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EL GOBIERNO CUESTIONA DENUNCIA DEL EX MANDATARIO

Quiborax: Mesa declara y pide investigar a otros

19 Junio 2018CORREO DEL SUR y Agencias
SUCRE. Mesa tras presentar su memorial en el Ministerio Público, donde hoy vuelve a declarar.

SUCRE. Mesa tras presentar su memorial en el Ministerio Público, donde hoy vuelve a declarar.

DECLARACIÓN

La ex subprocuradora Elizabet Arismedi declaró ayer en la Fiscalía por el mismo caso Quiborax; ante los medios, se negó a dar detalles de lo que les dijo a los fiscales.

El ex presidente Carlos Mesa se sienta hoy en el banquillo de los acusados para responder a la denuncia del Gobierno en el caso Quiborax, en medio de un ambiente elevado de confrontación con el Gobierno del presidente Evo Morales.

La Procuraduría pidió un juicio de responsabilidades en contra del también vocero marítimo, acusándolo de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la reversión de concesiones de la minera Quiborax y su expulsión del país. Lo hizo el 23 de mayo, desde cuando pasó poco tiempo y la Fiscalía activó la investigación rápidamente.

Ayer, antes de sentarse frente a una comisión de fiscales para responder al caso, el actual vocero de la causa marítima pidió a la Fiscalía General del Estado incluir en la investigación penal al ex ministro de Defensa Legal del Estado, ex procurador y actual ministro de Jusiticia, Héctor Arce; al actual procurador Pablo Menacho; a la ex subprocuradora Elizabeth Arismendi y al ministro de Minería, César Navarro.

Mesa llegó a la Fiscalía acompañado de sus ex ministros Gustavo Pedraza, de Desarrollo Económico, y Luis Fernández Fajalde, de Trabajo, también investigados y que ayer declararon.

En su memorial, acusó a las cuatro personalidades del gobierno de Morales de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por la “pésima” defensa en el laudo arbitral desde 2008 a 2018, que acabó con el pago de una millonaria suma del Estado a la minera trasandina.

Mesa citó cuatro irregularidades en las que participaron los denunciados: retractación del Gobierno de Bolivia para el pago de $us 3 millones dentro de un acuerdo amistoso con la empresa Quiborax para resolver el problema, lo que habría evitado el pago de 42 millones. El uso de un documento falsificado por funcionarios de Quiborax como base para el inicio de un laudo arbitral contra Bolivia que no fue observado por funcionarios de la Procuraduría.

Mesa citó como otra irregularidad que antes de conocerse el fallo del laudo arbitral, funcionarios de Quiborax negociaron en la propia Procuraduría el desistimiento del juicio penal contra el principal accionista de la empresa chilena en Bolivia, Allan Fosk, cuando esa es competencia del Ministerio Público y de los jueces.

“¿Qué hacen funcionarios chilenos negociando en oficinas de la Procuraduría el sobreseimiento de Fosk, cómo es posible que se utilice el correo electrónico de la subprocuraduría para mandar esos proyectos de documento a abogados de Quiborax?”, se preguntó Mesa.

“La Procuraduría negociando el desistimiento del proceso contra Fosk cuando la competencia es de la Fiscalía y de los jueces”, reclamó Mesa.

Finalmente, en virtud de “la pésima defensa” de los intereses del Estado, se pagó $us 42 millones a la empresa Quiborax. “Ojalá que el Fiscal General del Estado trabaje con independencia e incluya en la investigación a estas personalidades”, sentenció.

El ex Mandatario dijo que hoy estará frente a los fiscales para responder a la proposición acusatoria de la Procuraduría General del Estado. Su comparecencia fue fijada desde las 8:30.

VOCES DEL GOBIERNO

En La Paz, el procurador Menacho consideró “incoherente” la denuncia presentada por Mesa.

"Es tan incoherente como sus tuits: se queja que supuestamente no se haya pagado el 2008 (cuando había un proceso penal en curso) y se queja que se pague ahora que lo ordena un laudo (sentencia internacional) bajo Convenio de Washington", expresó mediante su cuenta en Twitter.

También lo acusó de pretender desviar la atención del caso con su denuncia.

El ministro de Economía, Mario Guillén, señaló que se tratará de que la erogación de recursos para pagar a la Quiborax afecte lo menos posible a la ejecución de proyectos en el país. “Esta plata ya ha sido pagada la anterior semana y lo que nos toca ahora es ir reasignando los dineros para los otros proyectos y tratar que esto afecte lo menos posible”, indicó.

PEDIDO DE LA OPOSICIÓN

El diputado de la opositora Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría pidió ayer la conformación de una comisión especial mixta de la bicameral Asamblea Legislativa Plurinacional para investigar los procesos de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

"Estamos enviando una nota al presidente de la Asamblea, pidiéndole la conformación de una comisión especial mixta de diputados y senadores que investiguen los procesos de arbitraje, de conciliación", explicó y planteó que esa comisión investigue al menos 12 procesos, en el marco de la Constitución Política del Estado, de "transparentar los actos de los funcionarios públicos".

"No solamente investigar Quiborax, sino figuran en el sistema de la CIADI Euro Telecom Italia (...), South American Silver, Pan American Energy (...), un total de 12 que yo planteo", agregó.

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