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TRAS DECISIÓN DEL TSJ DE REMITIR REQUIRIMIENTO ACUSATORIO A LA ALP

Mesa se declara un perseguido político y recalca que el Gobierno lo quiere meter preso

25 Julio 2018, 20:00La Paz/Urgentebo
Carlos Mesa respondió luego de la decisión del TSJ. Foto: MARKA REGISTRADA

Carlos Mesa respondió luego de la decisión del TSJ. Foto: MARKA REGISTRADA

El ex presidente de la República de Bolivia (2003-2005) Carlos Mesa Gisbert, rechazó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que emitió una resolución a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que sea esta la que defina si se inicia o no un juicio de responsabilidades por haber nacionalizado el  Salar de Uyuni. El Estado boliviano que perdió un juicio ante el CIADI tuvo que pagar a la empresa chilena $us 42,6 milllones.

El exmandatario que afronta un proceso por el caso Quiborax, señaló que no es nada "optimista" en lo que pueda decir el  Legislativo boliviano, más aún cuando el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, le pidió este miércoles no victimizarse.

"La persecución  política se trasforma y se disfraza  como  una búsqueda de transparencia que no existe y que no es otra cosa que un linchamiento, a través de un proceso judicial (...). Lo que  está haciendo el Gobierno de Evo Morales es un mecanismo, un ejercicio de demolición de mi imagen política y de demolición de mi honor  y dignidad personal", lamentó.

Carlos Mesa manifestó que era predecible que el TSJ viabilizará un juicio en su contra, más aún  dijo, cuando el que dirige la administración judicial es el ministro de Justicia, Héctor Arce.

El Procurador del Estado Pablo Menacho acusó a Mesa por los delitos: incumplimiento de deberes,  resoluciones contrarias a la Constitución y  daño económico al Estado. "Eso implica penas de cárcel, no es que yo lo diga, ni que me parezca subjetivo es que de eso se trata. El objetivo es la cárcel", lamentó.

Asimismo, calificó de "vergonzosa" la intención de la Procuraduría  de procesarlo por haber recuperado los recursos naturales de Bolivia, el Salar de Uyuni, que estaba en manos de la empresa Non Metallic Minerals-Quiborax.

DÁVILA Y ROCABADO

El expresidente Mesa agradeció a dos exautoridades del Gobierno por haberlo apoyado, la exministra de Comunicación, Amanda Dávila y la exministra de Defensa Legal, Cecilia Rocabado.

Dávila escribió en su cuanta de Twitter: "El expresidente Carlos Mesa no debería ir a la cárcel ni hoy ni mañana pues actuó, durante su gestión, contra la mafiosa chilena #Quiborax en defensa del país; eso no tiene precio, pienso yo".

"La opinión de estas dos exfuncionarias del Gobierno del presidente Evo Morales, es  categórica,  para mostrar la vergüenza y el escándalo de las irregularidades  de la pésima defensa del Procurador Menacho y el ministro Héctor Arce (ante el CIADI)",

En declaraciones a la red Erbol, la exministra Rocabado dijo que la Quiborax era una empresa ficticia y pirata.

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