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LOS NUEVE BOLIVIANOS, DOS MILITARES Y SIETE ADUANEROS, LLEVAN 24 DÍAS ARRESTADOS EN CHILE

Con amparo, Gobierno procura libertad inmediata de detenidos

12 Abril 2017La Paz/Agencias
CHILE. El procurador general, Pablo Menacho, y el abogado patrocinante, Claudio Vila, se dirigen a presentar el recurso,

CHILE. El procurador general, Pablo Menacho, y el abogado patrocinante, Claudio Vila, se dirigen a presentar el recurso,

SUMAN 24 DÍAS

Ayer a las 12:30, 23 días después de su detención, el procurador del Estado, Pablo Menacho, presentó ante la Corte de Justicia de Iquique (Chile), el recurso de amparo que preparó el Gobierno para conseguir la libertad de los nueve bolivianos apresados el 19 de marzo en la frontera con ese país. Con hoy, ya suman 24 días.

Más de tres semanas después de la detención en Chile de los nueve bolivianos que realizaban tareas de lucha contra el contrabando, el equipo jurídico que se ocupa de este caso presentó finalmente el anunciado recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Iquique, en procura de lograr su liberación “de forma plena y de forma inmediata”.

La acción judicial fue presentada al mediodía de ayer, a través del equipo jurídico boliviano encabezado por el procurador General del Estado, Pablo Menacho, y el abogado chileno y ex gobernador de El Tamarugal, Claudio Vila.

Tras presentar el recurso ante la justicia chilena, el Procurador detalló que la idea principal del recurso es que las nueve personas puedan recuperar su libertad “de forma plena y de forma inmediata”. “Hemos traído absolutamente todas las pruebas de que ellos estaban ejerciendo funciones oficiales para el Gobierno de Bolivia", explicó.

El pasado 19 de marzo, dos militares y siete funcionarios de la Aduana Nacional de Bolivia fueron detenidos por carabineros de Chile cerca de la frontera entre ambos países en el momento en que realizaban un operativo de lucha contra el contrabando.

Sin embargo, la Fiscalía chilena imputó a los nueve bolivianos por los delitos de robo con intimidación y violencia, porte y tenencia de armas prohibidas, y contrabando.

Después, el 22 de marzo, en una audiencia que se realizó en el Juzgado de Garantía de Pozo Almonte, en la región de Tarapacá, se determinó enviar a los nueve bolivianos al penal de Alto Hospicio, en el norte de Chile, en calidad de detenidos preventivos, por un periodo de 120 días, mientras avanza la investigación.

"Son cargos totalmente inconsistentes (...). Nosotros lo que tenemos ahora es la certeza de que es gente que cumplía con su trabajo y que está indebidamente detenida en Chile", agregó Menacho.

La autoridad explicó que la acusación de contrabando versa con relación a vehículos oficiales del Gobierno boliviano, como si los funcionarios detenidos hubieran estado contrabandeando automóviles de la Aduana Nacional de Bolivia. "El tema de robo es aún más inconsistente, se trata de la persecución de un delito que todos los Estados persiguen y penan en sus respectivas legislaciones. Lo que procede en cuanto a mercadería de contrabando no es el robo, es la confiscación, (denuncia) que viene de las personas que han sido presentadas por la Fiscalía (chilena) como supuestas víctimas, han declarado que eran mercancías para el contrabando", argumentó.

"Confiamos en que con el Amparo los tribunales superiores chilenos puedan tener una visión más completa sobre los hechos del 19 de marzo pasado. Existen una serie de acciones irregulares y violaciones a los derechos humanos, que tornan ilegal e indebida la detención de los nueve funcionarios bolivianos", sostuvo Menacho en días previos.

OTRAS DEMANDAS

El lunes, el equipo jurídico boliviano también presentó una querella penal en contra del teniente de Carabineros, Cristián Costanzo Ávila, y el fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres López. Ambos fueron denunciados porque supuestamente omitieron realizar una denuncia por el delito de contrabando en contra de las personas que declararon como "víctimas" en el proceso instalado contra los bolivianos detenidos.

Asimismo –según una nota de prensa de la Procuraduría– se presentó una denuncia por robo con violencia de objetos personales de algunos de los bolivianos detenidos (dos celulares y una computadora portátil), que no fueron reportados como incautados por los Carabineros y la Fiscalía de Chile.

Además se planteó otra demanda por lesiones e intimidación a los nueve bolivianos detenidos.

El caso también fue ventilado en diversos foros internacionales como la OEA, ONU, UNASUR y Alba.

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