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Adolescentes detenidos sufren violencia sexual, retardación de justicia y falta de rehabilitación

04 Abril 2016, 16:57La Paz/ANF
Los adolescentes sufren constantes abusos según el Defensor del Pueblo. Foto: Internet

Los adolescentes sufren constantes abusos según el Defensor del Pueblo. Foto: Internet

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, entregó un informe sobre la situación de 480 adolescentes privados de libertad en el país que demuestra una serie de irregularidades y violaciones a los derechos humanos, como retardación de justicia, violencia sexual, falta de personal para terapias de rehabilitación y reinserción social y familiar, entre otras.

Informó que alrededor del 70% de los adolescentes detenidos se encuentra con detención preventiva, la mayoría no tiene acceso a un debido proceso judicial y una gran parte no conoce el curso de sus juicios.

"Existe retardación de justicia, los adolescentes no conocen a sus abogados y no existen mecanismos efectivos para garantizarles acceso a un proceso pronto y oportuno que logre el fin último de la justicia restaurativa, asumir el daño causado y retribuir a la víctima en la manera de lo posible", indicó.

También señaló que "las gobernaciones no han asumido la responsabilidad dentro del sistema penal establecidos en la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescentes (NNAs). No existen políticas departamentales ni planes referidos a ésta población. No existe ningún programa como modelo socioeducativo restaurativo que se esté implementando de forma real en los centros dependientes de las gobernaciones", sostuvo.

Villena dijo los adolescentes son acusados principalmente de delitos sexuales (34%), robo agravado (37%) homicidios (20%) y casos de narcotráfico (6%). Sin embargo, no se implementa ningún tipo de terapia especializada que permita la rehabilitación de estos adolescentes y su posterior reinserción a la sociedad. Villena señaló que llama la atención que se encuentren privados de libertad adolescentes acusados de delitos como "amenazas, asociación delictuosa o destrucción de bienes del Estado".

La Defensoría recabó la información de 20 recintos del país, entre ellos los Centros de Reinserción Social de La Paz; Programa Cometa de Cochabamba; Centros Nuevos Horizontes y Nuevas Esperanzas de Potosí; Centro Renacer de Oruro; Centros Solidaridad y Guadalupe de Sucre; Centro Oasis y Centro Trinidad Peralta de Tarija; Centros de Reinserción Social Maná y Esperanza de Trinidad; CENVICRUZ y Fortaleza y Centro de Orientación para Mujeres de Santa Cruz.

En los casos de Cobija y Riberalta manifestó que se evidenció que las autoridades no han asumido su responsabilidad de implementar el enfoque de justicia restaurativa como establece la Ley 548, ya que no cuentan con centros especializados.

En estos recintos se encuentran un total de 480 adolecentes, de los cuales 440 son varones y 40 mujeres. El 37% (176 personas) se encuentran en Santa Cruz, el 21% en Cochabamba y el 11% en La Paz. El 29% tiene entre 13 y 15 años y el 71% tienen entre 16 y 19 años. Hay 4 de 13 años y 26 de 14 años.

Asimismo señaló que en la mayoría de los centros los adolescentes se encuentran entremezclados con el resto de la población penitenciaria, no se hace una discriminación por tipo de delito ni rango etario, lo que genera otra serie de transgresiones a los derechos humanos, entre ellas las violaciones sexuales de las que los adolescentes muchas veces son víctimas. "Se han identificado adolescentes privados de libertad por delitos de robo que conviven con acusados de asesinato o violación; de igual forma los adolescentes con detención preventiva comparten ambientes y actividades con adolescentes ya sentenciados", indicó.

Además, explicó que existe incumplimiento de los plazos procesales, se detectó casos de adolescentes que han estado más de dos años bajo detención preventiva siendo que el Código NNAs establece que la duración del proceso jurisdiccional desde la denuncia hasta la sentencia ejecutoriada dictada por la autoridad judicial no debería exceder los ocho meses. Respecto a la Policía, dijo que los efectivos del orden continúan vulnerando los derechos de los adolescentes al momento de las detenciones y también al interior de los penales.

"No se ha identificado ningún centro que trabaje procesos especializados de rehabilitación y/o reinserción, no existe especialización del personal para atender, por ejemplo, agresores sexuales o asesinos", manifestó. Del estudio realizado se identificó a seis centros que utilizan casas como infraestructura para la atención de esta población, sin tener los requerimientos o condiciones mínimas para garantizar un efectivo proceso de reinserción social, sumado a la falta de personal y presupuesto asignado para realizar terapias y procesos de reinserción.

Villena también remarcó que los administradores de justicia de los juzgados de la Niñez y Adolescencia, así como los abogados de la defensa pública no realizan visitas periódicas a los Centros de Detención preventiva; existe una ausencia de representantes de las Defensorías Municipales de Niñez y Adolescencia al momento de ser aprehendidos los adolescentes, siendo que el Código NNAs establece que todo adolescente con responsabilidad penal, deberá ser asistida por una abogada del Estado y por el equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

El Defensor recomendó al Ministerio de Justicia facilitar no solo información, sino mecanismos, herramientas y modelos a ser aplicados por las gobernaciones así como hacer el seguimiento a la definición de presupuestos reales que permitan implementar el sistema en toda su dimensión.

Asimismo, dijo que debe acompañar a los gobiernos departamentales en la construcción de proyectos referidos a adolescentes con responsabilidad penal que les permita por un lado implementar modelos de atención y por otro lado disponer de los recursos que requieren estos modelos; y dar un acompañamiento al proceso de especialización de jueces y fiscales para que pueda hacerse una revisión del estado de situación de todos los menores de 18 años privados de libertad a fin de garantizar celeridad y la determinación de medidas acordes al modelo restaurativo.

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