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Indígenas y medio ambiente: Derechos reconocidos, pero no respetados

17 Diciembre 2017La Paz/ANF
Indígenas y medio ambiente: Derechos reconocidos, pero no respetados

Indígenas y medio ambiente: Derechos reconocidos, pero no respetados

En 2017, el Estado Boliviano tuvo varios problemas en torno a conflictos con indígenas y medioambiente, dos temáticas vinculadas porque el indígena no siempre se ha resignado a ver avasallados sus territorios ancestrales, ni se ha mantenido en silencio ante una política extractivista orientada a cambiar el medio ambiente por un supuesto desarrollo.

Tres hechos marcaron este año la agenda mediática sobre movimientos indígenas por la defensa de sus recursos y sus territorios: el TIPNIS nuevamente con el dilema de la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos; exploración petrolera en Tariquía y el pueblo mojeño y la defensa de su territorio.

La CPE

Artículo 30, II, 15. (Los indígenas tienen derecho a)

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

Caso Tipnis

El dilema de la carretera

El 3 de julio, grupos indígenas afines al Gobierno presentaron ante la Asamblea Legislativa el proyecto “Ley de Protección, Desarrollo Integral y Sustentable del TIPNIS” con el que solicitaron la derogatoria de la Ley 180 del 2011 que concedía la intangibilidad de aquel parque nacional, y frenaba en seco la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos - Villa Tunari por medio de la reserva natural y territorio indígena.

Las expresiones de indignación y protesta se reactivaron en el país porque, como en anteriores ocasiones –aunque con menos fuerza–, se desconocía muchos de los artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), particularmente el numeral 15 del parágrafo II del artículo 30 referido a la gestión territorial autónoma de los indígenas.

Pero aun así, las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron el proyecto y lo remitieron al Ejecutivo para su promulgación.

Mientras el descontento y la movilización de indígenas, activistas y ciudadanía se incrementaban, el 13 de agosto la Ley 969 fue promulgada en Trinidad por Evo Morales, eliminando la condición de “intangibilidad” del TIPNIS.

Los indígenas del TIPNIS, que resisten el avasallamiento del Gobierno a su territorio y organizaciones de base, llevaron su denuncia ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza en Bonn (Alemania) en noviembre, entidad que solicitó al gobierno de Morales se “imponga una moratoria” a la propuesta de construcción de la carretera y puentes por medio del TIPNIS.

También hay una demanda contra la Ley 969 que podría tener sentencia estos días en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Caso Tariquía

¿Desarrollo a muy alto costo?  

El 24 de abril de este año, decenas de activistas y habitantes de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, territorio ubicado al sureste del departamento de Tarija, iniciaron una marcha desde aquella zona rumbo a la capital tarijeña en rechazo a las exploraciones sísmicas 2D que el Estado boliviano ya tenía pensado iniciar en el área de San Telmo y Astillero.

El Ministerio de Hidrocarburos se manifestó en contra del movimiento minimizándolo y acusando a muchos de sus participantes, activistas ambientales específicamente, de tener afanes políticos. Además argumentó que las exploraciones contaban con la aprobación y apoyo de varias comunidades de la provincia O’ Connor, quienes “son los que deciden sobre los proyectos que se hacen en su territorio y no agentes externos”.

Sin embargo, los movilizados reclamaron desde el principio no haber sido partícipes de una “consulta previa” sobre estos trabajos de exploración como lo especifica en el artículo 30, parágrafo II y numeral 15 de la CPE, en el que se cita que las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho a “ser consultados mediante procedimientos apropiados”.

Pese a la resistencia de los indígenas y campesinos, la petrolera Bolpegas ingresó en julio pasado a la reserva y comenzó con el estudio magnetotelúrico que, según la empresa, contaba con el aval del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y algunas comunidades.

Pasados unos meses y tras haberse desarrollado un estudio, la Pastoral de la Tierra, Ecología y Medio Ambiente de la Iglesia Católica en Tarija y la Subcentral de Tariquía, señalaron que la afectación alcanzaría al 55% de la superficie total de la reserva, ya que los resultados del estudio fueron aparentemente positivos.

A ello se suman dos preocupaciones: la intención de poner en marcha el proyecto hidroeléctrico Cambarí, y la realización de un proyecto turístico impulsado por una empresa argentina, que sería retomado pese al rechazo de seis comunidades.

Para el secretario de Recursos Naturales de la Subcentral Tariquía, Francisco Romero, la situación no es muy alentadora porque este año pudieron evidenciar que el Gobierno sólo está interesado en la generación de ganancias económicas a merced de la eliminación de la reserva.

“Con las exploraciones y la futura explotación hidrocarburífera, la construcción de la represa de Cambarí y esos proyectos de turismo, terminaríamos con la reserva”, manifestó Romero a ANF, quien anunció una reunión con vistas a un congreso orgánico y una marcha hacia La Paz.

Caso TIM

La reivindicación de los territorios del pueblo mojeño  

El pasado 5 de julio los pueblos mojeños (ignaciano y trinitario) movima, yuracaré y chimán iniciaron la denominada “Caminata de reafirmación de nuestro derecho histórico sobre el área del Bosque de los chimanes” que partió desde la comunidad de Santa Rosa del Apere, localidad ubicada a 35 kilómetros de San Ignacio de Mojos, y recorrió gran parte del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) para volver al mismo punto de partida.

Para los marchistas era más que una simple caravana, era retomar la misión ancestral de sus abuelos en la “búsqueda de la Loma Santa”, una creencia que sobrevivió al tiempo y que nuevamente fue asumida por el peligro que ven sobre su territorio que podría ser declarado “tierra fiscal” por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Para Ismael Guzmán, técnico del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), se repite la historia que ocurrió hace varios años cuando empresas madereras ingresaron a estos mismos territorios para explotar sus recursos y obtuvieron una concesión, por al menos 20 años.

En este caso particular el Estado boliviano estaría yendo en contra del parágrafo III, del artículo 394 de la CPE, la cual cita que “el Estado reconoce protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino”.

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  • Panorama
  • indígenas, medio ambiente, derechos

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