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HUBO MARCHAS DE PROTESTA EN CINCO DEPARTAMENTOS

Prensa expresa su rechazo a modificar la ley de imprenta

21 Mayo 2016Agencias y CORREO DEL SUR
PROTESTA. La movilización realizada en la ciudad de Sucre.

PROTESTA. La movilización realizada en la ciudad de Sucre.

EL ENTORNO ZAPATA

Mientras la tía de cariño de la ex pareja de Evo Morales, Gabriela Zapata, fue enviada a la cárcel de Obrajes en calidad de detenida preventiva, el otro detenido, su abogado Eduardo León, espera su audiencia de medidas cautelares tras la suspensión de ayer. Los otros dos abogados de Zapata, William Sánchez y Wálter Zuleta, se mantienen en la clandestinidad.Zuleta

Organizaciones de trabajadores de la prensa y periodistas de distintos departamentos expresaron ayer un contundente rechazo a la posibilidad de abrir la Ley de Imprenta para una eventual modificación como pretenden algunos asambleístas del MAS, tras el desenlace del escándalo que involucró al presidente Evo Morales con su ex pareja Gabriela Zapata, ex gerente de la empresa china CAMC adjudicataria de millonarios contratos estatales.

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) exigió al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, respeto al trabajo periodístico de los medios independientes a los que atacó en un acto interpelatorio el jueves y avaló la ética de los mismos en el ejercicio del periodismo.

Expresó un firme respaldo a la Agencia de Noticias Fides (ANF), los diarios El Deber y Página Siete, la Red Erbol y los periodistas, y reiteró su inquebrantable compromiso con la defensa de las libertades constitucionales de expresión, de prensa y de opinión.

“Atribuir la organización de medios con fines de desestabilización a destacados y reconocidos periodistas, es un argumento que cae por su fragilidad frente al prestigio ganado por meritorios y reconocidos comunicadores”, señaló la entidad que aglutina a la mayoría de los medios impresos del país.

“Lamentamos que se haga mención frecuente a los periodistas Amalia Pando, Raúl Peñaranda  y Andrés Gómez, como parte de una campaña de desprestigio, señala la ANP y en el caso de Carlos Valverde Bravo pide que continúe el proceso por la vía del Tribunal de Imprenta, tal como resolvió un juez en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Finalmente, rechazó el sensacionalismo empleado para descalificar al director de ANF, el sacerdote jesuita Sergio Montes.

Por otra parte, la Asociación de Periodistas de La Paz señaló, en un comunicado, que la Ley de Imprenta vigente desde 1925, es patrimonio jurídico del Estado y del periodismo y, por tanto, considera que esta norma no requiere modificaciones porque es una garantía para el ejercicio pleno del periodismo en Bolivia.

Recordó además, es la base que asegura la libertad de expresión y opinión, así como el derecho a la información, principios defendidos por la prensa nacional de forma intransigente. Aclaró que las personas que vean vulnerados estos derechos pueden acogerse a la Ley de Imprenta o acudir al Tribunal Nacional de Ética Periodística.

En Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti censuró la pretensión del oficialismo y el ex presidente y periodista Carlos Mesa reflexionó que no es necesario cambiar la Ley de Imprenta sino aplicarla.

MARCHAS EN CINCO REGIONES
En forma paralela, las federaciones de la prensa del sur del país se declararon en estado de emergencia y rechazaron una posible modificación a la Ley de Imprenta que se plantea desde el Ejecutivo.  

La red Erbol reportó la movilización de este sector en los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Tarija. La protesta de la prensa también obedeció a las recientes declaraciones del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que acusó a medios impresos, digitales y radiales como Erbol de ser parte de un “cartel de mentiras” sobre la información que se maneja en el caso Gabriela Zapata.

El secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Tarija, Pablo Zenteno, indicó que no se permitirá modificación a dicha norma.

En Potosí, la Federación de Trabajadores de la Prensa también se declaró en emergencia. El dirigente Gastón Noya señaló que no pisarán ningún estrado judicial y que defenderán la Ley de Imprenta a toda costa.

En Sucre, el dirigente del bloque sur del país de la Confederación de la Prensa, Reynaldo Sotar, abanderó, junto con la Federación de la Prensa de Chuquisaca, una marcha en la plaza central que terminó en un mitin donde se censuraron los planteamientos oficialistas para cambiar la Ley de Imprenta.  

La Confederación de la Prensa reportó también movilizaciones en Pando, Santa Cruz y Yacuiba.

En la ciudad de El Alto, la prensa se movilizó, luego que la concejal masista Wilma Alanoca, comentara que la modificación debe nacer del sector directamente afectado. “Yo creo que es el gremio el que tiene que sacar alguna propuesta y no es la primera vez que se habla ¿No? La prensa, a través de algunas asociaciones, federaciones y alguna confederación, en algún momento habló de actualizar esta Ley de Imprenta. Si ese es el camino y creen los hermanos de la prensa que se puede trabajar en ello, sería también bueno que lo hagan”, puntualizó la periodista.

Otro periodista y actualmente presidente del Senado, José Alberto Gonzales, al referirse a las acusaciones y calificaciones que hiciera el ministro Quintana a cuatro medios de comunicación a quienes tildó de formar un "cartel de la mentira", dijo que no ve ningún intento de amedrentamiento o advertencia.

"Es un país de libertad el nuestro y si esos medios de comunicación quieren hacer política pueden seguir haciéndolo, pero que no se escuden en el periodismo para hacer política, hay que decirlo claro hacen política y son actores políticos", remarcó el diputado oficialista Javier Zavaleta.
Tras el rechazo generalizado, la ministra de Transparencia Lenny Valdivia señaló que no son necesarias las movilizaciones y ratificó la plena vigencia de la libertad de expresión.

En medio de la polémica, efectivos policiales ingresaron ayer a la radio donde transmitía la periodista Amalia Pando, para entregarle una notificación. El fiscal a cargo aclaró que sólo se le requirió videos de la toma de la Alcaldía de El Alto.

Unidad Demócrata denunció que la detención de abogados y la advertencia con procesos a los medios de comunicación son parte de un "plan de amedrentamiento" del ministro Quintana.

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