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DESPUÉS DE CONOCER LA CONDENA DE SEIS Y TRES AÑOS DE PRISIÓN DISPUESTA POR EL TRIBUNAL DE PADILLA

Caso 24 de Mayo: Sentenciados buscarán revocar la condena

03 Marzo 2016CORREO DEL SUR y Agencias
APOYO. Ex autoridades y dirigentes universitarios recibieron el respaldo de ciudadanos en un encuentro emotivo

APOYO. Ex autoridades y dirigentes universitarios recibieron el respaldo de ciudadanos en un encuentro emotivo

AÑOS DE JUICIO

Después de tres años y medio concluyó el juicio oral por los hechos del 24 de mayo de 2008; la justicia condenó a seis y tres años de cárcel para 13 acusados; uno fue absuelto.

Los 13 sentenciados por un tribunal de Padilla a condenas de seis y tres años de prisión por los hechos del 24 de mayo de 2008, retornaron a Sucre y anunciaron que agotarán la vía legal para anular este fallo al que califican de político, maniobrado por el Gobierno y sin prueba contundente; mientras para los campesinos es un veredicto de acuerdo con la ley para que nunca más se susciten vejaciones.

Ayer, a su llegada a Sucre, a las 11:00 se detuvieron en la plaza 25 de Mayo, donde fueron recibidos por un centenar de personas que manifestaron su respaldo con banderas de Chuquisaca y una banda musical que entonó la marcha por la Capitalidad, del cantautor fallecido Huáscar Aparicio.

En Padilla, la sentencia fue leída a las 3:35 en el salón parroquial, por el presidente del Tribunal de juicio Ofman Padilla, quien dijo que la pena a cumplirse en la cárcel San Roque debe computarse a partir del 2 de marzo de 2016 al 2 de marzo de 2019. La lectura íntegra del fallo será el lunes 7 de marzo a las 18:30.

El Tribunal de Sentencia conformado por los jueces Ofman Padilla (presidente), Erlinda Sardán y Juan Carlos Gonzáles (ciudadanos) determinaron seis años de prisión para los miembros del extinto Comité Interinstitucional y tres años para los universitarios y activistas involucrados; Rodrigo Anzaldo quedó absuelto.

Protestas, lágrimas, mixturas, bocinazos y abrazos de solidaridad se juntaron entre pobladores y ex dirigentes cívicos acusados, todos coincidieron en que el proceso del caso 24 de Mayo fue “armado” por el Gobierno para llevar a la cárcel a los líderes opositores, sin prueba contundente y cambiando los delitos de omisión a coautoría.

En la concentración se volvieron a escuchar frases como “Evo asesino, Calancha no se olvida”, Sucre de pie nunca de rodillas”. A su llegada, el ex rector, ex alcalde y ex presidente del Comité Interinstitucional, Jaime Barrón, denunció que el lunes, la Fiscalía solicitaría la modificación de las medidas cautelares contra los miembros del extinto Comité para conducirlos a la cárcel, antes de agotar las instancias de apelación.

Ayer en la mañana, el fiscal Departamental, Roberto Ramírez, aclaró que los acusados tienen derecho a plantear recursos legales antes de que se ejecute la condena.

Contrariamente a la acusación, Barrón dijo que no golpeó a ningún campesino y tampoco mandó a golpear y denunció un juicio "maquiavélico" con una justicia dependiente del Ejecutivo.

“No puede ser que nos hayan juzgado por un delito y nos hayan sentenciado por otro; nos juzgaron por omisión y nos sentenciaron por coautoría”, señaló Barrón.

Una sentencia de flagrante violación de derechos, denunció el ex dirigente cívico Jhon Cava, que ve una venganza del Gobierno con Sucre porque fue condenado sin prueba en su contra, y a todos de forma conjunta sin individualizarlos. De momento, seguirán con arresto domiciliario, como ocurre desde hace más de cuatro años.

Entre lágrimas, delante de sus dos hijas, la ex alcaldesa y actual concejal Aydeé Nava, que fue la que más expresiones de solidaridad recibió, dijo que los jueces respondieron a un libreto para condenarlos porque no valoraron su prueba de descargo; en los videos aparece defendiendo a los campesinos en la plaza y no agrediendo.

En la misma línea, la ex prefecta Savina Cuellar que generó palabras de solidaridad de los líderes de Santa Cruz, sostuvo que son víctimas de un proceso fabricado por encima del respeto de sus derechos.

El fallo también fue cuestionado por el abogado de Defensa Pública, Renán Oblitas, que patrocinó al ex concejal Fidel Herrera, calificó de exagerada la sentencia porque el Ministerio Público no demostró de forma fehaciente la participación de su defendido en los hechos y analizan la estrategia futura al respecto.

El martes 8 de marzo se leerá la sentencia completa en Padilla y después se abre el plazo de 15 días para que los acusados apelen el fallo ante el Tribunal Departamental de Justicia.

SÓLO A OPOSITORES
La actuación del Ministerio Público en este caso provocó muchas críticas. La asambleísta departamental por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Elsa Guevara, lo calificó de parcializado porque investigó sólo a los ex líderes cívicos por delitos que no cometieron y dejó libre al ex ministro Sacha Llorenti, al actual viceministro de Seguridad Ciudadana Carlos Aparicio que aparecen en los videos pero fueron premiados con altos cargos.

