Mientras el Gobierno acentuó sus críticas contra las voces que cuestionan las millonarias adjudicaciones directas para los Juegos Sudamericanos Cochabamba 2018, el detenido alcalde de Cochabamba, José María Leyes, indicó ayer que si las denuncias habrían involucrado a opositores ya tendrían proceso en la justicia.

"Con seguridad, si una autoridad opositora hubiera sido el autor de esos contratos y todos esos hechos, ya estaría preso y sentenciado", publicó Leyes en su cuenta de Twitter.

Leyes, quien guarda detención domiciliaria, es procesado por cinco delitos vinculados al presunto sobreprecio de 10 millones de bolivianos en la adjudicación de más de 90.000 mochilas escolares para la gestión 2018. Le imputaron la supuesta comisión de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado.

El senador de oposición Oscar Ortiz denunció desde principios de mes que 220 adjudicaciones, que alcanzan un monto de 119 millones de bolivianos fueron realizadas bajo la modalidad de contratación directa. Una de ellas fue adjudicada a la empresa del ex ministro Pablo Groux, Kronopios; en ese contrato observó la participación del presidente Evo Morales en las reuniones previas al lanzamiento de la licitación.

El lunes, durante la inauguración del centro ecuestre para los XI Juegos Suramericanos, Morales se refirió como “enemigos de los Juegos y de Cochabamba” a los legisladores que observaron los contratos para ese evento.

Ayer, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, calificó de "detractores" a quienes lanzaron las presuntas irregularidades en contratos.

“Yo invito a los detractores de los juegos que en realidad son los detractores de Bolivia que se sumen a la fiesta (...). Que apoyen a los deportistas en los Juegos Suramericanos”, declaró Gonzales y calificó como una actitud “muy miserable” que “algunas personas” en su “afán desesperado de desprestigiar al Presidente” pongan en vilo los Juegos Suramericanos.

OPOSITOR NO PARA

"Algo huele mal en CODESUR y sus contrataciones directas que no saben explicarlas; al final el presidente Evo Morales tiene que explicarle al país si él fue quien definió la adjudicación de un contrato de 11 millones de bolivianos a su ex ministro Pablo Groux", señaló ayer el senador Ortiz.

Dijo que está esperando que el Contralor General del Estado asuma la auditoría especial a todas las contrataciones y exigió que esa autoridad determine en qué tipo de responsabilidad incurrió el Presidente del Estado.

El opositor indicó que de acuerdo con la Ley de Unidades de Transparencia, corresponde al Ministerio de Justicia investigar ese contrato porque sobrepasa el millón de dólares, y pidió que el viceministro de Transparencia, Diego Jiménez, se excuse del proceso por haber asumido una posición política de atacarlo en vez de investigar las denuncias.