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LOS CLAROSCUROS EN LAS INVESTIGACIONES DE CASOS COMPLEJOS

Personas "condenadas" por "errores" judiciales y policiales

13 Mayo 2018La Paz/ANF
CRIMEN. Peritos y personal de la Policía rescatan los restos de Carla Bellot y Jesús Cañizares en un baldío del río Orko

CRIMEN. Peritos y personal de la Policía rescatan los restos de Carla Bellot y Jesús Cañizares en un baldío del río Orko

IDENTIKIT

El joven Marcelo Beltrán fue identificado por la Policía como sospechoso de la segunda explosión ocurrida en la ciudad de Oruro que dejó un saldo de varios muertos el 13 de febrero.  No obstante, asegura que el identikit elaborado en la investigación es falso.

La historia de estas personas refleja cómo la vulneración a la presunción de inocencia, tanto por la justicia como por la sociedad, puede condenar erróneamente y ocasionar daños irreparables a ciudadanos quienes, además de ser mellados en su imagen y honor, también pierdan sus familias, empleos, amigos y son catalogados a los ojos de los demás como delincuentes.

Uno de los casos más bullados es el del médico Jhiery Fernández, el médico condenado sin evidencias científicas a 20 años de prisión por la muerte del bebé Alexander, de ocho meses, hecho ocurrido en La Paz.

El 13 de noviembre de 2014, Alexander murió a raíz de un paro cardiorespiratorio. Sin embargo, la autopsia practicada al menor reveló un sangrado profuso por la región anal, por lo que el Ministerio Público estableció que r fue víctima de violación y acusó por ese hecho al médico Jhiery Fernández.

El 16 de diciembre de 2014, Fernández fue cautelado y detenido preventivamente en el penal de San Pedro y desde entonces denunció un linchamiento mediático y social que le priva del derecho a presentar descargos en su defensa.

El pasado 27 de marzo, el Tribunal Decimo de Sentencia de La Paz lo condenó a 20 años de prisión por el delito de violación, aunque la medida fue apelada por su defensa.

Pese a que los policías investigadores alegaron que faltaban pericias para aclarar el hecho y que la misma autoridad judicial reconoció que no se presentaron evidencias científicas, el Tribunal emitió la condena.

Cristian Alanes, abogado del acusado, insiste en que no hay pruebas plenas para la sentencia por violación y denuncia que durante el proceso no se le permitió presentar los descargos que demostrarían la inocencia de su defendido.

Otro caso de gran repercusión mediática fue el asesinato de los jóvenes Carla Bellot y Jesús Cañisaire.

El 1 de enero pasado, la pareja desapareció sin dejar rastro del local conocido como Planta Baja, en la zona sur de La Paz, donde acababan de celebrar la fiesta de Año Nuevo. Luego de varios días de búsqueda intensa, sus cuerpos fueron hallados en un embovedado del río Orkojawira con signos de violencia. La autopsia estableció que fueron asesinados brutalmente, y que Carla fue ultrajada sexualmente antes de morir.

En las investigaciones iniciales, la Policía detectó a personas que tendrían relación con los teléfonos móviles de las víctimas y, en ese contexto, fue capturada Graciela Cuti, una comerciante de El alto que fue vinculada al caso porque tenía en su poder el celular de Carla. Al parecer, la mujer habría comprado el aparato de las personas implicadas en el crimen.

"Pido que saquen los antecedentes penales (que me hicieron) no quiero tener eso porque yo nada tengo que ver con el caso de los jóvenes (...) Yo vendo en El Alto y este caso me ha afectado mucho; la gente me mira y piensan que yo soy delincuente, se imaginan muchas cosas de mí y yo quiero limpiar mi imagen", relató. Finalmente, Cuti fue sobreseída en este caso. También, los investigadores involucraron en una primera fase a Jhoseline Quisbert, una universitaria que fue hallada en posesión de uno de los teléfonos móviles.

