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POR ADMITIR DEMANDA CONTRA EL ESTADO BOLIVIANO

Morales acusa a la CIDH de defender terrorismo

05 Abril 2018La Paz/EFE y Erbol
POSICIÓN. Evo Morales se refirió ayer en Twitter a la admisión de la demanda contra Bolivia.

POSICIÓN. Evo Morales se refirió ayer en Twitter a la admisión de la demanda contra Bolivia.

A FUTURO

La admisión de la Comisión puede derivar en la apertura de una causa contra el presidente Evo Morales, como máxima autoridad del Estado boliviano, por crímenes de lesa humanidad.

El presidente Evo Morales acusó ayer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA de actuar como defensora del terrorismo y el separatismo un día después de conocerse que esta entidad decidió admitir una demanda contra el país por una supuesta ejecución extrajudicial en Santa Cruz en 2009, conocida como el asalto al hotel Las Américas.

"Si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admite la demanda del caso hotel Las Américas, entonces, la CIDH es defensora del terrorismo y del separatismo que quiso dividir la Patria y enfrentar a hermanos bolivianos en 2009", escribió Morales en Twitter.

El informe de admisibilidad fue aprobado el 24 de febrero pasado por esta instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA), aunque recién fue de conocimiento público el pasado martes tras la difusión de los medios de prensa.

El 16 de abril de 2009, en un operativo policial ordenado por el Gobierno boliviano en el hotel cruceño Las Américas murieron tres presuntos terroristas y fueron capturados dos más, a los que el Ejecutivo acusó de un intento secesionista por medio de las armas.

El liderazgo de la supuesta organización terrorista se atribuyó al boliviano de origen húngaro y croata Eduardo Rózsa, que ese día murió abatido a tiros junto al rumano de origen húngaro Árpád Magyarosi y el irlandés Michael Dwyer.

En la acción policial fueron detenidos el húngaro Elot Toaso y el boliviano-croata Mario Francisco Tadic Astorga, quienes cumplieron algunos años de reclusión.

Las investigaciones posteriores establecieron responsabilidades de varias personalidades influyentes de la sociedad cruceña a las que se acusó de promover y financiar al supuesto grupo irregular, con el encarcelamiento de algunas de ellas mientras que otras buscaron refugio en diferentes países.

El suceso se produjo en un momento en que la legitimidad de Morales fue cuestionada por sectores de oposición del oriente, que generaron una intensa tensión social.

La admisión es una respuesta a la denuncia interpuesta el 21 de septiembre de 2009 por los representantes de Tádic Astorga.

El recurso argumenta que se produjeron crímenes de lesa humanidad por una presunta ejecución extrajudicial de Dwyer y la supuesta falta de una investigación transparente, que de comprobarse, irían en contra de varias normas internacionales.

Durante el proceso de admisión de la denuncia, el Estado boliviano sostuvo que la CIDH carecía de jurisdicción y competencia para analizar de nuevo las sentencias que emiten los tribunales del país.

Los sectores contrarios al Gobierno de Morales sostienen que la acción policial de abril de 2009 fue armada con la finalidad de desbaratar al movimiento opositor.

Morales mantiene un enfrentamiento con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, con calificativos como que es un instrumento del golpismo y del intervencionismo de Estados Unidos.

También los hermanos García Linera recurrieron a la CIDH por el caso EGTK

Tras la notificación oficial de la semana pasada al Estado boliviano con la admisión de la demanda por "ejecución sumaria y otros" aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), corre un plazo de 90 días para que las partes puedan conciliar, como es el caso de los hermanos García Linera, que acudieron a esta instancia internacional a conciliar por el caso EGTK por el cual fueron encarcelados.

Uno de los abogados del caso terrorismo, Gary Prado, precisó que si el Gobierno opta por la conciliación puede evitar un juicio contra el presidente Evo Morales y lograr el cierre del proceso; caso contrario la Comisión se convierte en acusador contra el Estado junto con las víctimas, ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en San José de Costa Rica.

En ese juicio existe la posibilidad que el Estado salga absuelto o sea condenado y se le obligue a una reparación económica a las víctimas. También puede dar libertad a los detenidos o finalmente anular el juicio en el país de origen.

Sin embargo, Prado considera que el plazo puede ampliarse a más de 90 de días, tal como sucede en el caso de los hermanos García Linera, Felipe Quispe y otros miembros por el caso EGTK, quienes en 2001 denunciaron al Estado boliviano, su petición fue admitida en 2005, y hasta el año 2016, continuaban conciliando.

Prado sostuvo que si una de las partes se niega a conciliar bajo conocimiento de la Comisión, el siguiente paso es formalizar la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Comisión será acusadora, pero antes debe insistir en la conciliación.

Destacó que la acusación más grave es la de ejecución sumaria del joven irlandés Michael Dwyer que fue asesinado en el hotel Las Américas, la madrugada del 16 de abril de 2009.

La Fiscalía no demostró que el joven murió en combate con la Policía, al contrario las pruebas señalan que se voló la puerta de su habitación, disparó directo al corazón y le dieron cinco a seis disparos por la espalda, tal como precisan los informes forenses europeos.

Advirtió que este caso se puede convertir en un delito de lesa humanidad porque son organismos oficiales del Estado los que ejecutaron a los ocupantes del hotel Las Américas.

Señaló también que puede configurarse un caso de genocidio porque hay responsables políticos que ya estarían expuestos para ser llevados a la Corte Penal Internacional de La Haya.

El abogado cruceño explicó que hasta ahora la familia Dwyer no activó la denuncia ante la Corte Penal Internacional por pedido de su gobierno irlandés, esperando que concluya el juicio del caso terrorismo en Bolivia, que lleva casi nueve años.

Sospecha que de manera deliberada el mismo Gobierno dilata la conclusión del juicio porque sabe que el próximo paso es enfrentar una demanda internacional por violación a los derechos humanos y sobre todo por la ejecución sumaria.

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  • Política
  • Evo Morales, CIDH, terrorismo

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