En la misma línea, el parlamentario opositor Oscar Urquizu calificó de prevaricadores a los jueces del Tribunal de Sentencia de Padilla porque fallaron en contra de la Ley sin respetar el principio de la verdad material que demuestra que varios de los acusados buscaron evitar los enfrentamientos y la violencia.

Asimismo, la ex candidata a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) Tomasa Yarwi dijo que el juicio estaba sometido al Gobierno central que busca acallar, intimidar y mostrar su poder para enjuiciar a los opositores.

“Todo estaba preparado, el Ministerio Público está en manos de un militante del Movimiento al Socialismo (MAS), qué más se puede esperar”, aseguró.

Varios estudiantes universitarios se apostaron en el frontis de la Casa de la Libertad y expresaron su solidaridad a sus compañeros acusados; anunciaron que habrá un pronunciamiento del Consejo Universitario respecto a la sentencia.

A nombre de la Federación Universitaria Local (FUL), Isaac Tejerina, demandó buscar a los verdaderos culpables de los hechos del 24 de mayo, y recordó que se dieron después de las muertes de La Calancha, de noviembre de 2007, que se mantiene en la impunidad.

Anunció un respaldo no sólo moral sino real a los ex dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL), si tienen que salir a las calles para exigir justicia lo harán, anticipó.

A nombre de los familiares de los muertos de La Calancha, Juan Cardozo reclamó justicia por los tres muertos y dijo que el caso 24 de Mayo fue una maniobra política construida por el propio Gobierno.

Víctimas aseguran que la sentencia es acorde con la Ley
Las víctimas de agresiones y vejámenes del 24 de Mayo de 2008 tras conocer la sentencia manifestaron no sentirse satisfechos ya que las secuelas que quedaron de las golpizas y los vejámenes quedarán para siempre.

“Como víctimas no estamos conformes (con la sentencia). Nunca se va a olvidar de nuestras mentes, no va a salir lo que constantemente sufrimos, lloramos. Habrá una sentencia no nos sentimos conformes ya que cada sufrimos, y hasta nuestra muerte sufriremos, nos han dañado por el resto de nuestras vidas esos racistas”, lamentó el ex alcalde de Mojocoya, Ángel Vallejos.

Sergio Velásquez, abogado de las víctimas, adelantó que esperarán la lectura en extenso de la sentencia para después decidir si apelarán la condena emitida la madrugada del miércoles por el Tribunal de Sentencia en Padilla.

El dirigente de la Federación Única de Trabajadores y Pueblos Originarios de Chuquisaca (FUTPOCH) Estanislao Yarwi, señaló que la justicia actuó de acuerdo con la Ley que condenó a los acusados que en su criterio planificaron e instruyeron las agresiones, porque no era justo que la golpiza a sus afiliados quede impune.

“No queremos que nunca más pase esto, para eso salió la sentencia y no está maniobrado como dicen los acusados”, aseguró Yarwi.
En la audiencia de lectura de sentencia, unas 50 personas que se consideran víctimas de los hechos de vejación estuvieron presentes.

Abogados dicen que en apelación se analice las pruebas
Una vez dictada la sentencia, el abogado penalista Juan Mostacedo sostiene que los acusados pueden apelar el fallo ante los vocales del Tribunal Departamental de Justicia, y si no les va bien pueden acudir al recurso de casación; si se confirma la condena recién serán encarcelados. Expresó su confianza de que en esta instancia se valore las pruebas.

Mostacedo sostuvo que la detención domiciliaria debería computarse para reducir la condena de seis años de los acusados, porque en los hechos están detenidos aunque sea en su domicilio, no están en libertad.

“Aunque estén con detención domiciliaria, están con custodia policial hasta en su fuente laboral, se habla que están detenidos, privados de libertad”, aseguró.

La resolución del Tribunal de Padilla muestra que el Órgano Judicial está totalmente interferido y dependiente del Órgano Ejecutivo, opinó el abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso. En su criterio, las instancias de apelación tampoco ofrecen garantías de que la verdad se imponga porque no hay certeza de un tribunal imparcial e independiente, se olvidaron de la probidad.

Para el abogado Jaime Hurtado el fallo profundiza el discurso del racismo como una forma de polarización y conservación del poder y la ciudad de Sucre seguirá estigmatizada como racista.

En cambio la ex presidenta del Tribunal Constitucional Silvia Salame confía en que un Tribunal de Apelación revierta la sentencia porque no hay elementos de prueba suficientes para condenar a los acusados.

Apuntes
- La Ministra de Comunicación dijo que el fallo es poco con relación al daño a las víctimas.
- Al contrario, la diputada Norma Piérola calificó de forzada la sentencia en Padilla.
- El ex presidente Jorge Quiroga reclamó por la impunidad en el caso de La Calancha.
- El Defensor del Pueblo ve como una señal positiva el fallo por las vejaciones.  
- Decenas de personas protestaron por la sentencia y repudiaron al Gobierno. 

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