Días después, las investigaciones concluyeron en que los asesinos de la joven pareja fueron los hermanos Eliot e Israel León Fernández.

Asimismo, el 28 de agosto de 2017 el profesor de matemáticas Víctor Hugo Z. P. fue acusado de violar a una alumna de 16 años en un colegio de La Paz.

El maestro fue aprehendido y dos días después del supuesto hecho fue detenido preventivamente en la cárcel San Pedro.

A raíz del hecho fue alejado de su fuente laboral y el profesor alegó que mellaron su imagen con esta acusación porque no incurrió en ningún hecho de violación.

El abogado del acusado, Esteban Gutiérrez, indicó que la víctima habría inventado la violación para abortar de manera legal, debido a que se habría embarazado en una relación con otro hombre.

Tras presentar todos esos indicios Víctor Hugo fue liberado con medidas sustitutivas y ahora busca que el Ministerio Público emita su sobreseimiento de este caso.

En las redes sociales, la presunción de culpabilidad es viral

Las Redes Sociales como WatsApp, Facebook, Twitter e Instagram principalmente son canales por donde se difumina gran cantidad de datos vía fotos, videos y textos muchas veces con el objetivo de desprestigiar a una persona para que sea condenada por el "tribunal de la opinión pública" anticipando la culpa.

En las redes sociales la información toma un ritmo acelerado mucho más veloz que la radio podría decirse, si bien su uso tiene varios beneficios como hacer amigos, buscar personas desaparecidas, ofrecer productos para llegar a millones de personas también se utiliza como una herramienta para condenar anticipadamente a personas.

Muchas veces víctimas de la injusticia al no ser oídos ni atendidos por autoridades judiciales o por medios de comunicación recurren a las redes sociales para exigir justicia y culpando anticipadamente por un delito a personas específicas.

"Se ha puesto de moda la presunción de culpabilidad eso también ha sido por una necesidad social de la forma en que se ha ido manejando la justicia", refirió el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

Explicó que el solo hecho de publicar una imagen de un sindicado en un delito ya es vulnerar la presunción de inocencia y en ese sentido las redes sociales toman un papel importante en la psique colectiva de la sociedad.

Blanco dijo que aún falta madurez y formación en valores en algunas personas para el uso adecuado de las redes sociales porque muchas veces se usan estas herramientas para eliminar a un adversario, para dañar una imagen, para desprestigiar a una persona frente a la sociedad.

Los que aparecen acusados directamente figuran como responsables y culpables de un hecho sin siquiera haber sido juzgados.

"En el boom de la opinión pública fogoneada desde las redes sociales, hemos retornado a la presunción de culpabilidad", manifestó el periodista Andrés Rojas.

En las redes circulan imágenes extraídas de las mismas cuentas privadas de las redes sociales y utilizadas por la red sin ninguna autorización, muchas veces se crean incluso cuentas falsas para denigrar el honor de las personas.

Ante esta situación los únicos mecanismos de defensa utilizados por los internautas son bloquear a desconocidos, tomar mayores medidas de seguridad en su cuenta, reportar publicaciones indebidas o dañinas, sin embargo una vez publicada una información falsa o condena anticipada difícilmente puede borrarse tal publicación.

Tampoco las actuales normas jurídicas del país establecen algún tipo de sanciones específicas o controles en este tipo de ámbitos, entonces solo se las asume de manera paralela a un delito para tipificar algún delito como ser estafa vía internet, pornografía, entre otros, según el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

"Específicamente no (está normado), pero hay delitos que de alguna forma se adaptarían", manifestó Blanco.

Máxima pena

Reynaldo Ramírez Vale, el inocente condenado a 30 años de prisión por feminicidio, espera un resarcimiento del Estado después de que la justicia diera con el asesino confeso de la muerte de Verónica Menacho Chilo, de 22 años, ocurrida el 11 de mayo de 2015 en Santa Cruz.

 

En las redes sociales, la presunción de culpabilidad es viral
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