las autoridades del Consejo y del Agroambiental y la segunda para las cuatro candidaturas al TSJ y del TCP.

La ley establece tres formas de votar: el voto válido en el que el elector realiza un signo, marca o señal visible, dentro del espacio destinado a la candidata o candidato, sin trascender el espacio. El voto blanco, cuando el elector no deja signo, marca o señal en la columna o franja de votación. El voto nulo, cuando el elector marca signos o expresiones fuera de la casilla asignada al candidato o cuando realiza marcas o signos en más de una casilla de voto.

De acuerdo con el vicepresidente del TSE, José Luis Exeni, se imprimieron 6,5 millones de papeletas de alcance nacional e igual número de papeletas de alcance departamental, lo que hace un total de 13 millones de papeletas para este proceso.

Exeni adelantó que hasta las 21:00 de hoy, domingo, el TSE liberará resultados al 80% de la votación de las elecciones judiciales mediante el Sistema de Transmisión Rápida y Segura de Actas, similar al conteo rápido, paralelo al cómputo oficial. Esta modalidad, que ya se puso en práctica por primera vez en el referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 aunque los resultados no fueron del todo públicos, tiene como base la transmisión de fotografías de las 30.309 actas de escrutinio, de igual cantidad de mesas de sufragio, que 4.636 operadores, la mayoría jóvenes, enviarán a una central del TSE a través de una aplicación de teléfono móvil.

De manera oficial, el Órgano Electoral realizó la difusión de méritos de los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional para que el electorado conozca al candidato, evalúe su formación, experiencia y visión de la institución, aspecto que no logró satisfacer las expectativas de los electores, según el criterio de las voces de la oposición. Al margen, cada postulante realizó la difusión que creyó conveniente aunque en medio de denuncias de inducción al voto, que no estuvo permitida.

¿Y LAS INSTITUCIONES?

El Tribunal Agroambiental estará integrado por cinco magistrados titulares y cinco suplentes, actualmente son siete, pero a través de una ley modificatoria se disminuyeron dos. Continuarán con dos salas de dos miembros cada una, porque el Presidente no conforma sala.

La ley establece que el Agroambiental imparte justicia en materia agraria, pecuaria, forestal, ambiental, aguas y biodiversidad, empero, siguió tramitando solamente temas agrarios por falta de un código procesal que la Asamblea Legislativa no logró aprobar en los últimos años.

El Consejo de la Magistratura tendrá tres consejeros titulares y tres suplentes, actualmente tiene cinco, con atribuciones para resolver y decidir los aspectos disciplinarios de los vocales, jueces y personal administrativo, de control y fiscalización, políticas de gestión y recursos humanos.

Puede promover la revocatoria de mandatos de los magistrados del TSJ y del Agroambiental que cometan faltas gravísimas en el ejercicio de sus funciones y administrar la dirección de Derechos Reales. En estos seis años no promovieron ninguna revocatoria.

El TSJ, conformado por nueve magistrados titulares y la misma cantidad de suplentes, es la máxima instancia del Órgano Judicial, que conoce y resuelve mediante los tribunales departamentales de justicia y jueces ordinarios procesos en materia familiar, penal, civil, comercial, laboral, seguridad social y otros. Además tiene entre sus atribuciones juzgar al Presidente y Vicepresidente del Estado por delitos cometidos en el ejercicio de funciones.

Este alto tribunal planteó incrementar a 18 el número de magistrados para atender los juicios de responsabilidades y otros procesos, pero la Asamblea Legislativa no dio curso a esa solicitud.

El TCP incrementará la cantidad de magistrados de siete a nueve con lo que tendrá cuatro salas de dos magistrados y un presidente (ahora tiene tres salas). Por Ley el TCP es el garante, controlador e intérprete de la Constitución Política del Estado, sus decisiones y sentencias son vinculantes y obligatorias.

PRESELECCIÓN Y SOCIALIZACIÓN

El reglamento de preselección de candidatos a magistrados fue el más cuestionado por los diferentes sectores del país, entre ellos, la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (AMABOL) que denunciaron intereses políticos en este proceso.

David Rosales, presidente de AMABOL, recordó que se presentaron sugerencias a la Asamblea Legislativa para fortalecer la selección mediante la conformación de un comité integrado por miembros de organizaciones sociales, académicas y civiles, entre ellas las universidades públicas y privadas y los colegios de abogados, pero no fueron tomados en cuenta.

El sistema universitario participó dividido en el proceso; la casa de estudios que más lo cuestionó fue la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz (UMSA), cuyo rector Waldo Albarracín se marginó, lamentando que el sistema universitario incurriera en errores al designar a profesionales cuestionados para que evaluaran a los postulantes.

Con todo, el proceso siguió su curso y terminó arrojando 96 candidatos.

Empezó entonces una nueva etapa: el periodo de socialización de propuestas, caracterizado por denuncias de campaña.

Para evitar ser inhabilitados, los candidatos recurrieron a terceras personas para hacer campaña, quienes no solamente entregaron panfletos y volantes sino que incitaron a votar por ciertos candidatos haciendo referencia a su perfil.

Otros se respaldaron en algunas organizaciones que a través de sus dirigentes pidieron el voto para ciertos candidatos, según se pudo evidenciar en videos y fotografías que fueron denunciados ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) que rechazó las mismas porque, dijo, no halló pruebas de una campaña directa de los candidatos sino de terceras personas.

El TED remitió una denuncia de presunto delito electoral al Ministerio Público que rechazó la investigación porque en la misma no se especificó a los presuntos autores de la campaña y menos el lugar dónde habría sido grabado el hecho.

De seis denuncias contra dos candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, ninguna prosperó porque no se identificó a los candidatos haciendo campaña personalmente.

Para muchos ahora ser funcionario público es tener una cierta militancia con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Bajo esa lógica, la oposición denunció que el 76% de los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional tiene vínculos con el Gobierno. El oficialismo recrimina esa postura y pidió no obstaculizar el derecho que tienen los servidores públicos.

Con esos antecedentes, hoy es el turno de los electores.

52 magistrados

En la segunda elección de este domingo 3 de diciembre, los bolivianos elegirán de 96 postulantes preseleccionados por la Asamblea Legislativa a 52 nuevos magistrados, 26 titulares y 26 suplentes.

Habilitados

6,5 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en todo el país están habilitados para ejercer el derecho al voto.

Más tribunos

9 serán los magistrados para el Tribunal Constitucional Plurinacional, el único que incrementó el número de miembros de Sala Plena.

 

JUSTICIA. Las antiguas instituciones del Poder Judicial cambiaron de denominativo y son parte del nuevo Órgano Judicial
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