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La noticia de Incahuasi en 2004: ¿Cómo empezó todo?

20 Mayo 2018Sucre/CORREO DEL SUR
La noticia de Incahuasi en 2004: ¿Cómo empezó todo?

La noticia de Incahuasi en 2004: ¿Cómo empezó todo?

HALLAZGO

2004 fue el año en que se conoció de que Incahuasi era productivo, desde entonces poco hizo la región por reivindicar la copropiedad del reservorio.

Entonces, YPFB ya hablaba de campo gasífero compartido tras la perforación en territorio cruceño a escasos metros del límite con Chuquisaca. Mesa pedía solidaridad a Santa Cruz sobre la base de las leyes, ante el rechazo del cívico Costas

 

La primera semana de octubre de 2014, Sucre conoció la noticia del hallazgo de gas en el campo Incahuasi, actualmente declarado de pertenencia exclusiva de Santa Cruz, sobre la base de límites que Chuquisaca cuestiona. Aunque de inicio la información se manejó de forma reservada, fue el entonces rector de la Universidad Andina, Julio Garrett Ayllón, quien reveló la noticia para Chuquisaca, la cual fue ratificada ese mismo día por el ministro de Trabajo, Luis Fernando Fajalde. Chuquisaca alentaba esperanzas, entonces, justo una semana antes de la firma de contrato de compra y venta de gas realizada en Sucre, entre los presidentes de Argentina y Bolivia, Néstor Kirchner y Carlos Mesa, respectivamente.

Casi de inmediato se desató la polémica sobre la propiedad del campo Incahuasi, cuyo pozo explorador se perforó en territorio cruceño a escasos 1.350 metros del límite territorial con Chuquisaca. Informaciones iniciales daban cuenta de una reserva probada de 15 trillones de pies cúbicos. Las alertas se encendieron a la cabeza del Comité Cívico y las autoridades regionales, que unos días después organizaron una visita a la zona productora así como propiciaron un informe de la francesa Total, operadora del campo.

Con Santa Cruz cerrada a oír sobre una propiedad compartida, la región empezó a activar alertas e incluso los pobladores del municipio de Muyupampa, provincia Luis Calvo, colindante con la provincia cruceña de Lagunillas, amenazaron con la toma física del pozo Incahuasi X-1, algo que nunca se concretó.

Fue el propio presidente Carlos Mesa, en octubre de 2004, que se mostró partidario de que los beneficios del campo Incahuasi fueran compartidos entre Chuquisaca y Santa Cruz. “Tenemos que hablar de equidad y solidaridad. Entiendo por solidaridad el concepto de compartir. Somos un país que necesita avanzar juntos en el que si no trabajamos con criterio de apoyo de los más poderosos a los más débiles nos va a ir mal y si Santa Cruz considera que aquí la palabra solidaridad no es compartir recursos que están divididos en dos departamentos no funciona. Ustedes (los cruceños) tomarán la decisión y quizás generen presión y una movilización en función de que el 100% de los recursos sean para Santa Cruz”, señaló un 20 de octubre de 2004, en una videoconferencia para todo el país.

Tras esas palabras, el entonces presidente del Comité Cívico cruceño, Rubén Costas, inmediatamente planteó una asamblea de instituciones cruceñas para aprobar un paro cívico exigiendo que la totalidad de las regalías y la derogación del decreto 27124, a cuyo planteamiento se unió también Tarija que tampoco quería compartir el campo Margarita.

Pero también el entonces presidente de YPFB, Jaime Barrenechea, dijo en Sucre, en el marco de la firma de contrato de compra venta de gas entre Bolivia y Argentina, que el campo era compartido. Requerido por la prensa, en Sucre, admitió que la información en ese entonces sobre el pozo Incahuasi X-1 era que venía de un reservorio de gas y petróleo compartido entre Chuquisaca y Santa Cruz y que no se podía pensar en la cantidad de las reservas ni el porcentaje correspondiente a cada departamento. Descartó un diferendo entre los dos departamentos en virtud de la vigencia del Decreto 27124, que regulaba la explotación en caso de reservorios compartidos entre dos o más departamentos.

El citado Decreto Supremo 27124 de 14 de agosto de 2003 normaba la vigencia de pozos compartidos, algo que sería también introducido en la nueva Ley de Hidrocarburos (actual artículo 45). Ante la emergencia departamental librada por los cívicos cruceños, Chuquisaca defendió la legalidad del citado decreto, que se constituyó en el único instrumento para reclamar las futuras regalías de Incahuasi o las de Margarita. Requerido, incluso el ministro de la Presidencia, José Galindo, respaldó una vez más la vigencia de dicha norma.

En medio de la disputa regional a la que el Gobierno intentaba poner paños fríos, la empresa Total precisó que la perforación se había realizado en territorio cruceño debido a la facilidad para instalar la planchada donde se realizó la perforación y porque era un lugar donde los estudios previos habían señalado como propicio. Ante las expectativas regionales que ya habían derivado incluso en movilizaciones y caravanas al lugar de la perforación, los ejecutivos de la empresa precisaron que era prematuro definir si era un megacampo, lo cual se confirmaría con el paso de los años y según se fueran perforando el total de cuatro pozos previstos para delinear la magnitud y capacidad del campo.

El ejecutivo de la Total E&P Bolivie, Gilles Bitoun, que en ese entonces también se inclinaba porque el campo era compartido, señaló que aún restaría tiempo para el desarrollo del campo, para las nuevas perforaciones y para definir los porcentajes de participación. Sin descartar, a futuro, un estudio para definir porcentajes.

Cívicos, autoridades departamentales y municipales, parlamentarios, entre varios otros sectores, declararon sendos estados de emergencia, que se fueron disipando con el tiempo. Incluso San Francisco Xavier y la Gabriel René Moreno batieron banderas de unidad. Todo quedó ahí.

Doce años después (2016), un primer estudio de campos compartidos, realizado sobre la base de límites referenciales, determinó que Incahuasi pertenecía sólo a Santa Cruz. Chuquisaca entonces terminó de despertar para plantear sus reclamos, pero dos años después, en mayo de este año, un segundo estudio, otra vez con límites no consensuados, pero ya cerrados con una ley que apuró el Gobierno, ratificó lo mismo.

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