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Mesa ya se siente condenado y lamenta la “criminalización de la democracia”

09 Julio 2018, 19:29Oxigeno
Carlos Mesa ofreció una conferencia de prensa en la plaza Murillo. APG

Carlos Mesa ofreció una conferencia de prensa en la plaza Murillo. APG

El ex presidente del Estado y actual vocero de la Demanda Marítima, Carlos Mesa, ofreció una conferencia de prensa en la Plaza Murillo de La Paz minutos después de que la Fiscalía General del Estado anunciara que decidió presentar un requerimiento acusatorio para dar pie a un juicio de responsabilidades en su contra por el caso Quiborax.

Más allá de los procesos que se debe seguir para dar curso a la solicitud de la Fiscalía -debe pasar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y luego ser aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)- Mesa aseguró que ya se siente condenado por el caso y auguró que hasta fines de agosto la ALP ya esté formalmente acusándolo ante el Ministerio Público.

"Yo ya he sido condenado. Esta acusación que el Fiscal presenta al TSJ será pasado en tiempo récord a la consideración de la comisión mixta de la Asamblea, que ya está preparando el documento de ratificación de la acusación para pasarlo al pleno de la ALP que se reunirá y un par de horas después llevará adelante la acusación y dirá que se inicie un juicio de responsabilidades en mi contra. No tengan miedo en decir que ya estoy condenado", señaló a tiempo de augurar que todo ese proceso se llevará a cabo hasta finales del siguiente mes.

"Y luego abrirán medidas cautelares, prisión preventiva, embargo de bienes o cualquier cosa que trate de eliminarme políticamente", aseveró.

Mesa señaló que la decisión de la Fiscalía General del Estado no hace más que ratificar la "criminalización de la democracia", que se lleva a cabo mediante una "dictadura judicial".

"Quiero declarar que la decisión del Fiscal General del Estado de abrir una acusación en mi contra y ponerla a consideración de la ALP no es sino la confirmación de lo que está viviendo Bolivia: la criminalización de la democracia a través de este mecanismo que sustituye a la dictadura y que remplaza las ametralladoras y los tanques por la persecución judicial", afirmó.

En ese sentido, calificó la decisión como "vergonzosa" y que no hace más que buscar su muerte política, ya que el Gobierno lo ve como un oponente político para las elecciones del 2019.

"Se han invertido los valores en este país y se ha confirmado el cruce de la ruptura de la frontera de la democracia", señaló y agregó que "el Fiscal es un instrumento del poder político y del poder ejecutivo liderado por el Presidente (Evo Morales)".

"Tenía una última esperanza en el Fiscal, pero es una ficha más de este sistema perverso que está destruyendo la democracia en Bolivia", añadió.

En esa línea, Mesa criticó el accionar que tuvo la Fiscalía durante los 30 días que duró su investigación. Lamentó que el Ministerio Público se haya "pasado por el costado" los seis memoriales que presentó - incluido uno de acusación directa en contra de autoridades y exautoridades gubernamentales- y que no se haya citado a declarar a todos los involucrados.

Reprochó que la Fiscalía no haya citado a declarar al ministro de Justicia, Héctor Arcer; al procurador general, Pablo Menacho; al expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé; ni a la ex subprocuradora Carminia Llorenti.

Además, señaló que se pasó por el alto la falsificación de documentos por parte de empresarios de Quiborax y que "claramente" se están vulnerando sus derechos.

"Se están vulnerando los derechos de una persona en un proceso en la que hay pruebas fehacientes de que se deben investigar a otras personas", señaló.

No obstante, aseguró que seguirá defendiendo su posición jurídicamente y no descartó acudir a instancias internacionales.

Cabe recordar que el pasado 22 de mayo, la Procuraduría presentó ante el Ministerio Público una proposición acusatoria contra Mesa por considerarlo responsable de que la empresa Quiborax haya denunciado al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y por el que el país tuvo que pagar una indemnización de 42, 6 millones de dólares.

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